Congreso: la larga lista de escándalos, investigaciones y denuncias contra los legisladores

Entre las polémicas que han protagonizado los parlamentarios figuran casos de presunta corrupción, violencia familiar, audios comprometedores e incluso agresiones en la propia sede del Poder Legislativo. ¿Quiénes son los congresistas involucrados en controversias?

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Betssy Chávez (Perú Democrático)

Golpe de Estado y otros casos

La congresista y ex primera ministra, Betssy Chávez, es investigada por la fiscalía por el golpe de Estado que dio Pedro Castillo. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, ella, Aníbal Torres y Castillo “acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”.

La fiscalía sustenta su postura en diversos testimonios del aquel 7 de diciembre, uno de ellos es el de periodista Cinthia Malpartida, enviada ese día por TV Perú a Palacio de Gobierno.

Según la reportera del canal del Estado, Chávez señaló que concretaría los anuncios de Castillo Terrones mediante decretos supremos.

Además, el pasado domingo 5 de marzo, se difundieron imágenes que evidenciarían la participación de Chávez Chino en los momentos previos y posteriores al golpe de Estado. Ello, pese a que la exministra negó el pasado 30 de enero ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje que leyó Castillo ese 7 de diciembre.

El último lunes 13 de marzo, la subcomisión aprobó denunciarla y suspenderla.

No es la única carpeta fiscal en su contra. Tal como lo informó El Comercio, la fiscalía de la Nación también inició una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. Esto tras revelarse que Chávez compró al contado, en agosto de 2022, un inmueble por S/136,500 en la asociación Villa El Pacífico, en Tacna.

También es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado por el presunto favorecimiento a la familia de su pareja sentimental Abel Sotelo.

La ex titular de la PCM negó la relación con Sotelo. Sin embargo, El Comercio accedió a un video de la celebración del cumpleaños de Chávez Chino -en junio pasado- rodeada de su entorno más cercano. Ahí muy atento, Sotelo sostiene la torta mientras le cantan el tradicional cumpleaños feliz, incluso al final se dan un beso.

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Además, el domingo 12 de marzo, la exjefa del Gabinete sumó una denuncia más: cobrar asignaciones por más de S/15.000 al Parlamento cuando era ministra.

Según informó “Panorama”, Chávez Chino recibió en dos oportunidades la asignación por la función congresal. Por ejemplo, en octubre de 2021 fue la primera vez que se embolsó ese dinero, a pesar de que había jurado como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, tras el ingreso de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La legisladora de izquierda hizo lo mismo en agosto de 2022, cuando retornó al Gabinete Ministerial, tras haber sido censurada por el Congreso, pero esta vez al sector Cultura.

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Roberto Sánchez (Cambio Democrático)

Investigado por obstrucción de la justicia y rebelión

El exministro y congresista de Juntos por el Perú - Cambio Democrático Roberto Sánchez es investigado, junto con Betssy Chávez y Willy Huerta por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por su papel en el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo , el 7 de diciembre pasado.

Además, fue incluido en noviembre pasado en la investigación preliminar contra el vacado expresidente por presunta organización criminal, como supuesto autor del delito de obstrucción a la justicia.

La decisión responde a que un colaborador eficaz de la fiscalía aseguró que Sánchez había prometido a Bruno Pacheco, ex secretario general de la presidencia, que entregaría S/8.000 mensuales a la esposa de este a cambio de que no testificara ni aportara pruebas contra el mandatario.

Según la versión del colaborador, Pacheco le reclamó a Beder Camacho, ex subsecretario de la presidencia, que Sánchez no cumplía su palabra, pero cuando este último fue avisado de esa protesta, luego de una sesión del Consejo de Ministros, respondió que sí se estaba entregando el dinero.

El extitular del Mincetur también fue incluido en las investigaciones del Ministerio Público por el golpe de Estado perpetrado en diciembre por el expresidente Pedro Castillo.

El lunes, casi tres meses del golpe de Estado perpetrado por Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó denunciar, por rebelión y conspiración, a Sánchez y la ex primera ministra y legisladora de Perú Democrático Betssy Chávez. Asimismo, suspenderlos de sus funciones lo que duren las pesquisas en su contra.

