Manuel Merino no votó, sus tres vicepresidentes sí lo hicieron. (Foto: Congreso)
Manuel Merino no votó, sus tres vicepresidentes sí lo hicieron. (Foto: Congreso)
Martin Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

En su tercera sesión plenaria presencial, el Congreso aprobó la norma que habilita el retiro del 25% -con un tope de S/12.900- de los fondos de las . La sesión esconde una serie de gestos, demoras y aliados inesperados que se dieron tras bambalinas y que este Diario ha podido reconstruir a través de conversaciones con distintos congresistas que participaron en el debate de la jornada que duró 11 horas.

La sesión plenaria -como continúa siendo costumbre- inició con más de una hora de retraso. Fue convocada para el mediodía y recién a la 1:14 p.m. se terminó de pasar lista. El tablero electrónico arrojó que eran 110 legisladores presentes y el presidente del Parlamento, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes) -sin mascarilla, ni guantes de protección- empezó la sesión con una suerte de plegaria.

“En nombre de la Mesa Directiva queremos iniciar esta sesión, en primer lugar, pidiéndole al todopoderoso, al señor nuestro Dios, nos ilumine, nos dé la fortaleza necesaria. Proteja a los trabajadores, a los congresistas que han venido a esta sesión presencial, en un tema que es de mucha responsabilidad. En ese sentido, a nuestro Dios nos dé la capacidad de diserción [sic] y tener la capacidad de hacer las cosas que nos correspondan”, fueron las palabras de introducción de Merino.

Inmediatamente después, Merino cogió un papel y lo leyó. Era el anuncio de que la Mesa Directiva donaría el 50% de su sueldo en el marco de la emergencia producida por el COVID-19. La decisión se había tomado dos minutos antes del arranque de la sesión a propuesta de uno de los vicepresidentes, quien escribió en un papel el anuncio para que Merino lo leyera. Tras ello, Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), el segundo vicepresidente, recorrió los escaños en busca de otros colaboradores.

El instante cuando Manuel Merino, presidente del Congreso, deja a un costado el papel donde uno de sus vicepresidentes había escrito, unos minutos antes, la propuesta para donar el 50% de sus salarios.
El instante cuando Manuel Merino, presidente del Congreso, deja a un costado el papel donde uno de sus vicepresidentes había escrito, unos minutos antes, la propuesta para donar el 50% de sus salarios.

El orden de los factores sí altera el producto

Todos los congresistas querían arrancar con el debate de las AFP, pero la Mesa Directiva no les dio el gusto. El orden final fue el siguiente: el control concurrente, la suspensión del cobro de pajes y, de plato de fondo, el retiro del 25% de los fondos de las AFP.

En un principio, se planteó que las AFP vayan al medio, y los peajes para el último. “Manuel [Merino] nos dijo que, para que no haya suspicacia, mejor sea vea las AFP al final. Además se dijo que lo de las AFP fue al último porque iba a tener muchas intervenciones y podría dejar de lado a los demás temas”, explicó uno de los voceros parlamentarios consultados.

Pero existía preocupación en otras bancadas desde días previos por una posible postergación del debate. “El acuerdo inicial era que lo de las AFP fuera primer el primer punto y se pasó al final ese mismo día. Había pánico desde el día anterior cuando nos dicen que [el pleno] será presencial. El acuerdo del miércoles era que fuera virtual y con voceros llevando el voto nominal de su bancada, pero el jueves cambiaron y lo sentimos como boicot. Tuvimos que convocar congresistas que estaban en sus regiones y fue complicado, algunos no llegaron”, refirió otro legislador consultado, de Alianza para el Progreso. En el tablero electrónico, al inicio de la sesión, 20 legisladores figuraban como ausentes.

Definido el orden del debate, se empezó con el , una figura de fiscalización para la Contraloría General de la República, donde había dos propuestas: la del Ejecutivo para que se aplique solo a la emergencia del COVID-19 y las de Alianza para el Progreso -respaldada por la misma contraloría- para un marco general.

