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El caso del excongresista Roberto Vieira, quien fue acusado el año pasado por su primo hermano de haberle solicitado US$25 mil para intervenir a su favor y levantar una sanción a su embarcación pesquera, será visto por el Congreso 2020-2021. Un informe de calificación de la secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda declarar procedentes las denuncias presentadas en su contra por este hecho.
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El informe, que será evaluado en la sesión de este lunes y al que accedió El Comercio, acumula las denuncias presentadas tanto por el ahora excongresista Richard Arce, en calidad de vocero del Nuevo Perú, así como por la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En este expediente se le imputa a Roberto Vieira los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias; además infringir la Constitución.
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“El 4 de febrero del 2019, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Directoral N°133-2019-PRODUCE/DGPCHDI, a través de la cual se dispuso una sanción de caducidad al permiso de pesca otorgado a la embarcación pesquera denominada “Ponce II”, la cual le pertenecía al señor Guillermo Wenceslao Venegas Vieira, quien sería primo del excongresista Roberto Gamaniel Vieira Venegas, quien, para exceptuarlo de dicha sanción, aparentemente habría pedido $25,000.00″, se cita en el informe una de las denuncias.
El caso fue revelado por “Panorama” en marzo del año pasado. El dominical presentó audios de conversaciones y el testimonio del empresario Guillermo Venegas Vieira. “Él agarra y me dijo yo te soluciono el tema en dos días, pero quiero US$25 mil”, contó entonces el también primo hermano del exlegislador.
En su defensa, Vieira aseguró que todo se trataba de “una gran mentira” y rechazó haber recibido dinero. “No he recibido ni un sol y nunca he hecho tráfico ni a favor ni en contra de ningún proceso”, afirmó.
Según su versión, el dinero que le pidió al empresario no era para él sino para “contratar un abogado, amigo mío, especialista en derecho pesquero”.
Tanto las denuncias de Nuevo Perú como de la titular del Ministerio Público, presentadas en marzo y junio del 2019, respectivamente, no se llegaron a tratar por el Congreso disuelto, por lo que estaban pendientes de calificación desde entonces.
En la evaluación que realiza la actual secretaría técnica de la subcomisión se hace hincapié, entre otros, que “los delitos que se imputan al denunciado no han prescrito” y que se cumplen con los requisitos de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso.
En consecuencia, se concluye que se debería “declarar procedente las denuncias constitucionales” contra Vieira, “por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, tipificados en los artículo 385 y 400 del Código Penal; así como, por la infracción a los artículos 39 y 93 de la Constitución Política del Perú”.
Asimismo, se recomienda declarar improcedente la parte de la denuncia referida a la presunta infracción del artículo 44 de la Carta Marga, al no existir “conexión material entre lo acontecido y la norma constitucional invocada”.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá decidir si aprueba o no este informe de calificación. De llegar a hacerlo, el expediente sería elevado a la Comisión Permanente para que otorgue el plazo de investigación correspondiente.
A inicios de setiembre del 2019, antes de la disolución, el pleno del Congreso aprobó suspender a Roberto Vieira por 120 días sin goce de haber, tras una recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria.
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