Fiscalía determinará si presunto delito de Uribe prescribió
Fiscalía determinará si presunto delito de Uribe prescribió
Redacción EC

JORGE SALDAÑA ()

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), , dijo esta mañana que será la Fiscalía de la Nación la que determine si ha prescrito el presunto delito penal en que incurrió la suspendida legisladora por mentir en su hoja de vida.

Fue lo único que comentó al confirmar que el procurador del JNE sí denunció ante el Ministerio Público a la ex voleibolista por el delito de falsedad genérica.

La denuncia penal del JNE se debe a que Uribe anotó en su hoja de vida de 2006 cuando postuló al Congreso que sí había concluido sus estudios secundarios, cuando desde el año 1982 tenía dos cursos desaprobados.

El vocero de Gana Perú, Tomás Zamudio, aclaró que este nuevo delito en que habría incurrido su colega será dilucidado en el fuero judicial y no en el Congreso. “¿Blindaje? De ninguna manera”, aseveró.

Por su parte, su colega del oficialismo Josué Gutiérrez reclamó a la Fiscalía que sea “objetiva” en la investigación del nuevo caso en el que está involucrada Uribe.

“Los documentos que sustentan la denuncia datan de los años 2005 y 2006. Mi opinión es que dejemos actuar al Ministerio Público”, aseveró.

Javier Bedoya de Vivanco, congresista del PPC e integrante de la Comisión de Constitución del Parlamento, confió en que este nuevo caso que protagoniza sea manejado dentro de los cauces correspondientes. Eso sí, advirtió que han transcurrido ocho años desde la presunta infracción penal.

¿CÓMO SE TRAMITARÁ ESTA NUEVA DENUNCIA?
Si la Fiscalía determina que Uribe cometió el delito, enviará la denuncia al Poder Judicial. Si el fuero judicial la confirma, solicitará el levantamiento del fuero parlamentario.

Por su condición de congresista, el pedido del juez se eleva a la Corte Suprema de Justicia. Allí, se evalúa el expediente y, si se confirma que hay delito, pedirá al Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Cenaida Uribe.

Este expediente, llega a manos del presidente del Congreso, quien en 24 horas lo deriva a la comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Tras el estudio, el expediente va al Pleno del Congreso.