Guido Bellido: penalistas consideran que ameritaría iniciarse una investigación fiscal

El congresista oficialista Guido Bellido se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión, en Panorama, de unos chats que mostrarían que habría promovido la contratación de Daniel Abarca Soto como asesor I del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a cambio de favores.

En diálogo con El Comercio, los abogados penalistas Cecilia Madrid, Andy Carrión y Carlos Caro coincidieron en que el Ministerio Público debería abrir una investigación preliminar contra el extitular del Consejo de Ministros por el presunto delito de tráfico de influencias.

“No es mi amigo (...) No tuve nada que ver en su designación en el cargo de confianza como asesor”, afirmó Bellido en su cuenta de Twitter. El último domingo, Panorama difundió unos chats de WhatsApp que demostrarían que el parlamentario de Perú Libre habría promovido la contratación de Daniel Abarca como asesor en el Mincetur.

En una estas conversaciones el ex primer ministro solicitó un pasaje de Huancayo a Lima para Arturo Cárdenas Tovar, “Pinturita”, quien actualmente se encuentra cumpliendo una orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. El lunes, el parlamentario de Perú Libre admitió que solicitó dicho boleto de avión; sin embargo, señaló que posteriormente lo pagó.

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Para Cecilia Madrid, las acciones de Guido Bellido calzarían en los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

“Tráfico de influencias por la intercesión que habría hecho para que esta persona sea favorecida con un puesto en el Estado. Hubo una aparente una utilización de las influencias que tenía él cuando ocupaba el cargo de primer ministro que esa persona sea favorecida”, agregó la penalista.

A su criterio, el legislador habría incurrido en la comisión del delito de cohecho propio “porque no es parte de sus funciones buscar o contratar de personal”. Además, indicó que “como funcionario (Bellido) no debía pedir ningún tipo de ofrenda o beneficio”.

“Otra cosa que se debe tener en cuenta es que el beneficio para que se configure el delito de cohecho no solamente debe ser el dinero sino también cualquier tipo de donativo. Y puede ser tanto que te paguen para que tú realices la acción o de manera posterior. Hay indicios reveladores porque son conductas que tienen apariencia de delito. Las conversaciones dan cuenta de un intercambio de agradecimientos. El uso del inmueble (de San Miguel) también es un indicio”, opinó.

Madrid acotó que Abarca Soto también habría incurrido en el presunto delito tráfico de influencias “porque no solo se sanciona al que realiza sino también al que solicita”.

“Tendría que indagar más la fiscalía sobre en qué contexto se dieron las reuniones (de Bellido y Abarca) con estos empresarios . Todos los funcionarios públicos tienen que registrar sus reuniones con los posibles interesados. Eso está en la ley de gestión de intereses. Un funcionario público no puede sostener reuniones en lugares privados y sin tener una agenda que esté publicada en el registro de visitas de la entidad en la que labora”, puntualizó Madrid.

Por su parte, Andy Carrión aseveró que a Bellido “por lo menos la fiscalía lo debe investigar” por el presunto delito de tráfico de influencias.

“La fiscalía, de acuerdo con lo que vaya investigando, determinará si cabe otro delito como cohecho; sin embargo, este aún es difícil de comprobar”, manifestó.

“Habría que ver si, en su oportunidad, recibió algún tipo de contraprestación o no. Sin embargo, el hecho de interceder por otra persona frente al ministerio para obtener un puesto de trabajo, a cambio de financiar o prestar para los pasajes amerita por lo menos que se le investigue por tráfico de influencias”, reiteró el especialista.

Carrión explicó que es la fiscalía la que debe realizar las gestiones para que el Congreso permita la investigación contra el integrante de Perú Libre.

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A su turno, Carlos Caro indicó que existen “varias posibilidades de tipificación”.

“Primero él (Bellido) habría participado en la promoción del nombramiento de una persona, lo que implicaría un caso potencial patrocinio ilegal. Por otro, lado él pide favores a cambio que tienen un valor económico, eso podría hacer que el caso calce como enriquecimiento ilícito de funcionario o de cohecho propio. El espectro para investigar es bastante amplio”, aseguró.

En opinión de Caro, las revelaciones de Panorama “son más que suficiente” para que la fiscalía inicie una investigación preliminar”.

Caro coincidio con Carrión en que “por ser un tema de función, si la fiscalía - tras la investigación preliminar - considera tiene un un caso, tiene que tramitar en el Congreso un procedimiento de acusación constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

El penalista añadió que “si (la subcomisión) considera que hay delito, el caso pasa a la Comisión Permanente y luego al pleno para votación. Si considera que no hay solo pasa a la Comisión Permanente”.

Mira aquí el reportaje de Panorama

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La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes, adelantó el lunes que su grupo de trabajo iniciaría una investigación de oficio contra los parlamentarios Elías Varas y Guido Bellido, de Perú Libre, tras las revelaciones hechas por dos programas dominicales sobre los legisladores de la bancada oficialista. En diálogo con El Comercio, indicó que el equipo de asesoría técnica ya está reuniendo la información y en la próxima sesión se tomará una decisión.

Paredes indicó que de no ingresar a la comisión ningún oficio que solicite la investigación contra Varas y Bellido, ellos realizarían la investigación de oficio.

La parlamentaria y también vocera alterna de Acción Popular recalcó que la decisión se estaría tomando el lunes 25 de abril, fecha en la que volverían a sesionar. (Estos días no se reunirán por encontrarse en Semana de Representación).

Paredes calificó de “graves” las acusaciones que pesan contra Bellido y Varas; sin embargo, reveló que en la comisión hay otros 44 legisladores sobre los que recaen denuncias. “Se trata de un común denominador no solo de congresistas, sino también de la gestión de Gobierno”, agregó.