Congreso busca sancionar al Ejecutivo por no reglamentar leyes
Congreso busca sancionar al Ejecutivo por no reglamentar leyes

Los ex integrantes de la bancada nacionalista, hoy reunidos en el grupo denominado Dignidad y Democracia, han decidido fiscalizar al gobierno en todas las formas posibles. En esta línea, acaban de presentar un proyecto de ley que busca establecer responsabilidad política ante la falta de reglamentación de una norma en el plazo debido.

La iniciativa, presentada el pasado 31 de marzo, pretende modificar el artículo 13 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incluyendo el siguiente acápite: “El incumplimiento del plazo en la emisión del reglamento es causa de infracción a los artículos 45 y 118 inciso 8 de la Constitución, en cuyo caso la responsabilidad por infracción constitucional corresponde al titular del sector respectivo”. El proyecto ha sido elaborado por el legislador .

El parlamentario sustenta su proyecto en cifras: desde el 2005 hasta la fecha no se han reglamentado 58 leyes aprobadas por el Congreso. En 54 casos ya venció el plazo para hacerlo.

Es decir, 54 normas no pueden ser aplicadas correctamente por la inacción de organismos adscritos al Poder Ejecutivo que debieron trabajar el reglamento como disponen las leyes. Para el legislador Pari, la gravedad del hecho pasa porque en el imaginario popular una ley  rige a partir de su reglamentación.

“Lamentablemente, persiste el hecho de que el Poder Ejecutivo no cumple los plazos, lo que genera la suspicacia de que realiza la acción de reglamentación en función de conveniencias particulares y no del interés público”, acusó el congresista.

EN LISTA DE ESPERA
De las 54 leyes sin reglamentar hay casos que están a punto de cumplir diez años de espera. La Ley N° 28551, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de junio del 2005, buscaba establecer la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia para desastres y tenía un plazo de 120 días para ser reglamentada, algo que nunca ocurrió. Su importancia radica en la imposición de multas a las autoridades que no presenten o actualicen su plan de prevención.

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