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'Los Niños'

De AP y el Bloque Magisterial

El caso vio la luz en febrero de 2022, cuando la colaboradora eficaz Karelim López reveló la presunta existencia de un grupo de legisladores de Acción Popular que pactaron apoyar al gobierno de Pedro Castillo a cambio de supuestos beneficios ilícitos. Según declaró la empresaria ante la fiscalía, se les apodó ‘Los Niños’ por su obediencia al entonces mandatario.

En mayo, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares contra seis legisladores: Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi e Ilich López. El caso también fue abordado por la Comisión de Fiscalización, que tras recibir una declaración de López en abril, remitió la lista de los supuestos ‘Niños’ a la Comisión de Ética.

Así, este grupo aprobó investigar a ‘Los Niños’. Luego de un largo proceso, en octubre el grupo presidido por Karol Paredes (Acción Popular) dio luz verde a la sanción con 120 días de suspensión, sin goce de haber, a Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, pero no al resto. Ambos legisladores rechazaron lo decidido por Ética, pero su caso ya había pasado a depender exclusivamente del pleno (que aún no pone el expediente en agenda).

Más 'Niños'

En enero pasado, El Comercio reveló que cerca de 20 congresistas del Bloque Magisterial, Acción Popular (AP) y Perú Libre (PL) fueron incluidos por la Fiscalía de la Nación en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Los otros ‘Niños’

Además, según consta en una disposición de la Fiscalía de la Nación a la que accedió El Comercio, seis de los 9 congresistas de la bancada del Bloque Magisterial y una legisladora no agrupada están investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, también como parte de este caso.

Se trata de Pasión Dávila, Katy Ugarte (ex integrante de esta agrupación), Francis Paredes, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Adolfo Tacuri y Paul Gutiérrez. El último es el actual vocero de la bancada y el primero es uno de los más frecuentes visitantes del expresidente desde que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

El punto de partida de las pesquisas es la reunión que todos ellos tuvieron con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 29 de diciembre del 2021. Allí, según un aspirante a colaborador eficaz, se le dijo al asesor Eder Vitón que le llevarían “propuestas” al presidente y este refirió que les había prometido que “iban a manejar las oficinas públicas descentralizadas”.

En la misma disposición se da cuenta que, tal como informó El Comercio, al menos tres (Katy Ugarte, Francis Paredes y Pasión Dávila) entregaron sus recomendaciones mediante USB. A pesar de que la inclusión de los legisladores en este caso y la presunta colocación en cargos de sus recomendados se conoce desde inicios de enero, hasta el momento no hay registro de algún proceso interno en el Congreso al respecto.

Luis Cordero (Fuerza Popular)

Involucrado en trama de espionaje y denunciado por agresión a su expareja

El parlamentario Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) ha sido involucrado en el caso de “El Español” y una supuesta trama de espionaje a los opositores del entonces gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo a testimonio de un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”, Cordero habría sido cercano a Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, a quien se le imputa ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como objetivo “intimidar y atentar contra la integridad física” de los funcionarios” del Ministerio Público y de la Policía, así como de periodistas y colaboradores eficaces que brindaban información sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno de Castillo.

Otra polémica. En noviembre de 2021, el parlamentario de Fuerza Popular fue acusado de supuestamente golpear a su expareja durante un hecho ocurrido en Miraflores la madrugada del 4 de enero del 2014.

El programa “Panorama” indicó que, de acuerdo con el parte policial, una mujer gritaba y pedía auxilio debido a que era agredida por un hombre en el cruce de la avenida Jorge Chávez y la calle Berlín. Varios meses después de conocerse la denuncia, la Comisión de Ética aprobó sancionarlo con una suspensión de 60 días sin goce de haber. La sanción debe se refrendada por el pleno. No obstante, el tema no se pone en agenda desde mayo pasado.

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Freddy Díaz (APP)

Denuncia por violación y desafuero

A fines de julio de 2022, el entonces congresista de Alianza para el Progreso Freddy Díaz Monago fue denunciado por una trabajadora del Parlamento por el presunto delito de violación sexual. De acuerdo con la víctima, el hecho ocurrió en una de las oficinas del Congreso ubicada en el Jirón Azángaro, en el Centro de Lima.

