Guido Aguila hizo uso de su derecho de defensa durante la sesión. (Foto: archivo GEC)
Guido Aguila hizo uso de su derecho de defensa durante la sesión. (Foto: archivo GEC)
Redacción EC

La Comisión Permanente aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda denunciar al exconsejero del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias o alternativamente, por el delito de patrocinio ilegal.

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La decisión se tomó por 22 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Además, se decidió que sea la congresista María Cristina Retamozo Lezama quien sustente este caso ante el pleno del Congreso de la República.

El de la Subcomisión indica, entre otras, cosas, que Aguila se acercó y solicitó a la Fiscal a cargo de la Carpeta Fiscal Nº 60-2016 que ayudara a su amigo Pedro Elmer Morales Gonzales, de quien incluso llegó a enviar vía WhatsApp su citación para una diligencia. El documento precisa que esto tuvo como objetivo obtener a cambio de beneficios futuros resumidos en la frase “las puertas estarán abiertas para lo que usted desee”.

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Durante la sesión, Aguila hizo uso de su derecho de defensa. Afirmó que el informe de la Subcomisión presenta inexactitudes y que no se ha probado la comisión de ninguno de los dos delitos que se le señalan.

En la misma sesión, la Comisión Permanente decidió que la denuncia constitucional 266, formulada contra el fiscal Supremo Pablo Sánchez, por la presunta comisión del delito de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.

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Archivan denuncias presentadas por el Ministerio Público

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivamiento de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación contra el exministro de Transportes, Bruno Giuffra, y el excongresista Clemente Flores.

En el caso de Giuffra, la acusación era por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, por haber negociado ilegalmente con legisladores de oposición su voto con relación al proceso de vacancia que afrontaba el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mientras que en el caso de Flores la fiscalía de Lambayeque le atribuía relación con organización criminal temerarios del crimen.

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