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El nuevo periodo parlamentario se ha visto marcado por una alta creación de comisiones investigadoras y especiales. En tan solo dos meses, la cantidad de nuevos grupos aprobados supera a aquellos creados durante el primer año de los anteriores Parlamentos, a pesar de que estas deben utilizarse de manera excepcional. ¿Cuál ha sido el costo de contar con dichas comisiones extraordinarias en el pasado?
El Congreso 2021-2026 ha iniciado sus gestiones batiendo récords. En menos de dos meses, los parlamentarios han aprobado la creación o reactivación de 11 comisiones especiales y otras 4 nuevas comisiones investigadoras. En el pasado, otros Congresos no han tenido una aprobación tan veloz y elevada de nuevas comisiones.
Número de comisiones creadas en el primer año de cada periodo
| Comisiones investigadoras | Comisiones especiales | |
|---|---|---|
| 2011 - 2016 | 3 | 6 |
| 2016 - 2021 | 4 | 7 |
| 2021 - 2026 * | 4 | 11 |
*En los primeros dos meses
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Sin embargo, la velocidad para crear comisiones no necesariamente implica su instalación efectiva. Otro informe de este Diario hizo notar que algunas comisiones extraordinarias se instalan muchos meses después de su aprobación. Este es un fenómeno que ha ocurrido tanto en el Congreso disuelto 2016-2019 como en el Congreso complementario 2020-2021.
Una de las 11 comisiones de este año tiene como objetivo investigar el reciente proceso electoral. La iniciativa, propuesta por Renovación Popular, obtuvo 46 votos: la mínima votación requerida para su aprobación. Sin embargo, el parlamentario José Ariola de Acción Popular pidió que se cambie su voto, con lo cual no se alcanzaría lo necesario para su aprobación. Actualmente se ha solicitado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que defina si procede la creación de dicha comisión.
A pesar del inconveniente, esta es la comisión investigadora que más ha progresado. A inicios de mes se eligió a sus miembros, y el lunes de esta semana se definió que Jorge Montoya, de Renovación Popular, la presidirá. Montoya fue uno de los políticos que viajó en junio a la OEA para solicitar una auditoría al proceso electoral peruano, sin éxito.
| Comisión creada en período 2021-2022 | Tipo de comisión |
|---|---|
| Comisión que investigue presuntas irregularidades cometidos durante los primeros días de gobierno del presidente de la República | Investigadora |
| Comisión que investigue presuntas irregularidades en las contrataciones de Essalud | Investigadora |
| Comisión que investigue el atentado en Vizcatán del Ene | Investigadora |
| Comisión que investigue el proceso electoral 2021 | Investigadora |
| Comisión respecto al cobro del concepto de “cargo fijo” en los recibos de electricidad | Especial |
| Comisión de análisis, seguimiento, coordinación y propuestas para el proyecto Binacional Puyango-Tumbes | Especial |
| Comisión de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño | Especial |
| Comisión a favor del Vraem | Especial |
| Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo (CEMOL) | Especial |
| Comisión COVID-19 | Especial |
| Comisión del cambio climático | Especial |
| Comisión de protección a la infancia | Especial |
| Comisión para realizar el seguimiento de la intervención Temporal Hambre Cero | Especial |
| Comisión de seguimiento a la Alianza del Pacífico | Especial |
| Comisión de seguimiento a la incorporación de Perú a la OCDE | Especial |
Otras comisiones investigadoras aprobadas incluyen la propuesta por Perú Libre que busca indagar en el atentado ocurrido en Vizcatán del ENE en mayo de este año, así como la comisión multipartidaria para investigar las acusaciones de falta de transparencia en los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, por presuntas reuniones en su casa en Breña.
El Pleno agrupó la moción de Ruth Luque (Juntos por el Perú) para investigar presuntas irregularidades en EsSalud, con la moción de José Jerí (SP-PM) que buscaba investigar a los gobiernos locales durante el Estado de Emergencia. Esta comisión investigadora conjunta se aprobó finalmente por unanimidad.
Hasta la fecha, los congresistas han presentado 26 mociones para crear comisiones investigadoras, y otras dos para otorgar facultades investigadoras a las comisiones ordinarias de Fiscalización y de Defensa del Consumidor. De igual forma, 42 mociones fueron presentadas en lo que respecta a crear o reactivar comisiones especiales, de las cuales 14 ya han sido aprobadas.
