Desde la vacancia presidencial de noviembre y los agitados episodios que le siguieron, el Parlamento impulsó varios proyectos como aparente respuesta a la inestabilidad política y al rechazo ciudadano. (Foto: FRANCISCO NEYRA / GEC)
Desde la vacancia presidencial de noviembre y los agitados episodios que le siguieron, el Parlamento impulsó varios proyectos como aparente respuesta a la inestabilidad política y al rechazo ciudadano. (Foto: FRANCISCO NEYRA / GEC)
Ana Bazo Reisman

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En paralelo a las crisis políticas que se sucedieron los últimos 30 días tras la decisión del de declarar la por incapacidad moral permanente, diversos legisladores presentaron proyectos de ley relacionados con dicha coyuntura. Algunas iniciativas llegaron a mejor puerto, con su aprobación en comisiones y una próxima vista en el pleno. Otros, no pasaron del trámite en mesa de partes o de su apilamiento en grupos de trabajo.

Este último jueves, el pleno del Congreso debatió y aprobó el dictamen que ; una prerrogativa que había sido fuente de confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo en varias ocasiones.

Precisamente, esta semana se cumplió del país, con la recordada destitución de Martín Vizcarra, la sucesión breve y cuestionada de Manuel Merino, y el posterior ascenso de Francisco Sagasti como nuevo presidente de transición.

Durante este tiempo de tensión, integrantes y comisiones del Parlamento han impulsado distintos proyectos de ley en respuesta a los escenarios más notorios de las consecutivas polémicas. Aquí los repasamos.

ContextoCongreso
19/11/20
Fallo del Tribunal Constitucional que se sustrae de
la materia y no resuelve fondo sobre la interpretación
de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.
24/11/20
Comisión de Constitución predictaminó el desarrollo del concepto de incapacidad moral permanente dentro de la propuesta de reforma para el retorno del Senado. El 03/12/20, el grupo aprobó el texto para su elevación al pleno.
23/11/20
El presidente Sagasti anuncia la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía. Esto implicó la baja automática de 18 oficiales generales de mayor antigüedad. Los cuestionamientos empujaron la salida de dos ministros del Interior.
07/12/20
El congresista Jorge Vásquez, de AP, presentó un proyecto de ley para la reposición de efectivos cesados “inconstitucionalmente”. Al día siguiente, sin embargo, el legislador retiró la iniciativa. Según dijo, no tenía que ver con la coyuntura.
15/11/20
Tras cinco días en el cargo, Manuel Merino renunció a la presidencia de la República, empujado por la protesta social en su contra. El 21/11/20, se conoció que había solicitado que no se le reconozca el pago como congresista mientras ejerció la jefatura del Estado. De acuerdo con la Ley N°26519, que concede la pensión vitalicia para exmandatarios, a Merino le correspondería el beneficio.
25/11/20
La Comisión de Constitución aprobó un dictamen para eliminar el sueldo vitalicio de los expresidentes, mediante la derogación de la Ley N°26519.
12/11/20
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó al Poder Judicial que dictara impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las indagaciones sobre presuntos sobornos durante su gestión como gobernador en Moquegua. El pedido fue acogido el 13/11/20.
09/12/20
La Comisión de Constitución aprobó un texto de reforma a la Carta Magna para que los expresidentes no puedan dejar el país hasta por un año luego de dejar sus cargos.
30/11/20
Trabajadores del sector agroexportador inician protestas en Ica para exigir reconocimiento de derechos laborales y bloquean la carretera Panamericana Sur. Las manifestaciones continúan por varios días y se extienden al norte del país. El 03/12/20, día de la presentación del Gabinete Bermúdez para el voto de confianza en el Congreso, se registra la muerte de un joven en medio de las protestas en La Libertad.
03 y 04/12/20
El pleno del Congreso elimina el debate sobre la investidura al Gabinete Bermúdez y le otorga la confianza con 111 votos. Seguidamente, se debate y aprueba la derogación de la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario.


Sobre la vacancia presidencial

El último 9 de diciembre, el congresista de Acción Popular, Jorge Vásquez Becerra, presentó el , que “propone modificar el artículo 113 inciso 2 de la Constitución Política del Perú para una adecuada interpretación sobre las causales de vacancia del Presidente de la República”.

