El director de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó la aprobación de esta facultad para el reporte de operaciones sospechas. Sin embargo, cuestionó que el Congreso la esté implementando a través de una reforma en la Constitución. (Foto: Archivo El Comercio /
El director de la UIF, Sergio Espinosa, resaltó la aprobación de esta facultad para el reporte de operaciones sospechas. Sin embargo, cuestionó que el Congreso la esté implementando a través de una reforma en la Constitución. (Foto: Archivo El Comercio /
Giovanna Castañeda Palomino

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El Congreso aprobó este lunes, a la contraloría y a la levantar el secreto bancario y tributario. Actualmente, el órgano de control no tiene acceso a esta información y la SBS -a través de la )- puede hacerlo previa solicitud a un juez. Sin embargo, esta modificación a la Constitución necesita una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria para confirmarse.

En diálogo con El Comercio, el jefe de la , , cuestionó la forma en cómo se está otorgando esta facultad y consideró que debió ser a través de una ley ordinaria, como se hizo anteriormente con la Sunat. Alertó que este cambio puede “quedar en nada una vez más” si se rechaza en segunda votación y advirtió que generará cuestionamientos al acceso que tienen otras instituciones a esta información sensible. “Es peligroso”, dijo.

—En estos tiempos, en los que las autoridades investigan mega casos de lavado de activos como el de Odebrecht, ¿qué tan importante es esta reforma o este primer paso de reforma?

Como usted dice: es un primer paso. Es una reforma constitucional y por lo tanto requiere dos legislaturas ordinarias. Y hay toda esa discusión de si va a haber o no va a haber otra legislatura ordinaria. El otro tema es que esto se origina con un proyecto de ley, cuya última versión. . Pero cuando ha entrado a discutir al Pleno pues han dicho ‘no, mejor que sea reforma constitucional’. Y lo han mezclado con una iniciativa que venía de la contraloría, también en el sentido de tener acceso al secreto bancario de funcionarios.

—¿Cuál es el principal problema de haberse aprobado de esta manera?

La reforma a lo que apunta es a que cuando hay un caso de operación sospechosa enviado a la UIF (porque no es universal o permanente), se recibe la información y puede pedirla a todas las instituciones financieras tanto de las personas o empresas. Imagínese la potencia que tiene esa facultad en el marco de lo que pasó en el Perú en los últimos años y lo que pasa siempre. El problema es que desde hace 20 años hay un conjunto de leyes o decretos por los cuales se ha concedido a diversas instituciones públicas el acceso al secreto bancario o tributario. Hay varios ejemplos: . Tuvo una discusión amplia, pero en ningún momento se discutió que tenía que ser una reforma constitucional. Tampoco cuando el acceso se le otorgó o a la propia SBS para fines de supervisión, que lo tiene desde 1996.

—Entonces sí es una buena medida, pero pudo haberse conseguido sin la necesidad de una reforma constitucional

Exactamente. Esa es la síntesis. Esto se ha podido hacer por ley. Desde el punto de vista de la UIF, si esto se confirma en una segunda legislatura, vamos a tener acceso a una atribución que venimos pidiendo desde hace 12 años. El problema de hacerlo por [un cambio en la] Constitución y no por ley es que se va a poner en cuestionamiento el acceso que tienen otros organismos, que les ha sido otorgado a través de una ley. Por qué para uno requiere Constitución y para otro solamente ley. Uno le puede dar muchas interpretaciones a eso.

—¿Cuál es su interpretación?

Una interpretación es que hay más voluntad para dárselo a la Sunat que para dárselo a la UIF. Otra es que si esto requiere reforma constitucional entonces puede interpretarse que todas las leyes que se dieron antes tienen un problema de vicio de constitucionalidad, lo cual sería terrible. Ese es el problema. Pero respecto al fondo de la medida nosotros sin duda estamos de acuerdo.

—¿El proyecto nace como propuesta del Congreso y de la SBS?

El proyecto tiene su origen en uno que envió la SBS en el año 2009. Esta es una iniciativa que se ha discutido prácticamente en todos los congresos desde entonces y ha sido archivada en todos. Con la única excepción es que durante el Gobierno de Kuczynski con facultades delegadas se aprobó un decreto legislativo para que la UIF tenga acceso a esta información, pero a través de un juez. El problema con eso es que, para pedir la autorización a un juez, hay que darle los fundamentos que ameritan ese pedido.

—Pero sin tener información cómo se formula el argumento.