Al final ganó la propuesta del Ejecutivo, que fue acumulada a un texto sustitutorio que fue sustentado por Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), el excontralor destituido por el Congreso en el 2017. Lo único no televisado de este debate fueron las llamadas del contralor Nelson Shack a congresistas de diferentes bancadas, intentando explicar los riesgos de que “el Ejecutivo defina cómo iba a ser controlado” y las limitaciones del financiamiento. Sus llamadas no lograron el efecto deseado, aunque la votación fue muy ajustada a favor de la propuesta del gobierno: 59 votos a favor versus 50 en contra.

El segundo debate fue el de la administrados por concesionarias durante el estado de emergencia. En esta oportunidad, las llamadas que no funcionaron fueron las del Poder Ejecutivo. Funcionarios del Ministerio de Economía intentaron explicar a los autores de la norma los efectos contrarios que podría traer dicha norma sobre los contratos firmados. Pero ni las advertencias de que la norma sería observada, lograron hacer retroceder a los congresistas.

A estas alturas de la sesión, el presidente Manuel Merino ya se había puesto una mascarilla -aunque aún sin guantes-, pero quedaba demostrado que las indicaciones de prevención dadas no funcionaban. El desorden era generado por las propias bancadas. A pesar de la indicación para que entren al hemiciclo a votar y luego se retiren a sus salas asignadas, los congresistas se quedaban generando una saturación innecesaria.

Propuestas externas

El debate de las AFP inició a las 6:02 p.m. y se extendió por cinco horas. Fueron en total 47 los oradores que tomaron la palabra y, según pudo identificar este Diario en las grabaciones, solo tres legisladores cumplieron con portar mascarillas y guantes mientras daban sus intervenciones en el hemiciclo del Congreso. La gran mayoría portaba solo las mascarillas, pero la gran parte del tiempo la tenían colgada del cuello como un simple accesorio.

El texto sustitutorio puesto a debate fue sustentado por partida doble. Primero José Luna (Podemos, Lima) y segundo, Carmen Omonte (Alianza para el Progreso, Lima), ambos autores de la propuesta de fondo. Luna Morales fue el primero en presentar un proyecto de ley sobre pensiones -el 17 de marzo, un día después de la instalación del Congreso- pero este proponía un régimen especial facultativo de devolución total de aportes en los fondos de las AFP, cuando el afiliado no ha registrado ni se le ha retenido aportaciones al sistema por mas de 36 meses consecutivos.

La primera iniciativa de pensiones vinculada a la coyuntura de la emergencia fue la de Omonte quien, en un texto ingresado a trámite el 24 de marzo, proponía un retiro de fondos de las AFP con un tope de 10 remuneraciones mínimas vitales (S/ 9.300). Un monto aproximado a lo que quedó en el texto final. Dos días después de la propuesta de Omonte, Luna impulsó otra iniciativa, de carácter multipartidario, que planteaba el retiro del 25% sin tope alguno.

De ahí en adelante, el proyecto de Luna cogió mayor protagonismo debido a que en el escenario apareció alguien más mediático, su colega de bancada Daniel Urresti. La aparición del general del Ejército (r) fue lo que disparó las alertas en las AFP y provocó el pronunciamiento de su asociación.

Para la interna legislativa, la aparición de Urresti y el comunicado de la Asociación de las AFP fue lo que logró poner el tema en la agenda mediática. Hasta ese momento, nadie si quiera había advertido que Fuerza Popular había pedido priorizar el debate de la propuesta multipartidaria de Luna, numerada como la 4937. “Al final sirvió que se distrajeran un poco y confiaran que Urresti era el promotor”, dice un congresista consultado en alusión a las AFP y la participación del vocero de Podemos.

La postura de Urresti aún es una incógnita para muchos de sus colegas. En su intervención durante el debate [], mencionó que los funcionarios del gobierno que se presentaron a la Junta de Portavoces les advirtieron sobre el riesgo de la venta de los bonos del gobierno. “Nos dijeron lo siguiente: ‘las AFP y sus voceros nos amenazan con vender los bonos del gobierno si aprobamos el proyecto que ustedes van a presentar’. Es decir, las AFP usan una táctica gansteril”, dijo.

Algunos congresistas refirieron que recibieron de manos de Urresti un texto donde se proponía incluir un acápite al texto del retiro del 25% de las AFP, para que se prohíba vender o liquidar las inversiones a nivel local y, en particular, los bonos emitidos por el gobierno.