La denunciante agregó que fue auxiliada por un amigo, que acudió a la oficina congresal junto con un efectivo de la policía. Asimismo, indicó que se encontraba mareada y desorientada. De acuerdo con el parte policial, al que accedió El Comercio, la víctima acudió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para dar cuenta de lo ocurrido.

Luego, se presentó ante la comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima, acompañada de funcionarios de ese ministerio para presentar la denuncia y pasar por los exámenes correspondientes. Tras conocerse el caso, APP lo expulsó de sus filas.

En septiembre, más de un mes después de la grave acusación en contra del legislador, el pleno del Congreso aprobó suspenderlo 120 días goce de haber. En enero, tras un lento proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y un criticado blindaje en primera votación, la representación nacional lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública.

Tras su salida, la bancada APP ganó una nueva parlamentaria. Se trata Nelcy Heidinger, quien quedó detrás de Díaz Monago por 3000 votos en la región Pasco, según el acta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Actualmente, Díaz Monago cumple en el Penal de Lurigancho los nueve meses de prisión preventiva que le dictó el Poder Judicial.

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Wilmar Elera (Somos Perú)

Condenado por colusión agravada

Elera empezaba funciones como tercer vicepresidente del Congreso cuando fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada. Este hecho derivó en su renuncia a la Mesa Directiva del Congreso, por lo que fue reemplazado.

El caso data de año 2012, cuando Elera participó como supervisor de una obra de mejoramiento de agua potable en Ayabaca (Piura). La obra fue paralizada y un arbitraje determinó una indemnización de más de S/1 millón a favor del contratista.

Pese a la sentencia y permenecer en la clandestinidad, Elera permanecía en el cargo de congresista. Cinco meses después, cuando el Poder Judicial ratificó la condena, la Mesa Directiva del Poder Legislativo acordó autorizar al presidente del Congreso, José Williams, para que emita la resolución en la cual se declaraba su vacancia. En su reemplazo ingresó José Pazo Nunura.

Pasión Dávila (Bloque Magisterial)

Agresión a colega y otros casos

En diciembre de 2022, el legislador del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, agredió por la espalda, y de manera violenta, a su colega Juan Burgos (no agrupado) luego de que se suspendiera la sesión del pleno en la que se tenía previsto debatir el documento enviado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre el inicio de diligencias contra el expresidente Pedro Castillo a causa del golpe de Estado.

Las cámaras presentes en el Hemiciclo dieron cuenta del momento en el que Dávila va hacia el escaño de Burgos y, cuando estaba de espaldas, le propina un duro golpe en el rostro.

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Dávila fue suspendido por el pleno durante 120 días sin goce de haber. Posteriormente, el sancionado legislador fue visto en Argentina en una reunión convocada por Evo Morales, a la que llamaron la Celac Social.

Dávila utilizó el espacio para hacer afirmaciones falsas e imprecisas sobre la crisis en el Perú, pedir la liberación de Pedro Castillo y el cierre del Congreso.

Posteriormente, fue captado en México acompañando a la exprimera dama Lilia Paredes a una reunión con el mandatario de dicho país, Andrés Manuel López Obrador.

Magaly Ruiz (APP)

Acusada de apropiarse del salario de sus trabajadores

El domingo 5 de marzo, “Punto Final” difundió el testimonio del comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Poder Legislativo, quien afirmó haber abonado una suma de S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la entonces parlamentaria de APP Magaly Ruiz.

También afirmó que Johnny Romero, asesor principal de la legisladora, era el responsable de cobrar los supuestos cupos, argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos de la campaña electoral 2021. Según diversos chats a los que accedió el programa dominical, la congresista estaba al tanto de la situación.

Tras conocerse el caso, la parlamentaria indicó que me sometería “a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. Posteriormente, anunció que pidió su licencia de la bancada de APP.

Asimismo, en diálogo con la prensa, cuestionó que el extrabajador hiciera la denuncia un año después de que supuestamente ocurrieran los hechos. “Lo está haciendo por un tema de trabajo, no voy a permitir que manche honras”. Ruiz evitó responder si retiraría a su asesor principal.

En tanto, APP adelantó mediante un comunicado publicado en Twitter que investigaría a Ruiz. En diálogo con El Comercio, Luis Valdez, secretario general de dicho partido, indicó que era probable que la organización política suspendiera la militancia de la legisladora hasta que los hechos se esclarezcan.