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Una actividad costosa y con pocos resultados
Según información del propio Congreso de la República, la instalación de comisiones investigadoras y especiales genera gastos elevados en el presupuesto público. En promedio, durante los últimos 21 años el costo anual de cada comisión especial ha sido de S/ 159,000, mientras que cada comisión investigadora significó una inversión media de S/ 174,000 por año.
En todo este tiempo, el Congreso ha destinado más de S/ 70 millones en este tipo de comisiones.
| Comisiones investigadoras | Comisiones especiales | |
|---|---|---|
| Costo anual promedio de cada comisión | S/ 174,534.45 | S/ 158,952.48 |
| Costo total en los últimos 21 años | S/ 27′401,908.47 | S/ 42′758,217.30 |
Inversión total en estos 21 años: S/ 70′160,125.77
En promedio, desde el año 2000 el Congreso ha gastado más de S/ 3 millones al año en las comisiones investigadoras y especiales. Sin embargo, las cifras muestran que este desembolso es cada vez menos eficiente. Entre el 2011 y el 2019 se observa una reducción paulatina en la cantidad de comisiones, pero esto vino acompañado de mayores costos al presupuesto nacional. El pico de ineficiencia en el gasto ocurre en el 2018, año donde se destinó casi S/ 7 millones a solo 14 comisiones.
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El especialista parlamentario Alejandro Rospigliosi considera que no se justifica tener tantas comisiones investigadoras y especiales, ya que estas deben crearse únicamente de manera excepcional.
“Hay que ver el tema de si es necesario o no, si justifica o no el gasto que implica. Hay comisiones especiales que en la práctica han pasado a ser casi permanentes”, explica.
Algunos ejemplos de esto incluyen la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de la Alianza del Pacífico, y la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, según recuerda Rospigliosi. Estas son dos comisiones que el presente Congreso ha aprobado su reactivación.
Para el especialista, muchos de estos grupos terminan duplicando funciones que las comisiones ordinarias ya podrían realizar.
“Las 24 comisiones ordinarias no solamente legislan, sino también fiscalizan, porque el reglamento lo autoriza así. Si además quieren fiscalizar con herramientas como levantar el secreto bancario o citar bajo grado de fuerza a alguien que no quiere ir, le piden al pleno facultades de comisión investigadora para hacer esas funciones. Pero ya tienen poder de fiscalizar”, menciona Rospigliosi.
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Para el profesor de la facultad de derecho de la PUCP, Heber Joel Campos, han existido importantes comisiones investigadoras en el pasado que indagaron casos de corrupción de autoridades salientes, cumpliendo con el rol fiscalizador del parlamento. Sin embargo, considera que muchas otras suponen un alto uso de recursos sin ser necesarias o efectivas.
Ejemplo de ello fue la comisión creada por el Congreso del 2020 con el objetivo de identificar los efectos del dióxido de cloro en la lucha contra el COVID-19, a pesar del consenso científico en su contra, según recordó Campos.
“No se puede crear comisiones investigadoras sobre cualquier tema o asunto, simplemente porque se quiera llamar la atención sobre un hecho coyuntural ¿Qué interés público relevante puede estar ahí?”, cuestionó el especialista en temas parlamentarios.
“La gente mira con desconfianza el accionar del Congreso, a veces por excesos de este tipo. Creo que esto merecería una reflexión más seria por parte del Congreso” agregó.
En el pasado, algunos congresistas se han mostrado críticos de dichas comisiones, aunque recalcaron los resultados de casos específicos. Mauricio Mulder recordó lo útiles que fueron las comisiones a inicio de los 2000 para investigar la corrupción durante el fujimorato, y Sergio Tejada afirmó que la fiscalía realizó acusaciones y sentencias a funcionarios del gobierno aprista en base a la megacomisión investigadora.
Por su parte, Víctor Andrés García Belaúnde comentó que “el 70% [de comisiones investigadoras] no hace mucho, son mucha bulla. Son para contentar a la opinión pública, seguir de cerca un proceso y empujar a la fiscalía y al Poder Judicial”.
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