Documento de Word, con propuestas sobre bonos de gobierno, donde se muestra a Luciano López como autor del archivo.
Documento de Word, con propuestas sobre bonos de gobierno, donde se muestra a Luciano López como autor del archivo.

Un asesor legislativo con exceso de curiosidad revisó las propiedades del archivo Word que se le compartió al congresista para el que trabaja. En dichas propiedades figuraba que el archivo había sido creado por Luciano López Flores, uno de los abogados constitucionalistas más consultados por los medios de comunicación.

En conversación con este Diario, López reconoció ser el autor de dicha propuesta, a solicitud de una asociación de exaportantes.

“Sí, debido a la consulta que me hizo la Asociación de Exaportantes de las AFP y por la preocupación de que el Congreso apruebe ese proyecto y se eche mano de la cartera de inversión local. Del análisis realizado, y a la luz de las declaraciones de los actores involucrados (Asociación de AFP, BCR, etc), en un escenario donde todo hace ver que el Congreso, así sea por insistencia, va a aprobar la iniciativa, sugerí una norma temporal que proteja la cartera de inversión nacional para quienes me han consultado, la asociación porque, como todos, estoy preocupado por el golpe a la economía nacional por la venta de los bonos gubernamentales y de las inversiones en el sistema financiero nacional”, fue su explicación.

Desde la víspera del debate, el texto de López llegó a manos de varios congresistas y a través de distintas vías. “Se había deslizado antes en la Junta de Portavoces, a mí me lo presentaron un día antes del debate, pero no se apoyó porque era mucho riesgo y servía como un pretexto para el Ejecutivo. Siempre en los temas económicos se usa esa estrategia de meter otros temas a un texto sustitutorio para desvirtuarlo y al final destituirlo”, refirió otro congresista consultado.

La recta final

Al cuerpo principal del texto sustitutorio no se introdujo propuestas adicionales a las aprobadas el miércoles en Junta de Portavoces. Aquella noche, fueron Carmen Omonte (APP, Lima) y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular, San Martin), ambos voceros alternos en sus bancadas, los que afinaron la redacción del texto que colocaba el tope de S/ 12.900 (3 Unidades Impositivas Tributarias - UIT), la propuesta que logró el consenso final.

Lo único que se añadió fueron dos disposiciones complementarias, siendo la principal la que permitía la adecuación a la ley de los afiliados que en el transcurso de esta semana retiren los S/ 2.000 habilitados por el gobierno. La otra disposición declara de necesidad pública la reforma de los sistemas públicos y privado de pensiones.

Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) propuso que en dicha disposición se fije un plazo de 60 días para que el Presidente Martín Vizcarra presente sus proyectos de reforma, pero esto no fue tomado en cuenta. Columbus también propuso que esa misma noche se remita a Palacio de Gobierno la autógrafa de ley del retiro del 25% de fondos de las AFP, y tampoco fue tomado en cuenta,

Fuera de ello, el mayor temor, según los congresistas consultados para esta nota, siempre fue que Acción Popular y Somos Perú retrocedieran. Acción Popular, la fuerza mayoritaria, recién expresó su apoyo a la propuesta el miércoles 31 de marzo a las 9:41 p.m. Fue el último en pronunciarse y pese a ello, las dudas permanecieron hasta el final.

Las fuentes internas indican que Manuel Merino no estaba muy convencido del planteamiento, y que el tema llegó a ser discutido en el Comité Político del partido de la lampa, donde el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde recordó que el sistema de pensiones siempre fue un tema bandera para AP.

García Belaunde señaló que Merino firmó su proyecto de ley que proponía el retiro del 95,5% de los fondos para los afiliados cuando cumplan 65 años, el cual fue aprobado por insistencia -tras la observación del gobierno- en el periodo legislativo 2011-2016.

Al final, las dudas se disiparon cuando, en el pleno, todos los legisladores de AP que intervinieron en el debate se mostraron a favor de la norma. Manuel Merino no votó, sus tres vicepresidentes sí lo hicieron. La sesión terminó rodeada entre arengas y abrazos que rompieron toda medida de prevención.

El mismo presidente Merino, fuera del hemiciclo, se dio un abrazo con Martha Chávez tras un cruce de palabras que tuvieron durante el debate del control concurrente. La prevención pareció nunca estar en la agenda de dicha sesión presencial que de “desconcentrada” tuvo poco.