Con esta iniciativa, sugiere dejar el término “permanente incapacidad moral”, pero adiciona la condición “psíquica” (en el texto vigente solo se habla de permanente incapacidad moral o física). Además, propone que exista una comisión especial en el Congreso para debatir y votar el caso en una primera fase. En cuanto a la incapacidad psíquica o física, indica que una junta certificada de médicos debe establecer el diagnóstico en un plazo máximo de diez días.

La semana anterior, el 3 de diciembre, la Comisión de Constitución en el Congreso. Entre las decenas de modificaciones que la eventual reforma haría sobre la Constitución, está también el uso de la incapacidad moral permanente para la vacancia presidencial.

El texto propone que la condición sea declarada por voto de ambas cámaras y que corresponda con un delito doloso flagrante o con la acreditación objetiva de “una conducta pública que genera un notorio desequilibrio social por atentar contra los valores éticos comúnmente compartidos, que deterioran la dignidad presidencial y hacen insostenible la permanencia en el cargo”.

Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso con 105 votos el 9 de noviembre. (Foto: AP)
Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso con 105 votos el 9 de noviembre. (Foto: AP)

La condición de “incapacidad moral permanente” como causal para declarar la vacancia de un presidente no fue aclarada tras la destitución de Martín Vizcarra. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial del Ejecutivo el 19 de noviembre, pero concluyendo que hubo “sustracción de la materia” porque los hechos ya estaban consumados. De esa manera, el fondo de la controversia sobre la correcta interpretación del mecanismo no fue revisado.

El contexto de crisis en la Policía Nacional

La decisión del Gobierno de Francisco Sagasti de pasar al retiro a 18 oficiales generales y nombrar como comandante general de la Policía a César Cervantes Cárdenas -el más joven del escalafón de antigüedad- devino en una polémica que ha debilitado al Gabinete.

Desde que el Ejecutivo tomara la medida el pasado 23 de noviembre, tuvo que cambiar dos veces a su ministro del Interior: Rubén Vargas renunció el 2 de diciembre y Cluber Aliaga fue solicitado a renunciar a los cinco días. Los cuestionamientos no solo venían de la propia institución y de los policías cesados, sino también del Congreso.

Sagasti aprobó el pase a retiro de 18 oficiales generales de la Policía. En un mensaje a la Nación del 23 de noviembre, informó sobre la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la institución.
Sagasti aprobó el pase a retiro de 18 oficiales generales de la Policía. En un mensaje a la Nación del 23 de noviembre, informó sobre la designación de César Cervantes como nuevo comandante general de la institución.

El 7 de diciembre, el congresista Jorge Vásquez Becerra, de AP, tramitó una iniciativa que causó revuelo. Se trataba del , que proponía “autorizar la incorporación al servicio activo de todos los ex miembros de la Policía Nacional del Perú separados inconstitucionalmente de la función pública”.

Con la propuesta, se buscaba la creación de una comisión especial en el Ministerio del Interior que examine las solicitudes de reincorporación de ex efectivos cesados “inconstitucionalmente” en sus cargos y que aún estén dentro del límite de edad para seguir en la PNP.

Sin embargo, el propio parlamentario Vásquez retiró el proyecto al día siguiente. En su carta a Oficialía Mayor del Congreso, explicaba que preparó el texto “con mucha anterioridad”, que “no responde a la coyuntura del Mininter” y que “no pretende polarizar las opiniones”.

La eliminación de la pensión vitalicia de expresidentes

El 25 de noviembre, la Comisión de Constitución, que preside el congresista Omar Chehade, de los ex jefes de Estado. El texto se basa en 17 proyectos de ley acumulados de meses o hasta años anteriores. La mayor parte corresponde al actual Congreso, con iniciativas tramitadas entre mayo y octubre.

Actualmente, al amparo de la Ley N° 26519, todos los ex presidentes de la República tienen derecho a recibir una pensión equivalente a S/15.600; es decir, al salario básico de un congresista.

