Interpelación a Jaime Saavedra: Acusaciones y respuestas

Casi dos horas le tomó ayer al ministro de Educación, , absolver el pliego de 18 preguntas que formaban parte de la moción de interpelación presentada por el Congreso de la República.

Saavedra respondió los cuestionamientos respecto a las presuntas irregularidades en la compra de computadoras para su sector y en la demora en la organización de los Juegos Panamericanos de Lima.

Este Diario contrastó algunos de los argumentos expuestos por el ministro y también algunas de las acusaciones que hizo la oposición durante el debate:

1. Presuntas irregularidades en la compra de computadoras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntas irregularidades en la compra de computadoras por S/146’397.709, realizadas a través de la modalidad de compra convenio marco.

Dichas adquisiciones estuvieron a cargo del Programa Nacional de Dotación de Materiales, que era dirigido por Ruth Marina Vilca Tasayco. Se cuestiona que el dinero de las compras haya sido depositado en las cuentas de tres personas vinculadas a Vilca Tasayco.

Al respecto, el ministro Saavedra señaló que la funcionaria estaba obligada a realizar las compras a través del convenio marco debido a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Saavedra afirmó que la norma dispone que los sectores están obligados a comprar bienes o servicios vía convenio marco si es que los bienes están incluidos en el catálogo de Perú Compras y si se cumplen con las especificaciones técnicas. No es posible hacer una licitación pública en esos casos.

Para el abogado Jorge Danós, la respuesta de Saavedra es correcta. Al respecto, dijo que existe la obligación de contratar con las empresas que se encuentran en el registro, a menos que hayan sido sancionadas.

“Son bienes que tienen precio fijo, no hay licitación pública en esos casos”, afirmó.

Por otro lado, Saavedra explicó que en el 2015 solo el 15% de los procesos de selección se hicieron a través de este convenio y el 14% en lo que va del 2016.

2. ¿Por qué el Minedu no detectó las irregularidades?
El ministro de Educación manifestó que su sector no tiene manera de hacer un rastreo de las transacciones de la empresa proveedora con los recursos públicos que recibió.

Sobre este punto, precisó que su despacho no tiene acceso a la información sobre las transferencias que realizan las empresas luego de que su sector desembolsa el pago. “No tenemos acceso al secreto bancario”, sostuvo.

Saavedra se comprometió a mejorar los sistemas de supervisión y fiscalización de compras en su sector para hacer frente a la corrupción.

Cabe resaltar que con el nuevo decreto del Ejecutivo, la UIF tendrá acceso al secreto bancario, previa autorización judicial.

—CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN—
3. “La prueba PISA es bamba”.
Durante el debate, el legislador Mauricio Mulder sostuvo que, durante la gestión del ex ministro de Educación del gobierno aprista José Antonio Chang, “no se hicieron pruebas PISA bambas” . Luis Galarreta dijo que era “un psicosocial”.

Cabe precisar que la prueba PISA es llevada a cabo por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años.

Según el experto en educación Hugo Díaz, la publicación de los resultados de la prueba se da de manera simultánea en el mundo.

Indicó que no es posible que se manipulen los resultados ni que se pueda variar su fecha de publicación y descartó que sea un psicosocial.
 
4. ¿Nueva denuncia o ‘refrito’?
El legislador fujimorista Héctor Becerril aseguró que tenía pruebas de un nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Educación relacionado a funcionarios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), que –dijo– “cobraban entre el 3% y 5% del valor de las obras y contaban con una organización criminal”.

El oficialista Gino Costa, sin embargo, aseveró que el ministerio tomó conocimiento del caso hace dos semanas.  “El Ministerio de Educación es el que ha denunciado a estos impostores y hay un proceso penal en este momento”, aclaró.

Saavedra ya había denunciado el referido caso en una entrevista publicada por El Comercio el 27 de noviembre. En aquella ocasión, afirmó que entre los implicados estaban un ex funcionario del Minedu y el ex congresista Juvenal Silva.

Además, la Procuraduría Pública Adjunta del Minedu presentó el 22 de noviembre pasado una denuncia penal ante el Ministerio Público contra siete personas por presunta estafa y tráfico de influencias, entre ellas Juvenal Silva.

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