¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?
¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?
Rocío La Rosa Vásquez

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera , Sergio Espinosa, salió al frente de los cuestionamientos al pedido del Ejecutivo para que en el marco de las facultades legislativas se pueda dar a este ente adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) potestad para que levante el secreto bancario y tributario, previa autorización judicial y en base a las alertas de operaciones sospechosas. 

Uno de los cuestionamientos planteados por el congresista fujimorista Héctor Becerril es que sería inconstitucional que la UIF pueda compartir la información obtenida con órganos electorales como la ONPE, encargado de fiscalizar que dinero de origen ilícito no ingrese a las cuentas de los partidos políticos.

"Yo no veo esas razones. Ojo que no estamos hablando de pedir el levantamiento de la información y trasladarle eso a la ONPE o al JNE. Lo que se daría a la ONPE es copia de nuestro informe que va a la fiscalía y de manera confidencial para su trabajo de investigación de los aportes de campaña", señaló a este Diario Espinosa.

Según Espinosa, Becerril puede "haber entendido que la información en bruto se la damos a la ONPE y no es así".

Al ser consultado sobre cuál sería el procedimiento para que compartan esta información con la ONPE, Espinosa explicó que no bastaría con que el órgano electoral les entregue la lista de aportantes a los partidos.

"Tendría que haber algo más [que esa lista de financistas]. El sistema como se está planteando supone que nosotros para ir a un juez tenemos que tener una explicación. Tendríamos que haber encontrado en alguna de esas personas otros indicios", agregó.

En esa línea dijo que se tendría que ver si el aportante, por ejemplo, tiene una denuncia por narcotráfico, lo que constituye "un elemento que permitiría continuar [con la indagación]". Espinosa precisa que si esta persona no tiene antecedentes penales ni una denuncia ante la fiscalía ni aparece en informes anteriores de la UIF, "en esos casos no se va a pedir levantamiento de su secreto bancario".

En entrevista concedida a este Diario y que se publica mañana en nuestra edición impresa, el funcionario también explica cuáles serían las graves consecuencias de que la UIF peruana continúe sin tener estas facultades de las que ya gozan sus pares en la región. También respondió si estas atribuciones tendrían alguna incidencia en el caso del ex congresista fujimorista Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activo en el Ministerio Público.

LEE TAMBIÉN EN POLÍTICA...