En medio de mucha polarización, el Congreso cedió a las presiones por parte de mineros informales y aprobó extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el próximo 30 de junio del 2025, con la posibilidad de que el Ejecutivo la amplíe por otros seis meses adicionales. En la práctica, una fórmula que da carta blanca hasta por un año adicional a un mecanismo que convive con la minería ilegal.
MIRA: Mineros informales lanzan amenaza al Congreso para que amplíen Reinfo: “La dirigencia no se responsabiliza de lo que pueda pasar”
Tras idas y vueltas, ayer —viernes 29 de noviembre— se volvió un día clave. Por un lado, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, explicó temprano que hubo una reunión en la víspera con integrantes de la Comisión de Energía y Minas, donde se les instó, desde la Mesa Directiva, a que tomen una decisión concreta.
Hizo referencia a los centenares de mineros apostados en la Av. Abancay y a los bloqueos registrados en las carreteras en el sur del país. Dijo que el Congreso tiene que dar una respuesta. “Son trece bancadas y cada una tendrá que asumir su responsabilidad frente al país”, acotó.
Por otro, desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) lanzaron una amenaza directa y exigieron que se resuelva la ampliación “sí o sí”.
“Caso contrario, a partir de esta fecha, ya toda la dirigencia nacional de la Confemin Perú ya no se responsabiliza nada de lo que pueda pasar. Más bien responsabilizamos a las autoridades, a los congresistas que se oponen al proceso de ampliación, porque no hay otra alternativa”, dijo el dirigente Máximo Franco Bequer.
—Lo aprobado y lo pendiente—
Pasado el mediodía, la Comisión de Energía y Minas sesionó y su presidente Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) llevó un texto sustitutorio con la fórmula de ampliar la vigencia del proceso de formalización hasta el 30 de junio del 2025. Ese plazo “puede ser prorrogado por única vez por seis meses adicionales”, a través de un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
“El presente plazo se establece como un marco transitorio hasta la promulgación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (...) por lo que al momento que entre en vigor dicha ley, la presente ley queda derogada”, se lee en el texto.
También se planteó la modificación de la normativa del Minem para incluir como parte de sus competencias el “ejercer la rectoría” de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, incluyendo la supervisión, coordinación y fiscalización.
Durante el debate, el legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular) apuntó hacia el Ejecutivo y dijo que el Congreso se encontraba “con un gran problema” porque no se planteó una propuesta que busque una solución integral para este sector.
Esto en referencia al proyecto de ‘Ley Mape’. “Lamentablemente —acotó— lo que nos trajeron fue más de lo mismo y fue la expresión pura de que este Ejecutivo no quiere comerse el pleito”.
Adelantó que, desde Fuerza Popular, estaban de acuerdo con la ampliación planteada, pero pidió incorporar un mecanismo de trazabilidad. La incorporación de esto fue aprobada con una cuestión previa, incluyéndose al texto la creación de un sistema interoperable para supervisar la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal.
La responsabilidad de esto también recae en el Minem, en un plazo de seis meses. Este sistema estará interconectado entre las entidades del Estado, con la supervisión también de la Policía Nacional, la Sucamec, la Sunat y otros entes. Según la fórmula, las plantas de procesamiento —a donde llega el mineral extraído— deberán inscribirse en el registro de trazabilidad.
Por su parte, el congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista) insistió en reiteradas ocasiones en que el plazo no sería suficiente, mencionado incluso el receso el Congreso de enero y febrero próximo. Planteó, por el contrario, que ello sea un año.
“¿En seis meses nosotros vamos a poder debatir? Es un tema que hay que ser realistas. (...) No se trata de solo determinar y en seis meses. Totalmente de acuerdo con otros temas; sin embargo, en la temporalización, propongo de una u otra forma un año. Eso sí es un tiempo muy óptimo para poder regularizar la formalización”, cuestionó. No se acogió su propuesta.
En símil, el congresista Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) aseguró que esta minería “no solo sustenta a miles de familia, sino que también juega un rol crucial en la economía nacional”. Dijo que, a su juicio, el plazo dispuesto “tampoco es factible” —recordó que presentó un proyecto para una ampliación hasta el 2027—; “sin embargo, me allano en el marco de dar solución a este problema”.
En tanto, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) dijo que se debe “legislar respetando los principios básicos de racionalidad y prudencia”. “Nuestra bancada de Perú Libre propone que la ampliación del Reinfo debe considerarse un año, más el plazo adicional que proponga el Minem que puede ser seis meses o doce meses”, propuso. Tampoco se acogió su propuesta.
Por otro lado, la legisladora Diana Gonzáles (Avanza País) mostró su preocupación porque esta ampliación genere, hacia fines del próximo año, “exactamente la misma situación y, peor aún, ad puertas a un proceso electoral”. “Se corre el riesgo de politizar mucho más el tema”, aseveró.
En la comisión, el tema fue aprobado con 15 votos a favor, uno en contra –de Perú Libre– y cuatro abstenciones –dos de ellas, de Alianza para el Progreso–. Y fue llevado el mismo día al pleno, la máxima instancia, donde se abordó al rededor de las siete de la noche.
Allí, un grupo de legisladores como Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre) insistieron en que se amplíe más el plazo. Otros como Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Luis Aragón (Acción Popular) cuestionaron que no se aborde la exención de responsabilidad penal para los que tienen Reinfo. “A la fecha no se permite denunciar a los que tienen Reinfo. Eso nos parece criminal, porque por un tema de populismo, no se puede atentar contra la salud, contra los recursos naturales y contra el medio ambiente”, dijo Aragón.
Al final, el texto fue llevado a votación por Gutiérrez sin recoger más modificaciones, argumentando que todo ello se verá en la próxima ‘Ley Mape’ que se trabajará a partir del 2 de diciembre. “Y una vez más les llamo a todos, yo estoy seguro que todos podemos aportar. Si el Ejecutivo no pudo lograr este objetivo en bien de nuestros hermanos mineros, que aportan a la economía también del país, creo que nosotros lo podemos hacer. Y esa es la meta y el objetivo de la comisión”, indicó.
Esta es la tercera ampliación del Reinfo.
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