Congreso: ¿Cuáles son las reglas para el debate del primer pleno virtual?

La Junta de Portavoces definió ayer las reglas de debate para el primer pleno virtual del periodo 2020-2021, que se realizará este jueves. Esta sesión plenaria se realizará con los 130 parlamentarios conectados a la plataforma Microsoft Teams, pero serán los voceros de las bancadas quienes trasladarán el voto nominal de sus respectivas bancadas.

Fue el Oficial Mayor quien brindó los detalles de las reglas de la sesión virtual, los cuales no varían mucho a los de una sesión presencial. Según relató el alto funcionario legislativo, cada punto de agenda tendrá un tiempo de debate, el cual será distribuido de manera proporcional entre las bancadas. Para los congresistas no agrupados, se otorgará un máximo de 2 minutos.

La sustentación de los presidentes de comisión será cinco minutos, al inicio y al final del debate. Los portavoces presentarán vía WhatsApp sus listas de oradores por cada tema, indicando cuánto tiempo del asignado usarán durante su intervención.

El debate sobre la observación presidencial a la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes, tendrá un debate de 62 minutos de duración. El mismo criterio se aplicará para los nueve proyectos pendientes de segunda votación del periodo 2016-2019, así como las cinco mociones que proponen la creación de una comisión encargada de la reforma integral del sistema de pensiones. Todos estos temas se encuentran agendados para la sesión de este jueves.

Mientras que para el debate en torno a la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia -pendiente desde hace más de seis meses- solo se asignó un tiempo de 28 minutos de duración. En este caso se decidió que cada portavoz tenga tres minutos de intervención, y los no agrupados solo un minuto. Mientras que las modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias, no tendrá debate.

“La presidencia [del Congreso], bajo ninguna circunstancia. otorgará ampliaciones de plazos de las intervenciones. No se otorgarán interrupciones. Luego de culminado el debate abrirá un receso de cinco minutos”, especificó el Oficial Mayor.

Para efecto de las votaciones, el portavoces remitirá nominalmente el voto de cada uno de los congresistas que integran su grupo parlamentario, según la última modificación que realizaron al reglamento interno.

Fuentes que participaron en la sesión de portavoces refirieron que la sesión del pleno se realizará con los 130 legisladores conectados a la plataforma Microsoft Teams.

Filtros congresales

En la Junta de Portavoces también se tocaron otros puntos, en busca de ampliar la agenda que ya se había aprobado la semana pasada. Uno de estos fue el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para el deshacinamiento de los penales como medida frente al coronavirus (COVID-19), pues existía la posibilidad de que sea exonerado de trámite y pase directamente al debate del pleno.

Sin embargo, los portavoces -por unanimidad- acordaron que esta iniciativa pase a comisiones para su respectivo estudio. La semana pasada, los mismos voceros acordaron mandar a comisión el proyecto del gobierno que proponía la conformación de una comisión para la reforma integral del sistema de pensiones.

Lo que sí se incluyó a la agenda fue un proyecto de la bancada del Frepap que plantea reconocer la labor de los policías y del personal de salud en la actual pandemia del coronavirus.

También se incluyó un proyecto de Acción Popular respecto a la obligación de los congresistas para presentar declaración juradas de intereses. El Decreto de Urgencia 020-2019, publicado el 05 de diciembre de 2019, establece que el encargado de custodiar la información es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La iniciativa acciopopulista propone que el recaudo de las declaraciones juradas de intereses pase a manos del propio Parlamento.

Debate previo

La sesión de los voceros parlamentarios -tanto titulares como alternos- arrancó pasado el mediodía con el debate sobre la comisión especial que se encargará de la revisión de la reforma integral del sistema de pensiones. Hay cinco mociones que han sido incluidas en la agenda del pleno, pero se requiere un acuerdo previo respecto a la conformación del grupo.

No se llegó a ningún acuerdo inicial en dicha discusión, la cual fue interrumpida por el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), quien anunció que dos ministros habían pedido participar en la sesión virtual. Se trataba de los ministros María Antonieta Alva (Economía) y Carlos Lozada (Transportes), quienes sustentaron la oposición del gobierno a la norma aprobada por el Congreso que suspende el cobro de los peajes administrados por concesionarios privados.

La autógrafa de dicha norma fue observada formalmente por el presidente Martín Vizcarra, el pasado miércoles 29 de abril. Un día después, la Junta de Portavoces se reunión -de manera virtual- y decidió exonerar dicha observación del trámite regular de comisiones e ingresarlo directamente a la agenda del pleno para debatir su insistencia.

Para dicha insistencia, se requieren 66 votos. La única bancada que se ha pronunciado en contra es la del Partido Morado, y su portavoz Francisco Sagasti (Lima) intervino durante el debate para explicar cómo los concesionarios se perjudican y el Estado peruano deberá asumir costos de “carísimos arbitrajes”.

El artículo 62 de la Constitución Política del Perú señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. “Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley”, especifica el acápite de la Carta Magna.

Esto fue reforzado por la ministra Alva, según refirieron fuentes que participaron de la reunión. La titular advirtió que la norma generaría un perjuicio al Estado por los arbitrajes que podrían interponer los concesionarios privados de los peajes. Mientras que el ministro Lozada sostuvo que, ante una suspensión del cobro de peajes sin compensación, los concesionarios podrían dejar de cumplir con sus obligaciones de operación (atención de emergencias) y conservación (bacheos, renovación de pavimento).

“El concesionario podría dejar de cumplir con sus obligaciones de inversión lo que traería pérdidas sociales, en por ejemplo, tiempos de viajes y seguridad social”, alegó tras precisar que los concesionarios podrían reclamar lucro cesante, daño emergente y/o daño moral.

Tras la presentación de los ministros, se dio una ronda de preguntas de los congresistas. Las fuentes consultadas refirieron que no solo los ministros respondían las dudas de los voceros, sino que el propio portavoz morado Francisco Sagasti se sumó a las explicaciones oficialistas.

Otros voceros como Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) recordaron que el Poder Ejecutivo inició acciones contra los concesionarios privados en enero de 2020, y logró que se cambien los términos de los contratos y se bajen los peajes. “Entones, si lo hacen ustedes, está bien y lo debemos aplaudir, pero si lo aprueba el Congreso, ¿está mal?”, cuestionó el portavoz fujimorista, según las fuentes consultadas. La ministra Alva dijo que eso dio a raíz de que un fiscal que pidió una medida cautelar y por eso. el tema de encuentra en arbitraje.

Pese a estos argumentos oficialistas esbozados, al finalizar de este diálogo, la posición legislativa mayoritaria se mantenía a favor de la insistencia. El presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió a la representación “pensar bien" el tema.

El pleno volverá a sesionar después más de un mes. La última vez que se reunieron -de manera presencial- fue el viernes 3 de abril cuando se aprobó la norma que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).