Frepap empieza su agenda con proyectos sobre inmunidad, revocatoria congresal y elección del TC

La bancada del Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap) presentó sus tres primeros proyectos de ley, los cuales están enfocados en la reforma política, buscando cumplir con algunas promesas de campaña. De esta manera, el grupo israelita marca su retorno al Congreso después de 20 años.

En la primera sesión plenaria de la madrugada del martes 17, el Frepap dejó en claro que no seguirá mas que su agenda y sin plegarse a ningún otro grupo. Así quedó plasmada en su votación en contra del la norma que otorga seis meses para introducir cambios electorales, incluso después de convocadas las elecciones en julio.

Previo a la votación, la vocera María Teresa Céspedes (Lima) cuestionó que no se cuente con la opinión técnica de los organismos electorales para una norma que puede tener repercusión en el cronograma de los comicios 2021. La vocera contó que en la Junta de Portavoces, en una primera votación, se acordó que el plazo sea de nueve meses, pero tras una reconsideración se forzó para admitir los seis meses planteados por Acción Popular.

“Estamos de acuerdo con el cambio, pero no con el plazo, por eso la bancada del Frepap se abstendrá en esta votación. En la campaña se ofrecen muchas cosas, pero cuando se llega acá es otra la realidad”, acusó Céspedes.

El anuncio de la portavoz frepapista se cumplió a la hora de la votación, solo que en lugar de abstenerse, optaron marcaron el botón rojo. La bancada votó en bloque. Un día después de este episodio, esa misma agrupación puso a trámite sus primeras iniciativas de ley, todas sobre reforma política.

María Teresa Céspedes (Lima) es la vocera titular de la bancada del Frepap y es la autora del proyecto dereforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político.

En su exposición de motivos, la legisladora Céspedes señala que no existe argumentación suficiente que justifique al congresista contar con la prerrogativa de la inmunidad.

“Si existe alguna duda razonable o evidencia de falta de justificación jurídica en el requerimiento judicial, es decir, ante la existencia una motivación política o discriminatoria por parte del Poder Judicial, el congresista presuntamente afectado podría recurrir a la jurisdicción constitucional para cuestionar la decisión de la jurisdicción ordinaria [...] terminaría siendo resuelto en instancia final por otro organismo autónomo: el Tribunal Constitucional”, sostiene el cuerpo de texto del proyecto de ley.

En lo que se refiere al antejuicio, la exposición de motivos señala que tiene por objeto un control de naturaleza jurídica. “Uno de los sujetos legitimados para plantea acusaciones constitucionales es el titular de la acción penal, esto es, el organismo. autónomo y técnicamente especializado para ello: el Ministerio Público”, justifica la iniciativa para luego añadir que el Congreso es un agente de naturaleza política y no un ente eminentemente técnico.

El segundo proyecto es de la parlamentaria María Cristina Retamozo (Lima), vocera alterna de la bancada, y propone otra reforma constitucional, esta vez para permitir la renuncia y revocatoria del cargo de congresista.

Sobre la renuncia parlamentaria ha sido un tema polémico de discusión, específicamente por los casos de dos congresistas que intentaron renunciar al cargo: Javier Valle Riestra y Marco Tulio Falconí.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, la legisladora del Frepap detalla los antecedentes de dictámenes sobre la posibilidad de renuncia de un congresista, así como una opinión técnica a favor del Ministerio de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras que sobre la revocatoria plantea alternativas que van desde la adquisición de kits electorales -como sucede con las autoridades subnacionales- así como explorar topes como un cuarto, tercio o la mitad del número legal de congresistas.

La última iniciativa presentada es la del legislador Richard Rubio (Lima), que busca establecer modificaciones en el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. A la fecha, seis miembros del TC ya están con su mandato vencido.

Rubio Gariza plantea que la comisión especial del Congreso realice una designación meritocrática y así evitar la modalidad de elección por invitación. Entre el mecanismo propuesto destaca que una convocatoria pública para la presentación de candidaturas, la posibilidad de presentar tachas contra los candidatos, una evaluación de conocimientos, y una audiencia pública para finalmente realizar una votación pública.

Este proyecto se presentó un día después de que el presidente del Congreso, Manuel Merino, en su primer discurso, anunciara que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional sería por invitación.