En su primer año de gestión, el Congreso buscó interpelar ministros cada 13 días

Este 27 de julio, la actual conformación del Congreso de la República cumple un año en funciones. En este tramo, el control político hacia el Ejecutivo ha sido –en cantidad– más alto que en otros arranques de legislatura de los últimos 20 años. En solo 365 días, el Parlamento vigente procesó hasta 25 solicitudes de interpelación, de las cuales 10 fueron aprobadas por el pleno para forzar la presencia y el interrogatorio de ministros de Estado ante el hemiciclo.

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Además, las censuras contra ministros fueron 4, y se crearon hasta 9 comisiones investigadoras, de las cuales 4 se enfocan en presuntos ilícitos y faltas del gobierno de Pedro Castillo. En las dos décadas pasadas, una censura rara vez ocurría dentro de un primer año, mientras que los grupos de investigación comúnmente se centraban en gestiones presidenciales ya culminadas.

Cantidad vs. calidad

Para el especialista en temas parlamentarios y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP, Heber Campos Bernal, el inédito grado de control político de esta reciente legislatura “es un síntoma de los serios problemas que existen a nivel del Gobierno”. Esto, considerando los nombramientos de funcionarios que, de entrada, no eran idóneos.

En comparación con otros períodos, este Congreso también ha sido el que más rápido ha interpelado a algún ministro. El primer titular de sector de la gestión Castillo en comparecer ante el hemiciclo fue Iber Maraví (ahora exministro de Trabajo), el 30 de setiembre del 2021. En su caso, habían transcurrido solo dos meses de iniciado el nuevo gobierno. Además, cabe recordar que el Parlamento ya había tramitado la interpelación de Héctor Béjar (ex titular de la Cancillería), pero esta no se concretó debido a su renuncia el 17 de agosto, apenas 19 días después de que Castillo asumiera la jefatura del Estado.

No obstante, Campos destaca que el Congreso también ha fallado en situaciones que ameritaban proactividad. Es el caso de Juan Silva, ahora exministro de Transportes prófugo e implicado en la presunta red de corrupción al interior del sector. Silva, quien ya era cuestionado por aparentes irregularidades en el ministerio, además de malas designaciones y presuntas alianzas con gremios informales, fue interpelado el 25 de noviembre del 2021. Un primer pedido de censura en su contra, presentado a fines de diciembre, no consiguió las 33 firmas necesarias para el trámite. Un segundo pedido de censura fue recién viable el 22 de febrero de este año.

“En el caso del exministro Juan Silva (del MTC), pasaron más de dos meses entre su interpelación y su moción de censura, lo cual no tuvo ningún sentido. Las mociones de interpelación responden a un asunto álgido que se busca aclarar a través de la participación del ministro respondiendo un pliego. En dos meses, aquello que motivó la interpelación deja de tener actualidad, que es lo que sucedió con Silva”, expresó Campos Bernal.

También en diálogo con El Comercio, la politóloga Kathy Zegarra Díaz sostuvo que el trabajo del Legislativo en cuanto a interpelaciones y censuras no ha tenido real efecto o repercusión en el Ejecutivo, en vista de que los consecutivos reemplazos dentro del Gabinete han continuado –mayormente– igual de cuestionables.

“Este Congreso ha priorizado su rol de control político a diferencia de otros Parlamentos, al menos, en términos numéricos. Sin embargo, no necesariamente en términos de efectividad. Si bien se presenta una mayor cantidad de ministros censurados y de interpelaciones, esto no necesariamente ha resultado en una mejor elección de ministros en diversas carteras. También hay que tener en cuenta que el mismo Ejecutivo genera tal nivel de rotación en el propio Gabinete que las interpelaciones solo ahondan en esta rotación, mas no significan un cambio de ruta significativo en la elección de ministros”, dijo Zegarra.

Investigando al Ejecutivo

Como señalábamos al inicio, el actual Parlamento ha creado hasta 9 comisiones investigadoras en este corto tramo de gestión. De ellas, 4 guardan incidencia en el gobierno de Pedro Castillo o de su entorno. Sin embargo, los resultados han sido escasos o nulos a la fecha.

Un ejemplo claro es el grupo de trabajo instalado para investigar el supuesto fraude electoral que le dio la victoria a Pedro Castillo en los comicios generales del 2021. Dicha comisión fue presidida por Jorge Montoya (Renovación Popular) y no aportó evidencias claras que sostuvieran la tesis. Su informe final, que fue debatido en junio por el pleno, obtuvo 55 votos en contra, 15 abstenciones y solo 42 a favor [en su gran mayoría, solo respaldos de los bloques opositores].

La politóloga Kathy Zegarra Díaz calificó a dicha comisión como un desacierto en términos de razonabilidad y recursos. “La decisión de crear comisiones, teniendo en cuenta que son muy costosas, deben responder a criterios políticos, pero también técnicos. En ese sentido, algunas comisiones se han creado no necesariamente han respondido a criterios técnicos y ni siquiera políticos. En el caso de la comisión sobre el supuesto fraude, realmente no hubo una base razonable. En consecuencia, el resultado fue el gasto de recursos y no el descubrimiento de algo significativo”, sostuvo.

Otra de las comisiones investigadoras aprobadas en este período es la centrada en licitaciones aparentemente irregulares dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El grupo fue creado el 31 de marzo de este año, pero –a 108 días de esta decisión– aún no tiene integrantes ni se ha instalado.

El especialista Heber Campos explicó a este Diario que, así como en las interpelaciones, el número de comisiones investigadoras está motivado por la proclividad del Ejecutivo en protagonizar escándalos. Sin embargo, coincide en que la calidad y justificación del trabajo no han sido balanceadas en todos los grupos conformados, y que no basta con que visibilicen temas de connotación política.

“En el caso de esta comisión que se creó por el supuesto fraude electoral, no hubo consenso siquiera entre los propios integrantes del grupo [en referencia a que tuvo un informe final en mayoría y otro en minoría]. Las comisiones investigadoras son legítimas y no vamos a descalificar la figura, pero –como todo– también debe haber un alto compromiso sobre su uso y deben estar orientadas a contribuir a la determinación de responsabilidades en el ámbito fiscal y judicial, que son los espacios naturales para la determinación de este tipo de temas”, estimó.

Las otras dos comisiones investigadoras formadas en este tramo son la enfocada en el caso Sarratea –de presunta corrupción y gestiones paralelas en el domicilio de Breña por parte del presidente de la República, otros funcionarios y empresarios– y la enfocada en las protestas de gremios de transportistas y agricultores que, en marzo de este año, derivaron en muertes. El primer caso fue tomado en febrero por una comisión ordinaria –la de Fiscalización, que preside Héctor Ventura (Fuerza Popular), y ya cuenta con informe final.