Valdez remarcó que el caso ya estaba en manos del Comité Político Nacional “para su análisis, deliberación y decisión”.

Por otro lado, la bancada de APP dio a conocer que retiró a Ruiz de las comisiones de Ética Parlamentaria y de Protección a la Infancia. Además, a través de un comunicado, exhortó a la legisladora a pronunciarse a la brevedad ante la ciudadanía y esclarecer los hechos denunciados.

Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial)

Visitantes ganaron órdenes de servicio

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que seis visitantes del despacho del congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) ganaron contratos en diversas carteras durante la gestión de Pedro Castillo. Según el informe de este Diario, se trata de empresarios y personas naturales de Apurímac, la región de dicho legislador.

Tras la denuncia, Gutiérrez negó haber interferido en las contrataciones de funcionarios en el Ejecutivo. “El hecho de que algunas personas hayan adquirido contratos con los ministerios y han visitado mi despacho es totalmente irresponsable aseverar que fue con mi intervención. Con esta información lo que se pretende es hacer creer que yo intervine para la designación de dichos contratos, lo cual debo rechazar”, dijo a El Comercio.

El pasado 14 de febrero, mientras los integrantes de la Comisión de Salud y Población del Congreso sesionaban, el audio del parlamentario y vocero del Bloque Magisterial se encendió y se le escuchó coordinar con un tercero. “Qué pasa, señor empresario... Suficiente con usted, un almuerzo para empezar, y en la tarde una cena”, se escuchó decir a Gutiérrez antes de que la presidenta de la comisión, Elva Julón (Alianza para el Progreso), le pidiera apagar su micrófono.

El 25 de julio de 2022, el juez John Pillaca Valdez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó comparecencia con restricciones contra los congresistas Guido Bellido (Perú Libre) y Guillermo Bermejo así como contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón por un caso de presunta afiliación al terrorismo.

Según se informó, ellos deberán acatar diversas reglas de conducta, como concurrir ante las autoridades judiciales o fiscales cuando sean citados, firmar un libro de registros de manera mensual, no comunicarse con el testigo del caso Eddy Villarroel Medina (conocido como ‘Sacha’), pagar una caución de S/ 5 mil cada uno, entre otras.

Además, en 2021, Guido Bellido fue señalado por Patricia Chirinos (Avanza País) de haberla agredido verbalmente antes de asumir el cargo de congresista, cuando había acudido a pedir que le asignen la oficina que usó su padre en el Poder Legislativo.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. “Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, relató Chirinos a RPP.

Aunque Bellido había solicitado, vía carta notarial, que Chirinos se rectifique de la denuncia hecha en su contra por acoso político, retrocedió en la decisión. “Será la Comisión de Ética del Congreso quien llevará a cabo un proceso de investigación. Con respecto a estos canales, preferiría que sean estos canales donde se pueda ahondar y conocer la verdad del suceso en cuestión”, dijo Bellido.

Una vez visto el caso en el referido grupo de trabajo, un informe de la Secretaría Técnica recomendó en noviembre del año pasado declarar procedente la denuncia contra Bellido. En enero, la denuncia fue archivada con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 en abstención. Según el informe, no se pudo comprobar si existió dicha agresión, pues los testigos refirieron no recordar exactamente el hecho. Además, se señala que no se pudo escuchar la frase que configura la agresión.

A inicios de este año, El Comercio reveló que la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó que el congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) sea sometido a un nuevo juicio oral por el presunto delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

El tribunal anuló la sentencia que absolvió al parlamentario y dispuso que un nuevo tribunal superior realice el juicio oral y emita un pronunciamiento sobre la acusación en su contra.

En 2022, la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria absolvió a Bermejo al indicar que por “insuficiencia de pruebas” debía prevalecer su derecho de presunción de inocencia. Sin embargo, la Corte Suprema anuló dicho fallo y ordenó un nuevo juicio.

El Ministerio Público había solicitado 20 años de cárcel para el congresista, S/100 mil como reparación civil y la inhabilitación para ejercer cargo público. Tres colaboradores eficaces señalaron al congresista Bermejo como el “Camarada Che”.

