Secretaría técnica elaboró sus recomendaciones, las cuales deberán ser discutidas y/o aprobadas por el pleno de la Comisión de Ética. (Foto: (Anthony Niño de Guzmán/ GEC).
Secretaría técnica elaboró sus recomendaciones, las cuales deberán ser discutidas y/o aprobadas por el pleno de la Comisión de Ética. (Foto: (Anthony Niño de Guzmán/ GEC).
Alexander Villarroel Zurita

Periodista

alexander.villarroel@comercio.com.pe

Luego de más de 20 días desde su última sesión, la tiene previsto volverse a reunir este viernes y discutir cuatro informes de calificación respecto a indagaciones que inició el pasado 9 de julio. por parte de algunos parlamentarios, a pesar de ser de Lima y Callao, así como el en plena emergencia por el , están entre los temas a abordar.

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En el primer expediente están involucrados 23 legisladores. De acuerdo con el documento de trabajo elaborado por la secretaría técnica, al que accedió El Comercio, se concluye que no hubo una infracción el Código de Ética Parlamentaria del Congreso y, en consecuencia, el caso debería ser enviado al archivo definitivo.

La secretaría técnica de la comisión solicitó información a la Oficialía Mayor, quien a su vez respondió con el Informe Nº 016-2020-OLCC-OM-CR de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Allí se precisa que el acuerdo de Mesa Directiva en el que se sustenta que los gastos de instalación serán el equivalente a una remuneración mensual, no hace diferencia entre legisladores de Lima o de provincias.

“El acuerdo de Mesa Directiva no distingue la circunscripción electoral de procedencia, por lo que tienen el mismo derecho a cobrar gastos de instalación los parlamentarios electos por Lima, la provincia constitucional del Callao o por cualquier otro departamento del Perú”, se indica en el documento de trabajo.

“De la evaluación a los descargos efectuados por los congresistas denunciados, así como del oficio remitido por el Oficial Mayor, se puede concluir que no existe infracción al Código [de Ética]”, se agrega.

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Los congresistas a los que se abrió indagación preliminar por el cobro de este bono son: Mónica Saavedra, Walter Rivera y Paúl García, de la bancada de Acción Popular; Rocío Silva Santiesteban y Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio; Martha Chávez, Marcos Pichilingue, Carlos Mesía y Valeria Valer, del grupo parlamentario Fuerza Popular.

Asimismo, Carmen Omonte y Omar Chehade, de Alianza para el Progreso; Alcides Rayme, Wilmer Cayllahua, María Teresa Céspedes, Isaías Pineda, Richard Rubio y María Retamozo, de la bancada del Frepap; Orestes Sánchez, María Teresa Cabrera, Luis Castillo y Cecilia García, de Podemos Perú; así como José Vega (UPP) y Arlette Contreras (No agrupada).

La Comisión de Ética deberá decidir este viernes si es que se allana a la recomendación del informe técnico.

Vuelos no tan humanitarios

El caso que sí se recomienda a la comisión investigar es el de congresistas que usaron el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea hacia Cusco, el cual estaba destinado a los ciudadanos varados por la emergencia nacional por el COVID-19. Aquí están implicados los congresistas Rubén Pantoja (Unión por el Perú), Matilde Fernández (Somos Perú) y Juan de Dios Huamán (Frepap). En el vuelo incluso viajaron también algunos familiares e hijos.

De los tres legisladores, solo este último presentó sus descargos a la comisión. Desde el despacho de Pantoja aseguraron que se encontraba con licencia por enfermedad, en tanto Matilde Fernández simplemente no respondió, de acuerdo con el informe de la secretaría técnica.

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El congresista Juan de Dios Huamán admitió haber usado el vuelo humanitario, pero asegura que ello está dentro del marco de la legalidad.

“Dicho vuelo fue abordado debido a que no existía otro medio de transporte aéreo ni terrestre que haya permitido mi retorno a mi región donde provengo, asimismo dicho viaje fue motivado porque tenía previsto una reunión con el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Layo [...] y con el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Huayllati [...]. El viaje en el vuelo humanitario a la región del Cusco en fecha 21 de marzo del 2020 fue dentro del marco de la legalidad con la finalidad de realizar funciones re representación y fiscalización”, indicó el parlamentario a la comisión.

La secretaría determinó que “las labores de fiscalización”, para lo cual habría sido el viaje de los legisladores, no tienen el carácter de humanitario. Por ello, se recomienda iniciar la investigación correspondiente para el caso de los parlamentarios del Frepap y Somos Perú.

No se emite pronunciamiento por el caso de Rubén Pantoja debido a su licencia por enfermedad.

La farmacia

Otra caso que se recomienda investigar es el de la congresista Norma Alencastre (Somos Perú), quien, en plena emergencia nacional.

Pese a las imágenes, la parlamentaria aseguró en sus descargos, entre otras cosas, que “desde el año 2015 no tengo vínculo administrativo, ni laboral con el negocio de la cadena de Boticas Bazán”. Indica que solo se apersonó “para atender a un grupo de ciudadanos que me alcanzaron algunos de los requerimientos descritos”.

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“Es innegable que la congresista estuvo en la farmacia Bazán atendiendo a un grupo de ciudadanos que le alcanzaron algunos de los requerimientos descritos. Dicha atención se realizó en horario de funcionamiento del Congreso”, de refiere en el informe de calificación al que accedió El Comercio.

Luego se cita el artículo 92 de la Constitución, que precisamente es claro al señalar que “la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.

Es por ello que se recomienda declarar procedente la denuncia de oficio e iniciar la investigación correspondiente.

Reunión en plena cuarentena

Un tercer caso para el que se recomienda formalizar una investigación es el que involucra al congresista de Alianza para el Progreso, Marco Verde. El parlamentario fue captado en Oxapampa bebiendo licor y reunido junto a un grupo de personas, en pleno estado de emergencia por el COVID-19 y la inmovilización social obligatoria, establecido mediante decreto supremo.

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“Es fácil concluir que los parlamentarios tienen una obligación ineludible, con la institución [el Congreso] y la ciudadanía en general, de conducirse con un alto estándar de respeto a las normas, las instituciones, la sociedad civil y las reglas de la moral y las buenas costumbres, puesto que, en su condición de representante de la Nación, toda acción que realice podría ser tomada como ejemplo e incluso ser imitada”, se advierte en el documento.

La secretaría técnica recomienda que el caso se formalice en una investigación.

Cabe señalar que la Comisión de Ética que están pendientes de pronunciamiento.

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