Manuel Merino: en el Congreso archivan denuncian constitucional por muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó este viernes con ocho votos a favor, siete en contra y una abstención la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Manuel Merino de Lama y dos de sus exministros por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, durante las protestas de noviembre del 2020.

Inicialmente, la votación tuvo como resultado un empate de siete a siete votos, por lo que la representante de Alianza para el Progreso (APP) y presidenta del grupo de trabajo, Rosio Torres, utilizó su voto dirimente, con el que la balanza se inclinó a favor de que se archivara el caso.

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La denuncia fue presentada en octubre del año pasado por la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, para que continuasen las investigaciones a Merino, el ex jefe del Gabinete Ministerial Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez. Todos ellos tienen derecho de antejuicio, por lo que el expediente debe pasar por el Parlamento.

Así fue la sesión de la subcomisión:

A Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez se les imputaban los presuntos delitos de homicidio (por omisión impropia), lesiones graves y lesiones leves, por las manifestaciones en las que también resultaron heridas 78 personas.

El informe que recomendó el archivo del caso fue sustentado en la sesión por el parlamentario Alejandro Cavero, de Avanza País, delegado para este caso, quien durante su exposición mencionó que las “lamentables muertes” de los jóvenes “no fueron responsabilidad de los imputados” y que tampoco “está probada la responsabilidad de la policía”.

En la sesión también estuvieron las congresistas de Cambio Democrático Ruth Luque y Sigrid Bazán, quienes previamente habían solicitado participar, pese a que no integran la mencionada subcomisión.

A la exposición de Cavero le siguió un breve debate en el que solo participaron los legisladores María Taipe (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Edgard Reymundo (Cambio Democrático) y Martha Moyano (Fuerza Popular). También se otorgó la palabra a Luque y Bazán, quienes –como su colega de bancada Reymundo– criticaron el informe.

Bazán señaló que en el documento “se cita a la fiscalía en algunas cosas, cuando es conveniente” y “en otras se contradice” al Ministerio Público.

Al respecto, Cavero respondió que todas las pruebas y los testigos fueron “otorgados por la propia fiscalía en la denuncia”.

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La congresista Moyano tuvo una postura similar: “La fiscal de la Nación, que es la que acusa, no ha convocado ni solicitado, de ninguna manera, a nadie de la parte de las víctimas”.

Tras conocerse el resultado de la votación, Reymundo anunció que presentaría un pedido de reconsideración con el objetivo de que la decisión sea revertida.

En diálogo con El Comercio, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, expresó el rechazo de la institución a esta decisión, la cual “incumple con el deber de investigar de manera exhaustiva toda violación de derechos humanos”.

Castillo añadió que se impide que “el Ministerio Público y el Poder Judicial” determinen si hubo responsabilidad de Merino de Lama y sus ministros. El representante de la defensoría también indicó que “Merino sigue siendo susceptible a que se presenten otras denuncias constitucionales en su contra”.

En tanto, la congresista Luque, de Cambio Democrático, consideró que, con su actuación, la subcomisión perpetúa “el blindaje e impunidad” con un “voto lamentable” de su presidenta Rosio Torres, “quien en su rol debería ponerse de parte de la investigación que le permita a la fiscalía profundizar”. “El señor Cavero ha decidido ser fiscal, juez y perito y ha rechazado pruebas”, agregó.

Este Diario buscó contactarse con el congresista Alejandro Cavero y con los parlamentarios que votaron a favor del informe; sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Esta fue la denuncia constitucional archivada: