(Foto: Contraloría General de la República)
(Foto: Contraloría General de la República)
Martin Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

En el arranque de su tercera sesión presencial, el pleno del aprobó el texto sustitutorio que otorga facultades a la para ejercer un a las contrataciones públicas realizadas en el marco de la emergencia producida por los contagios de (COVID-19).

De esta manera, la representación parlamentaria aceptó la propuesta del Poder Ejecutivo presentada la semana pasada, la misma que fue acumulada en el texto sustitutorio con otros tres proyectos de ley de los legisladores Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima), Rosario Paredes (Acción Popular, Arequipa) y Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa). Los tres parlamentarios presentaron sus respectivos planteamientos después de ingresada a trámite la iniciativa del Ejecutivo, pero en el debate dos de ellos solicitaron la desacumulación de sus proyectos. Pese a esto, el texto sustitutorio que recogía la propuesta del gobierno fue aprobado con 59 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.

Con esta votación quedó rechazada la propuesta alternativa de Alianza para el Progreso. Dicha propuesta, que contaba con el respaldo de la propia Contraloría General de la República, establecía que el control concurrente sería aplicado a todas las contrataciones públicas -incluidas las dadas durante la emergencia del COVID-19- superiores a los 10 millones de soles y con un presupuesto de 2% por cada obra auditada. A propuesta de Fuerza Popular, también se buscó a las consultorías y subsidios económicos dentro del marco del control concurrente.

Proyecto original de APP respaldado por la contraloríaProyecto del Poder EjecutivoTexto sustitutorio aprobado en el pleno
Control concurrente a todo el Sistema Nacional de Control y de manera permanente.Control concurrente solo a las contrataciones dadas en el marco de la emergencia del COVID-19.Control concurrente, visitas de control y orientación de oficio solo a contrataciones en el marco de la emergencia del COVID-19.
El control será sobre toda inversión pública, incluidos fondos y empresas públicas.El control será sobre inversiones, y contrataciones de bienes, servicios u obras.El control será sobre inversiones, adquisiciones de bienes y servicios, obras y en toda actividad y procesos donde se vienen transfiriendo recursos públicos.
El control aplica a inversiones superiores a los 10 millones de soles.No establece un monto mínimo.No establece un monto mínimo.
El financiamiento se realiza a través del 2% de cada inversión auditada.No se especifica mecanismo de financiamiento.Se requerirá coordinaciones con el Ministerio de Economía.

El encargado de sustentar el texto sustitutorio fue Edgar Alarcón. El excontralor fue destituido en el 2017 por el Congreso por cometer faltas graves, como coaccionar al auditor Walter Grados, quien denunció que se dedicó al negocio de compraventa de autos de lujo. En su intervención, Alarcón aseguró que el presupuesto para la contraloría estaba garantizado y no se requieren mayores recursos. “Lo que debe hacer la contraloría es desplegar su operativo teniendo en cuenta las condiciones y dando las facilidades a los auditores para realizar su trabajo. El Congreso debe recoger la propuesta del Ejecutivo para que se empiece la labor en el marco de la emergencia del coronavirus”, indicó Alarcón.

Horas antes del debate en el pleno, el presidente del Congreso Manuel Merino recibió un oficio de la ministra de Economía María Antonieta Alva donde aseguraba el financiamiento para el control concurrente. “Debo manifestarle con relación al financiamiento de la medida contenida en el citado texto sustitutorio que, en caso la Contraloría General de la República requiera de presupuesto adicional para las referidas acciones de control, este puede ser otorgado por el Poder Ejecutivo, en el marco de la normatividad presupuestaria correspondiente, con el debido sustento y en el marco de una política de uso eficiente y respondió sobre de recursos, especialmente en el contexto de una pandemia como la que ha generado el COVID-19”, se lee en el documento.

Por su parte, César Combina -el autor de la propuesta alternativa- dijo que el control no se podía aplicar por partes y que partían de una visión general de Estado. “¿Por qué nos quedamos en la tibieza del control por unos días? Establezcamos una aplicación general. Qué hipócrita sería que el Congreso le diga que no puede darle facultades al Ejecutivo para legislar en este punto pero sí le otorgue el marco para controlar a través de la chequera del presupuesto”, sostuvo el legislador de APP.

Combina propuso reducir el financiamiento planteado de su propuesta, de 2% a 1% de las obras auditadas. Pero en la votación final, su propuesta no tuvo mayor respaldo.