Además, según reportes policiales, Bermejo y otros parlamentarios habrían estado detrás de las violentas protestas en diversas regiones del país ocurridas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Enrique Wong (No agrupado)

Caso Enapu

“Panorama” reveló, en marzo del 2022, que Enrique Wong, entonces segundo vicepresidente del Congreso tuvo varias reuniones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del prófugo Juan Silva Villegas, para proponer y asegurar la colocación de su asesor Manuel Talavera en la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

El caso llevó directamente a Enrique Wong a la Comisión de Ética por posible tráfico de influencias. Al verse con la soga en el cuello, el parlamentario habría orquestado todo un plan para limpiar su imagen.

El congresista, con el video grabado, lo llevó a Comisión de Ética como su prueba salvadora, pero dicho grupo de trabajo decidió que su alegato y prueba eran extemporáneos. En agosto del 2022 se aprobó por mayoría suspender 120 días al integrante de Podemos Perú. Todavía está pendiente de pasar al pleno.

Posteriormente, Víctor Castillo Ríos, dirigente del sindicato de Enapu, denunció que fue retenido en el despacho de Wong para obligarlo a grabar dicho video.

El parlamentario renunció recientemente a la bancada de Podemos Perú.

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) jaloneó en el pleno del 11 de agosto pasado a su colega Isabel Cortez (Cambio Democrático) durante una discusión que tuvieron en el hemiciclo.

El caso llegó hasta la Comisión de Ética, que aprobó sancionarla con una “recomendación pública”.

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Meses atrás, fue grabada hablando sobre el escenario de una vacancia presidencial de Pedro Castillo, así como una convocatoria a elecciones.

Esta grabación habría sido hecha entre setiembre y octubre del 2021. Alva dijo desconocer quién podría ser el autor del audio, aunque confirmó la filtración y dijo que, con ello, se quería “desviar la atención” del caso de corrupción que por esos días involucraba al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

“Panorama” reveló que al menos cuatro congresistas pasaron el año nuevo en diversas regiones del país con pasajes pagados por el Parlamento, entre ellos figura Rosangella Barbarán.

Aunque Barbarán es representante por Lima, el Congreso le pagó pasajes a Cajamarca, donde ahora reside su pareja, según reconoció en diálogo con el programa dominical.

Posteriormente, en un comunicado publicado en sus redes sociales, la parlamentaria manifestó que viajó a Cajamarca a cumplir con diferentes actividades y llevó a su hija, cuya compra del boleto de avión fue cubierta por ella y no con el dinero del Estado.

“Sobre el reportaje en mi caso, viajé a Cajamarca como a otras regiones a cumplir con diferentes actividades y llevé a mi pequeña hija, cuya compra de boleto de avión fue cubierta íntegramente por mis fondos personales y no del Estado. Además estuve en Lima los días feriados, en la juramentación de los alcaldes de Lima y Surco los días 1 y 2 de enero, respectivamente”, señaló

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Héctor Valer (Somos Perú)

Detenido tras ser declarado reo contumaz

El congresista Héctor Valer (Somos Perú), quien fue durante cuatro días presidente del Consejo de Ministros, fue detenido el 7 de junio por mandato judicial debido a una orden de requisitoria por el presunto delito de contaminación ambiental, que tiene una pena de seis años de cárcel.

El Poder Judicial informó que la detención se dio porque fue declarado reo contumaz al no asistir a la audiencia de inicio oral del caso, el pasado 3 de mayo, pese a haber sido notificado debidamente, informaron a través de Twitter.

La Policía Nacional envió un oficio a la Presidencia del Congreso para comunicar esta detención. Según el congresista, no fue notificado por las autoridades sobre este medida, que se dio mientras se reunía con el exministro del Interior Dimitri Senmache.

Un día después, Valer fue dejado en libertad por una jueza en Pucallpa, a donde había sido trasladado por la Policía Nacional hasta la sede del Primer Juzgado Unipersonal (Ucayali), donde rindió su testimonio. Luego de esta declaración, fue liberado.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali solicita cuatro años de prisión suspendida, bajo reglas de conducta, y cien días multa para Valer. El 2017, cuando el congresistas representaba a una empresa que administraba el camal municipal de Coronel Portillo, se habrían cometido irregularidades que causaron el vertimiento de sustancias tóxicas en un riachuelo de la zona.