La ley que actualmente reconoce pensión vitalicia para expresidentes no distingue por duración en el cargo. Por tanto, a Manuel Merino -que estuvo cinco días al frente de un polémico gobierno- le correspondería el beneficio. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
La ley que actualmente reconoce pensión vitalicia para expresidentes no distingue por duración en el cargo. Por tanto, a Manuel Merino -que estuvo cinco días al frente de un polémico gobierno- le correspondería el beneficio. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

De ser aprobada la iniciativa en el pleno del Parlamento, la norma quedaría derogada y exmandatarios como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y hasta Manuel Merino (cuando termine su gestión de congresista) perderían acceso al beneficio. También lo perderían las viudas de los expresidentes Valentín Paniagua y Alan García, pues la ley vigente fija que, en caso de fallecimiento, se ceda la pensión al cónyuge sobreviviente y/o al hijo menor de edad.

, que fue dirigido a la presidenta del Congreso el 3 de diciembre y que aún no se ha agendado en sesión plenaria, establece que los exmandatarios solamente tengan derecho al mínimo resguardo policial por un periodo de dos años desde que dejan la presidencia.

Expresidentes obligados a no salir del país

El último miércoles, la Comisión de Constitución aprobó otro dictamen que obliga a todo expresidente a permanecer en el territorio nacional por el periodo rígido de un año desde que deja el mandato. El dictamen agrupa tres proyectos de ley que fueron tramitados desde diferentes bancadas. El primero es el , presentado por Alfredo Benites, congresista del Frepap, el 2 de octubre de este año.

El segundo es el , que tramitó la bancada del Partido Morado, el 21 de octubre de 2020. El tercero es el , presentado por Leonardo Inga, congresista de Acción Popular, el 27 de octubre de 2020. Por tratarse de una reforma de la Constitución a su artículo 112, el pleno tendría que votarla y aprobarla en dos legislaturas consecutivas.

Como se conoce, el impedimento de salida del país es solo dictado por el Poder Judicial, luego del pedido validado del Ministerio Público. Este procedimiento no distingue entre ex funcionarios u otros ciudadanos. El pasado 13 de noviembre, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Nacional a Martín Vizcarra. Actualmente, Vizcarra es investigado por, presuntamente, haber recibido sobornos en proyectos de infraestructura cuando era gobernador en Moquegua.

La derogatoria de la Ley Agraria tras las protestas de trabajadores

Con las continuas manifestaciones de trabajadores de empresas agroexportadoras en Ica y otras regiones del norte del país, además de la muerte de un ciudadano el 3 de diciembre en La Libertad, el pleno del Congreso derogó la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360).

Fueron 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones los que recibió el el último 4 de diciembre. La iniciativa de derogar la norma, de autoría del congresista Lenin Bazán (Frente Amplio), había sido presentada originalmente el 13 de julio de 2020.

A la iniciativa se sumó otra -el - del 2 de diciembre, con la firma del congresista Juan Carlos Oyola, de Acción Popular, y por parte de la legisladora Luz Cayguaray, del Frepap.

La derogatoria no fue observada por el presidente Sagasti, quien ya había dado su respaldo en mensaje a la Nación.

¿Compromiso real o reacciones apresuradas para el contexto?

En comunicación con El Comercio, el politólogo Paolo Sosa Villagarcía explicó que la oferta de proyectos de ley que se ajusta a cada episodio de coyuntura está sujeta a dos miradas críticas. La primera es que, al no existir un debate técnico lo suficientemente extenso en el tiempo, se cuestiona el compromiso sobre cambios sustantivos. La segunda es que se advierte un ánimo de reconstruir reputaciones en un Congreso saliente que, precisamente, carece de apoyo popular.

“Si fuera el caso de que se quiera hacer cambios sustantivos, tendríamos propuestas mucho más discutidas, con mayor debate, consenso y planificación técnica porque varias de las medidas pueden tener efectos colaterales no deseados. Hay un motivo efectista, que es de responder al cuestionamiento ciudadano y también al de los medios. La otra motivación tiene que ver con los votantes y cómo se les responde. No se piensa en la reelección porque, claro, la reelección inmediata para congresistas no existe, pero sí considero que se están tomando muy en cuenta los costos reputacionales de volver al llano o a la vida política en regiones”, refirió Sosa.

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