Sesiones de amanecida en el Congreso: ¿Qué temas se aprobaron cuando todos dormían?

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Las sesiones madrugadoras han sido una práctica constante en este periodo que arrancó el pasado 16 de marzo. Aquel día, su sesión de instalación se extendió hasta la madrugada del 17 de marzo y aprobaron dos normas: la primera, referida a la duración de las legislaturas y la segunda sobre un plazo de seis meses al Congreso para introducir cambios electorales.

Esta última ley recibió críticas desde el mismo Congreso debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral, había recomendado que solo se aprueben cambios hasta antes de la convocatoria del proceso electoral, previsto para julio. Pese a ello, aprobó darse un plazo hasta setiembre.

En adelante, otras cinco sesiones se extendieron hasta la madrugada del día posterior.

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La Mesa Directiva programó para el viernes 3 de julio lo que sería su último pleno al cierre de la primera legislatura. En la agenda figuraban temas importantes: los cambios al mecanismo de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y los impedimentos para que sentenciados en primera instancia no puedan postular a cargos públicos.

El debate de aquella sesión se prolongó hasta las 07:30 a.m. del sábado 4. A las 05:00 a.m., el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza para El Progreso, Lima) introdujo modificaciones al texto que se había aprobado en su grupo de trabajo, unos cuatro días antes.

Los cambios establecían un escudo para que los parlamentarios estén exentos de responsabilidad por sus acciones legislativas, de representación, de fiscalización y de control político. Es decir, no podrían ser acusados por nada referido a su labor como legisladores.

Dicho pleno levantó su sesión a las 07:30 a.m. sin ver el dictamen sobre impedimentos para sentenciados por corrupción. Tal fue la crítica por estas dos polémicas decisiones, que el pleno tuvo que volver a sesionar el domingo 5 para rectificarse.

Aunque la cura resultó peor que la enfermedad, pues el Congreso terminó reformando cinco artículos de la Constitución para realizar cambios a la inmunidad, ya no solo de parlamentarios, sino de altos funcionarios, y habilitando la acusación del presidente de la República por delitos contra la administración pública.

Norma contra acaparamiento y especulación a las 2 de la mañana

Otro pleno polémico es el del 5 de junio se dieron dos normas polémicas. A la 2:20 a.m., se aprobó la ley sobre acaparamiento y especulación de precios, un tema que había sido observado por el Poder Ejecutivo en el 2017; y a las 5:58 a.m. la ley de ascenso automático en Essalud.

En la madrugada, sin espectadores más que los asesores parlamentarios, se tomaron decisiones un tanto desordenadas y con varios hechos que terminan pasando desapercibidos. Uno de ellos sucedió el mismo 5 de junio cuando Daniel Urresti (Lima), vocero de Podemos Perú, presentó una cuestión previa para que la ley sobre ascensos automáticos regrese a comisión para un nuevo estudio, y luego anunciaba que su bancada se abstenía.

Cuestión de transparencia

José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, refirió que el actual periodo debería establecer un horario acorde a las actuales circunstancias. Esto con el fin de que la ciudadanía pueda seguir las transmisiones y los debates sobre la aprobación de leyes.

“En otras oportunidades se ha trabajado sin cesar y se ha suspendido la sesión a las 9 de la noche para continuar al día siguiente. Es un tema de transparencia, y de responsabilidad”, exclamó Cevasco a El Comercio.

Los parlamentarios justifican las sesiones de amanecida con el argumento de que “su trabajo no descansa” y que “están dispuestos a trabajar hasta la madrugada por el bien del país”.

Sin embargo, a las sesiones de madrugada se suman otros factores ya desarrollados por este Diario en anteriores informes como las legislación express. Es decir, normas exoneradas de comisión y aprobadas sin un debido estudio técnico.

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En poco más de dos meses, el Poder Ejecutivo ya ha tenido que acudir al Tribunal Constitucional por una norma aprobada por insistencia en el Congreso: la ley que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados.

Decisiones pocos reflexivas

El Tribunal Constitucional, en varias resoluciones, ha cuestionado el proceso deliberativo del Parlamento. Un ejemplo es el fallo sobre la reforma al Reglamento del Congreso en torno a la “bancada mixta”.

“En este caso, el Tribunal advierte que la adopción de la reforma al Reglamento del Congreso se dio sin que existiese un importante y necesario margen temporal para discutir todas las implicancias que podrían generarse con ocasión de lo resuelto en el expediente 0006-2017-PI/TC, incluso pese a su inminente publicación”, dice el fallo en su punto 25.

Luego, añade: “La solución que se adoptó, con un día de debate en el pleno y sin que existiera dictamen de comisión (al haberse exonerado de trámite), no termina de identificar y. afrontar los verdaderos males que aquejan nuestro modelo político”.

En el expediente del fallo de inconstitucionalidad contra la ley de publicidad estatal, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que resulta necesario fortalecer el debate legislativo, pues muchos proyectos de ley “son aprobados en tiempos extremadamente cortos, sin ser estudiados en las comisiones respectivas y siendo exonerados de la segunda votación, lo que impide los momentos de reflexión democrática que supone el debate parlamentario”.

Este Diario también ubicó un fallo del 2012, respecto a la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. En este, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña emitió un voto singular donde estableció lo siguiente, en su punto número 11:

“Entiendo que, en efecto, en algunas ocasiones, y sobre la base de consideraciones políticas, existen cuestiones urgentísimas que deben ser resueltas con prontitud. Sin embargo, las razones que hacen de algo políticamente urgente no pueden justificar el sacrificio absoluto, ni vaciar de contenido, los elementos o mecanismos que aseguran que las decisiones políticas sean realmente respetuosas del principio democrático, entre los males están, sin duda, aquellos vinculados con la deliberación, la reflexión y la revisión de las decisiones, máxime atendiendo a que nuestra Constitución ha planteado un sistema unicameral y, por ende, no cuenta con una cámara específicamente reflexiva o revisora”.

Este jueves 11, el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), había convocado a una nueva sesión del pleno para las 5:00 p.m. La sesión se extendió por más de siete horas, nuevamente hasta la madrugada, donde la última aprobada fue la que habilita al Banco de la Nación a abrir una cuenta bancaria a todos los ciudadanos que solicitan o cuenta con un DNI. Todos las leyes aprobadas en esta última sesión fueron exoneradas del trámite de comisión. Es decir, no contaron con un estudio técnico debido.

Omar Chehade (Alianza para El Progreso, Lima), en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, criticó que la Junta de Portavoces no permita el análisis de los proyectos en los grupos de trabajo. Como argumento utilizó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mostrados en líneas anteriores.

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