“La citación es de mayo del 2022 a una dirección equivocada. En principio citaron a la provincia de Huaral, donde hace muchos años no vivo. Luego, al distrito de San Borja, donde tampoco vivo. Y en la tercera oportunidad volvieron a citar al mismo lugar. Nunca tuve un abogado, pusieron un abogado de oficio que no supo defender los derechos de un ciudadano”, declaró Valer el 8 de junio, luego de ser liberado.

El congresista de Perú Democrático también es acusado por el presunto de colusión por obtener la administración del referido camal de manera ilegal.

Además, en febrero de 2022, poco después de haber jurado como primer ministro, se conoció que en 2017 fue denunciado por su esposa y su hija por violencia familiar. Tras conocerse el caso, diversas voces desde el Congreso y otras instituciones cuestionaron su idoneidad para encabezar el Gabinete Ministerial.

Eduardo Castillo

Denunciado por violencia familiar

El último fin de semana se conoció que el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la cónyuge del congresista de Fuerza Popular, luego que ella lo acusara de violencia familiar ante una comisaría en Piura. Dicha denuncia data del pasado 23 de febrero.

En esa ocasión, la víctima dijo que fue objeto de violencia psicológica luego de haber recibido mensajes de WhatsApp de Castillo Rivas, con quien tiene una hija menor de edad.

También señaló que esa no era la primera vez que sufría ataques de este tipo, en un contexto en el que se encuentran en un proceso de divorcio y conciliación para determinar la tenencia y régimen de visitas de su hija, así como pensión por alimentos.

La cónyuge del legislador adjuntó en su acusación un informe psicológico que concluye que sufre de tensión, enojo, temor y preocupación al estar expuesta a este tipo de violencia.

En respuesta, Eduardo Castillo aseguró que la acusación fue una mentira y que había un acuerdo previo verbal para una separación convencional con un acta de conciliación, el cual habría sido irrespetado por su cónyuge.

La magistrada que evaluó el caso tomó la decisión tras revisar conversaciones por WhatsApp que demostrarían que el congresista usó aspectos económicos para “causar sufrimiento a la agraviada, controlarla y conseguir con ello la firma del acuerdo de conciliación”.

Jorge Montoya

Polémicas declaraciones

Tras revelarse que el Congreso gastaba una gran suma de dinero en el servicio de bufet para los parlamentarios, Jorge Montoya arremetió contra los periodistas que le consultaron por dicho tema. “Lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa seguramente”, exclamó.

“Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto: ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, expresó a canal N.

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Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

Sesionó desde la playa

Guerra García fue cuestionado por participar desde la playa en una sesión de comisión. El congresista lamentó “que se haya prendido la cámara” y agregó que había programado un viaje familiar para esas fechas, pues esperaba que no se extiendan las labores parlamentarias. Sin embargo, admitió que no había solicitado licencia.

“Yo no me ido de vacaciones, he buscado salir, yo he buscado salir y cuando me ponen estas comisiones he dicho “tendré que pedir licencia y tendré que trabajar”, y eso es lo que voy a hacer, voy a pedir licencia como me ha pasado antes. Hasta ahora no pido licencia porque yo no había planeado que tenía que trabajar”, dijo a RPP.

Tras lo ocurrido, el legislador dijo al pleno del Congreso que cometió un error al pretender “hacerlo todo” por haber participado de una sesión de comisión desde un balneario del norte del país al que viajó con su familia.

El caso llegó a la Comisión de Ética del Congreso, pero la denuncia de oficio fue rechazada y no logró ser admitida. El grupo de trabajo parlamentario, presidido por Karol Paredes (Acción Popular), decidió no iniciar el proceso de denuncia y archivarlo con 9 votos en contra, 5 a favor y cero abstenciones.

Votaron a favor: María Agüero, Flavio Cruz, Kelly Portalatino, Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Elías Varas (Perú Bicentenario).

Votaron en contra: Carlos Anderson (no agrupado), Diego Bazán (Avanza País), Luis Alegría (Fuerza Popular), Jorge Morante (Fuerza Popular), Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular), Javier Padilla (Avanza País), Hitler Saavedra (Somos Perú), Luis Aragón (Acción Popular) e Isabel Cortez (Cambio Democrático).