En el debate, el vocero de Fuerza Popular Diethell Columbus (Lima) anunció que, pese a que su proyecto fue acumulado en el texto sustitutorio, su bancada apoyaría la iniciativa de Alianza para el Progreso. Lo llamativo es que el proyecto de Columbus proponía un control concurrente limitado al COVID-19, y el de Cambina plantea su aplicación en un marco general. El retroceso de Columbus ocurrió luego de la intervención de su colega fujimorista Miguel Vivanco (La Libertad), quien criticó que se pretenda otorgar al Poder Ejecutivo incidencia sobre la labor fiscalizadora de la contraloría.

Lo mismo sucedió con la legisladora Rosario Paredes (Acción Popular, Arequipa), quien también pidió desacumular su propuesta de ley del texto sustitutorio. A esta hora del debate, el texto sustitutorio que recogía la propuesta del Poder Ejecutivo solo quedaba con el respaldo de Unión por el Perú y el Partido Morado.

Al final del debate, ambas bancadas propusieron unas últimas modificaciones: retirar el enunciado donde se señalaba que el control concurrente “no implicaría mayor asignación presupuestal” para la contraloría y para habilitar el control posterior a la emergencia. Pero los cambios no lograron inclinar la balanza de los votos a su favor. Con estos cambios, el texto sustitutorio logró 59 votos a favor, los suficientes para su aprobación y el rechazo automático de la propuesta alternativa de APP.

Tras la primera votación, la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima), planteó una cuestión previa alegando que la norma aprobada modificaba la Ley Orgánica de la Contraloría y por ende requería una mayoría calificada de 66 votos. Tras un breve debate técnico, se dio por rechazada la observación y se procedió a la exoneración de la segunda votación de lo aprobado.

Contraloría versus Ejecutivo

Este tema fue puesto en la agenda del debate legislativo por el Poder Ejecutivo, que incluyó la figura del control concurrente en su pedido de delegación de facultades. El pasado jueves 26 de marzo, el Congreso aprobó el paquete de facultades, salvo en el punto 11 referido al control concurrente. Al día siguiente, el presidente Martín Vizcarra anunció que insistía en su propuesta y envió un proyecto de ley al Parlamento.

El mismo día que se debatía en el pleno el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el congresista César Combina (Alianza para el Progreso, Junín) presentó un proyecto de ley -coordinado con la contraloría- para aplicar el control concurrente a todo el Sistema Nacional de Control y no limitarlo a la situación de la emergencia del COVID-19, como planteaba el gobierno. La propuesta de Combina se volvió multipartidaria pues obtuvo firmas de colegas de otras bancadas. Tras el rechazo del pleno a otorgar facultades sobre el control concurrente al Ejecutivo, se esperaba la aprobación de la iniciativa multipartidaria, pero no se logró poner al debate.

La Mesa Directiva decidió no poner al debate el control concurrente debido a que existían llamadas de quejas, tanto de Palacio de Gobierno como de la contraloría. Al día siguiente, el viernes 27, los representantes de la mesa recibieron al primer ministro Vicente Zeballos y al contralor Nelson Shack. Ese mismo día ingresó trámite el proyecto del Ejecutivo insistiendo con su propuesta.

La disputa sobre el control concurrente no se volvería a tocar hasta el martes 31. Ante la Junta de Portavoces se presentaron el primero ministro Vicente Zeballos y la ministra de Economía María Antonieta Alva, así como el contralor Nelson Shack. Este último refirió que “el controlado -en referencia al Poder Ejecutivo- no podía determinar las reglas de cómo y en qué términos se le iba a controlar”.

Shack reiteró su apoyo a la iniciativa multipartidaria impulsada por el legislador César Combina. Sin embargo, dicha propuesta perdió respaldo en el transcurso del día. Para el miércoles 1 de abril, cinco de las ocho bancadas parlamentarias presentaron un nuevo texto sustitutorio que recogía la propuesta del Ejecutivo y acumulada otras cuatro iniciativas de otros legisladores que iban en el mismo sentido de limitar el control concurrente a las contrataciones que ocurran en el marco de la emergencia del COVID-19.

Este texto sustituorio además especifica que el control concurrente no significará mayor presupuesto para la Contraloría General de la República. En la víspera del debate en el pleno, el máximo órgano de control emitió un pronunciamiento resaltó las ventajas del proyecto que impulsaron con el legislador Combina, pero de poco sirvió, pues la balanza de las votos se inclinaba a favor del texto sustitutorio que lo limita a realizar el control concurrente solo en el marco de la emergencia del coronavirus.

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