Gastos polémicos en el Congreso: ¿Quiénes son los responsables de las compras?

De acuerdo con “Panorama”, el Parlamento pagó S/ 315 mil por la compra e instalación de 1600 metros cuadrados de alfombras para adornar cinco ambientes del Palacio Legislativo. Para ello contrató a la empresa Kotlin Services SAC, en cuyo domicilio legal funciona una pollería.

Además, según reveló “Cuarto Poder”, el Parlamento dispuso reemplazar el menú a la carta que recibían los congresistas a S/ 10.59, por un variado bufet por el que se llegó a pagar S/ 80 por persona.

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En tanto, destinó S/ 1.6 millones al alquiler por tres años de una playa de estacionamiento para los trabajadores parlamentarios. Y, como reveló El Comercio, gastó más de S/ 414.000 en viajes al extranjero realizados por los legisladores en los últimos meses.

Los expertos en contrataciones del Estado María Elena Sánchez Zambrano y Alberto Retamozo Linares señalaron a El Comercio que se debe verificar el empleo racional de los fondos públicos y examinar los procedimientos aplicados en las contrataciones.

Sánchez señaló que la Ley de Contrataciones del Estado tiene entre sus principios la racionalidad en el uso de los recursos. “Eso significa que uno debe comprar estrictamente lo necesario sin excederse en lujos o compras superfluas”, precisó.

La economista agregó que el jefe de Logística del Congreso es el responsable directo de las compras. En tanto, el administrador general del Parlamento debe velar que los recursos se utilicen adecuadamente.

Además, está el auditor del Congreso, cuya labor principal es verificar que no se quiebren los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.

“El jefe de logística es el responsable directo de comprar [las alfombras] a una pollería y no a una empresa dedicada al rubro. Ya estamos bastante mal acostumbrados a ver cómo se gasta la plata del Estado sin siquiera hacer lo mínimo indispensable, que es verificar a quién se está comprando”, afirmó Sánchez.

El abogado Alberto Retamozo agregó que principios como la transparencia y el uso eficiente de los recursos, así como realizar un adecuado estudio de las probabilidades que ofrece el mercado y convocar a un procedimiento de selección donde pueda haber competencia son asuntos ya establecidos en la ley.

“Todo está en la norma, no hay nada qué inventar. [...] Hay que preguntarse si en estas contrataciones el Congreso ha aplicado los principios que orientan las contrataciones públicas”, aseveró.

Retamozo señaló que, por ejemplo, se debe verificar que la empresa Kotlin Services SAC tenga una oficina real.

“Que esté funcionando en un local de pollería no la descalifica de por sí, porque puede ser que tenga un espacio para sus oficinas. El asunto es si tiene una oficina real, si tiene la experiencia en el tipo de negocio. La facturación de la empresa tiene que decir a quiénes le ha vendido alfombras, la experiencia no se acredita con palabras, se acredita con facturación”, dijo.

El consultor en contrataciones del Estado agregó que el Congreso debió realizar una fiscalización posterior al proceso de esa contratación.

“Cuando un proveedor se presenta, la administración pública está obligada a creerle. Aquí el tema es si hubo o no fiscalización posterior inmediata. ¿Y quién realiza la fiscalización posterior? El área de administración”, afirmó.

El lunes pasado, el Congreso anunció la suspensión del servicio de bufet y la implementación de una oficina de integridad para mejorar los controles internos. Además, el oficial mayor, José Cevasco, aseguró que se reorganizará la Dirección General de Administración y recordó que el presidente del Parlamento, José Williams, ha solicitado la intervención de la Contraloría mediante auditorías y servicios de control específico.

Sin embargo, sobre la oficina de integridad, Sánchez señaló: “El Congreso no está haciendo nada nuevo. Todas las oficinas del Estado deben obligatoriamente tener una oficina de integridad. Más bien, se han demorado en crearla”.

En tanto, fuentes de El Comercio señalaron que la semana pasada se acreditó una comisión de auditores para que recopilen información sobre el caso del bufet. Además, ya se está conformando un equipo que realizará la planificación de otros servicios de control específico.

No obstante, el politólogo Omar Awapara señaló que los cuestionamientos contra el Congreso son “un clavo más en el ataúd de su desaprobación”.

Awapara añadió que el Congreso “tiene el problema de que no hay una sola voz liderando la respuesta” a las denuncias periodísticas.

“Lo que hemos visto son declaraciones de distintos congresistas, cada uno con su versión, como que ‘todos tenemos derecho a comer rico’ o lo de la alfalfa. Y eso hace que la respuesta institucional del Congreso se vea perdida en un mar de declaraciones. Eso al final dificulta que haya una respuesta única, correcta y apropiada para los cuestionamientos que se hacen”, señaló.