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En junio del 2022, la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, promulgó por insistencia la Ley 31504, que modificaba los plazos para sancionar a los candidatos por no informar los gastos efectuados durante su campaña electoral. Un año después, El Comercio detectó que más de 400 casos se vieron afectados y que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) –ente encargado de fiscalizar los reportes de campaña– dejó de cobrar S/1′254.000 por aplicar esta norma que, entre los beneficiados, tiene a congresistas.
La referida norma modificó, entre otros, el artículo 36-B de la Ley de Organizaciones Políticas en tres aspectos: el monto y cálculo de la multa, la inscripción como candidato para ser pasivo de la sanción, y el plazo de prescripción. El principal cambio fue establecer que el plazo para determinar la existencia de la infracción sea de solo un año (antes era de cuatro años).
Esta fórmula fue aprobada pese a las observaciones de los entes electorales –entre ellos, la ONPE– y también del mismo Poder Ejecutivo.
Forzada por la ley, la ONPE tuvo que aplicar el principio de “retroactividad benigna” que tuvo tres efectos: desestimar procesos en curso que estaban fuera del plazo (391), recalcular multas (16) y dejar sin efecto multas (18).
—Los beneficiados—
Uno de los excandidatos que se salvó de una multa gracias a la Ley 31504 fue el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Muñante había recibido una multa de 10 UIT (unidades impositivas tributarias) –equivalentes a S/49.000– por no haber entregado su reporte de campaña en el 2020. Gracias a la nueva ley, su multa quedó en cero. “Considerando que la infracción imputada se habría configurado el 17 de octubre del 2020, se colige que el plazo para determinar su existencia venció el 18 de diciembre del 2021, es decir, antes de que la administración ejerciera su potestad sancionadora. Siendo así, corresponde dar por concluido el presente procedimiento”, determinó la ONPE con base en la Ley 31504, en una resolución de febrero pasado.
Consultado al respecto, Muñante dijo que se enteró de su multa en medio del debate de la norma, y que solicitó retirar su voto a favor en la Comisión de Constitución.
“En el pleno no voté consciente de que esta situación podía generar un conflicto. Pero [la multa] no tenía ni pies ni cabeza, porque se me quería sancionar por no entregar el informe de una campaña de la que me excluyeron”, afirmó tras reconocer que no hizo el ‘disclaimer’ de su multa en el debate que se dio en el pleno.
Según la resolución de la ONPE, Muñante envió un oficio requiriendo información sobre la sanción. Su oficio fue enviado el 10 de junio del 2022: once días después de que el pleno aprobara la fórmula legal que luego dejaría sin efecto su multa.
Otro congresista que figura en las resoluciones de la ONPE es Carlos Anderson (no agrupado). En diciembre del 2021, el ente electoral le abrió un procedimiento sancionador “por no presentar su informe financiero en el plazo legal”. Poco más de un año después, se dio por concluido el procedimiento por la Ley 31504, por la cual Anderson votó a favor en la insistencia del pleno.
Anderson aseguró a este Diario que “jamás” recibió la resolución que dio por concluido su procedimiento sancionador. “En mi caso, se alegaba que no había presentado el informe a tiempo. Mis abogados demostraron lo contrario y la verdad nunca más escuché de ello”, dijo.
Fuera de los actuales congresistas, hay varios personajes del ámbito político que se vieron beneficiados de la norma. Está el caso del exparlamentario Carlos Fernández, e Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala, a quienes se les redujo la multa de 10 a 3,5 UIT.
En el caso de Alejandro Salas, exministro de Pedro Castillo, la ONPE le abrió un proceso sancionador en el 2021 “por la recepción de aporte de fuente prohibida” en la campaña del 2020. Un año después, se tuvo que dar por concluido el proceso en aplicación de la nueva ley.
La postura de la ONPE
Cambios constantes
La ONPE recordó que desde el 2017 se ha aplicado una serie de modificaciones en plazos de caducidad y prescripción.
“Sin duda, ocasionan que como institución constantemente estemos reajustando internamente tiempos y procesos ya en marcha. En ese sentido, la actual gestión ha dispuesto una serie de modificaciones internas que intentan mitigar los efectos negativos de los constantes cambios”, indicó la entidad a El Comercio.
Desde el 2017, el ente electoral ha tenido que emitir tres reglamentos y tres resoluciones jefaturales distintas para poder viabilizar los cambios aprobados desde el Congreso.
Entre los ajustes realizados están el establecimiento de sistemas de comunicaciones de alerta a candidatos y partidos a través de una casilla electrónica, la implementación de un sistema de monitoreo para garantizar que los expedientes se resuelvan a tiempo, incrementar los equipos de trabajo vinculados a todo el proceso y fortalecer la capacitación a nivel nacional durante los procesos electorales para enfatizar el cumplimiento de la norma que exige la presentación de informes financieros. "A esto se suma la mejora en la plataforma Claridad que permite un mejor acceso y presentación de los informes financieros", explicaron.
—Implicancias—
Para Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, la Ley 31504 forma parte de las acciones que minan los efectos de algunas políticas claves como la regulación de los gastos de campaña. “Una regulación laxa les es conveniente”, manifestó.
“Uno de los efectos es no poder seguir con detalle lo que ha sido la campaña de las personas que llegan al poder. La información oportuna permite evaluar posibles compromisos”, advirtió Lanegra a El Comercio.
El Congreso aprobó en el 2022 una ley que se trajo abajo más de 400 procesos contra candidatos por no transparentar su información de campaña electoral.
