Dina Boluarte: con más pruebas amplían denuncia constitucional contra ministra

La congresista Norma Yarrow, de Avanza País, amplió el miércoles pasado la denuncia que presentó contra la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales, y por una presunta infracción a tres artículos de la Constitución.

Yarrow dirigió un oficio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en el que informa sobre nuevos hechos que, en su opinión, deben ser investigados.

La legisladora se refiere a una denuncia periodística de “Epicentro TV” que señala que Boluarte efectuó un trámite como representante legal del Club Departamental Apurímac en abril pasado para que la Municipalidad de Lima reactivara su licencia de funcionamiento en diferentes giros, entre ellos el de bar y restaurante.

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Boluarte reconoció que firmó documentos del club siendo ministra, pero aseguró que este no tiene fines de lucro.

En la ampliación de la denuncia, la parlamentaria Yarrow también recoge declaraciones del exalcalde de Lima Jorge Muñoz, quien aseguró que Boluarte lo llamó para que resolviera temas relacionados al club.

Muñoz dijo a Willax TV el pasado 29 de mayo que el club fue multado por no cumplir estándares para su funcionamiento y generar ruidos molestos, pero que la vicepresidenta y ministra quiso interceder para que no se aplicaran las multas y se subsanase la situación.

Además, según el exalcalde de Lima, Boluarte le habló de asuntos del club durante eventos protocolares del gobierno.

La ampliación de la denuncia reporta otros informes periodísticos vinculados al tema.

Se cae la moción

A iniciativa del legislador Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, se presentó ayer una moción de interpelación contra Boluarte por los mismos hechos, pero el documento quedó sin efecto horas después.

La moción contaba con 21 firmas, es decir, una más del mínimo requerido para ser presentada.

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Sin embargo, los congresistas Patricia Chirinos, de Avanza País, y Carlos Andersson, no agrupado, optaron por retirar sus rúbricas.

Anderson explicó a El Comercio que retrocedió en su decisión “por un tema táctico”: para no debilitar las denuncias presentadas ante la subcomisión.

Fuentes parlamentarias informaron que la decisión de Chirinos fue por similar motivo.

Las mismas fuentes añadieron que con una moción de interpelación y una posterior censura, Boluarte solo dejaría de ser ministra de Estado. En cambio, con una denuncia constitucional se podría lograr su inhabilitación de la función pública y dejaría de ser vicepresidenta de la República.

En diálogo con El Comercio, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi comentó que era innecesaria una moción de interpelación cuando ya se presentaron denuncias constitucionales.

“Nadie puede ser procesado o sancionado dos veces por un mismo hecho. Es un principio del derecho”, añadió Rospigliosi.

Por ello, si prosperaba la moción y una posterior censura como ministra, la defensa de Boluarte podría obtener un nuevo argumento para evitar una posible inhabilitación.

La moción era respaldada por legisladores de Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Alianza para el Progreso y no agrupados.