¡Correcto! Es un problema circular. Los argumentos que voy a tener para demostrar que tengo un caso suficientemente sólido lo voy a tener con la información completa. Es absurdo que se pida fundamentar el acceso a la información, cuando la información es el fundamento. El sistema es contradictorio, circular y no funciona en la medida que debería. Entonces, de ley, que obtuvo . Pero a la hora de hacerlo entrar al Pleno se fueron y en eso es lo que ha terminado. Pudo haber optado por el dictamen de Economía pero optó por el de la Comisión de Constitución.

—A pesar del antecedente que había con la Sunat y SMV.

Exacto. La propia UIF, cuando recibe un reporte de operación sospechosa, la ley dice que constituye una excepción al secreto bancario. Eso no está en la Constitución. Entonces el riesgo de ir por la vía constitucional es que seguramente lo que va a ocurrir es que habrá una lluvia de acciones legales que van a sostener que todo lo que se ha hecho antes con las leyes que ha existido es inconstitucional. Y eso es peligroso. Pondrá en tela de juicio la validez de las otras leyes. Si hoy el Congreso dice que para que la UIF tenga acceso se necesita modificar la Constitución, entonces cómo es que no dijo lo mismo para la Sunat hace meses. O antes para todas las entidades que le he mencionado.

—¿Cuáles serían esos peligros?

Si la interpretación va a ser que para acceder al secreto bancario se requiere un cambio en la Constitución y yo soy el abogado de una de las personas que están investigadas, voy a decir que esa información ha sido obtenida ilegalmente. Eso se puede aplicar para las facultades ejercidas por la Sunat o por la SMV. Ese es el peligro. Para mí es innecesario entrar a esa discusión. Nunca ha sido necesario y por qué ahora de repente a última hora entramos a la conclusión de que esto requiere una modificación constitucional.

—¿Es solo una cuestión de voluntad política o cree que hay algo más?

Creo que es una mezcla. Sin duda hay gente que tiene buena intención, les parece que es una buena idea, la votación ha sido muy favorable. Conozco personas que sienten, piensan y opinan que esto es un tema constitucional. Sin embargo, en la práctica lo que está ocurriendo hace 20 años es que hay leyes que asignan este acceso de información a un conjunto de instituciones. Entonces uno no puede aplicar el criterio de constitucionalidad sólo a la UIF y a la contraloría y dejar afuera a todos los demás.

—Volviendo a la cuestión del fondo, la medida es relevante. El Perú es el único país de la región que no tiene aún este acceso directo.

Sí, es correcto. El sistema que se aprobó en el 2016 de acceso a través de un juez es un sistema parecido al chileno, solo que en el caso de Chile es un sistema muy expedito que no requiere mayor fundamentación y donde un juez sólo le da la bendición. Ese no es el caso nuestro. Todos los demás países de América Latina y del mundo en general, me consta de la región, tienen acceso directo a esta información. Cuando uno piensa en la UIF piensa en lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Pero no hay que olvidar que el lavado de activos tiene orígenes en corrupción, tráfico ilícito de drogas, delitos ambientales como la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, una serie de delitos que son en realidad los grandes cánceres que atacan a la sociedad peruana.

—Estamos relegados.

Sí, es cierto. De hecho, el GAFI (Grupo de Acción Financiera) Latinoamericano nos evaluó como país a finales del 2018 y dice que la UIF de Perú no tiene acceso suficiente y oportuno al secreto bancario.

—En un país en los que los niveles de narcotráfico, corrupción, lavado de activos es alto y preocupante.

Sí. El Perú es un país que sufre específicamente de delitos como el financiamiento del terrorismo, como el tráfico ilícito de drogas, corrupción, minería ilegal, tala ilegal. Tenemos todas las fichas del bingo. Entonces para nosotros debería ser un tema prioritario hacer una lucha frontal no solamente teórica, no sólo en discursos, con este tipo de delitos. Ese es el tipo de medidas que además no nacen de la imaginación mía o de la SBS, sino que vienen de recomendaciones de organismos internacionales diversos. Hay consenso global al respecto. Si no tenemos información completa, tenemos ingredientes incompletos. El gran problema es que para ir a la despensa a recoger los ingredientes que me faltan tengo que justificar para qué los necesito y esos ingredientes son la justificación para eso que necesito. Es un problema circular. Un círculo vicioso.

—¿Qué espera entonces para la próxima legislatura?

Si se rechaza, queda en nada una vez más. Otra vez habrá que ver con el nuevo Congreso. Y si se aprueba dentro de nuestro punto vista será una iniciativa muy importante. Me preocupa, pensando en términos más anchos, todo el riesgo al sistema jurídico peruano. Pero en términos de UIF es una iniciativa muy importante para el ejercicio de nuestras funciones.

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