Congreso solo aprobó 3 de los 15 proyectos que envió el presidente Martín Vizcarra

De las tres iniciativas aprobadas, dos fueron las leyes que delegaron facultades a Poder Ejecutivo. Con estas facultades, el Gobierno emitió 40 decretos legislativos sobre materia económica y otros dos sobre medidas para el deshacinamiento de penales.

Todas las normas del Ejecutivo aprobadas son medidas destinadas a contrarrestar los efectos del COVID-19, dentro de los dos primeros meses de gestión de este periodo 2020-2021. En la primera delegación de facultades, el Gobierno no envió a ningún representante a sustentar el proyecto al pleno.

Quien sustentó el proyecto oficialista fue el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), algo nunca antes registrado en la historia parlamentaria.

Rechazados y pendientes

Las facultades delegadas para dictar medidas sobre el deshacinamiento de penales se dieron después de que el Congreso rechazara un proyecto de ley anterior en el mismo sentido.

A inicios de mayo, el presidente Vizcarra remitió al Congreso una iniciativa para “establecer medidas excepcionales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el fin de impactar positivamente en el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios”.

El proyecto fue derivado a la Comisión de Justicia, donde el entonces ministro Fernando Castañeda se presentó a sustentar la propuesta del Gobierno. El grupo de trabajo legislativo emitió un dictamen favorable, en mayoría, que se elevó a la instancia del pleno para su debate. Pero se archivó, tanto ese dictamen en mayoría como otro presentado en minoría.

La justificación para archivar la iniciativa era de que se corría el riesgo de liberar a delincuentes, y el Congreso no quería ser “responsable” de ocurrir eso. Ante ello, el Poder Ejecutivo tuvo que presentar un pedido de delegación de facultades para poder legislar sobre el tema a través de decretos.

La segunda propuesta que fue rechazada tiene que ver con la reforma del sistema pensionario. El mandatario Vizcarra envió una propuesta para conformar una comisión mixta que se encargue de diseñar el proyecto de ley de reforma pensionaria.

Sin embargo, el Parlamento envió su propuesta a comisión -donde fue archivada- y puso al debate mociones que habían propuesto diversas bancadas para instalar una comisión en el mismo sentido. La única diferencia es que la comisión que terminaron aprobando solo está integrada por congresistas.

Esta semana, el jefe de Estado recordó este tema: “Nosotros, como lo propusimos hace cuatro meses, con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso, y les pedimos ‘señores [congresistas], juntos hagamos una reforma integral del sistema pensionario peruano’, pusimos un plazo, que en seis meses terminábamos la reforma integral y dijeron ‘seis meses, tanto tiempo, no, no, así no más’, desestimaron nuestro proyecto de ley, han pasado cuatro meses, ya lo tendríamos listo”.

Se podría descontar las leyes de presupuesto, las cuales tiene un plazo fijo de aprobación hasta el 30 de noviembre. Salvo la Cuenta General de la República que, en los años 2017 y 2018, recibió dictámenes negativos de la Comisión de Presupuesto.

En el caso del proyecto más antiguo, el de moratoria para la creación de universidades, llegó a ser debatido en la Comisión de Educación y se emitió un dictamen. El problema fue que, en la fórmula elaborada por la comisión, los congresistas incluyeron la creación de una entidad reguladora por encima de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Tras diversas críticas, retrocedieron y el proyecto del Ejecutivo quedó estancado.

El proyecto oficialista más importante es el referido a la ONP. El Gobierno plantea entregar una pensión de S/250 a personas con 10 años de aporte al sistema nacional de pensiones. El Congreso se encuentra a la espera de que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie respecto a la autógrafa que le enviaron con su propuesta para habilitar el retiro de S/ 4.300 (1 UIT) para los aportantes a la ONP.

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