Vizcarra, su esposa y su hermano figuran en el grupo de 487 beneficiados con vacunas preferenciales de Sinopharm. El exmandatario ha declarado que creía ser parte del ensayo clínico. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
Vizcarra, su esposa y su hermano figuran en el grupo de 487 beneficiados con vacunas preferenciales de Sinopharm. El exmandatario ha declarado que creía ser parte del ensayo clínico. (Foto: Renzo Salazar/GEC)
Ana Bazo Reisman

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El expresidente afrontaría un proceso de acusación constitucional ante el Congreso, luego de que varias bancadas presentaran denuncias en su contra por su de Sinopharm.

Los diferentes partidos apoyan que no solo se le imponga el antejuicio por presuntos delitos, sino que también se lo someta a un juicio político o ‘impeachment’ para inhabilitarlo de la función pública por infracción constitucional.

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), declaró a este Diario que su fuero evaluará ambos escenarios a partir de las denuncias presentadas. Además, explicó las posibles consecuencias para Vizcarra respecto de cada figura.

Si procede solo el antejuicio, lo más que se puede llegar es a despojar [a Vizcarra] de la inmunidad de la que gozan durante cinco años los ex altos funcionarios. Si procede, además, el juicio político por infracción a la Constitución, ello lleva a una figura de inhabilitación, que puede ser por un máximo de diez años”, señaló el legislador.

Cabe recordar que las figuras de la acusación por infracción constitucional y del antejuicio están reguladas por la Constitución en sus artículos 99 y 100, respectivamente. El primero señala que es la Comisión Permanente -posterior al trabajo de la Subcomisión- la que acusa ante el Congreso por infracciones constitucionales y delitos de función. En tanto, el artículo 100 establece que el pleno puede suspender al funcionario acusado o inhabilitarlo por hasta diez años para el ejercicio de la función pública. En caso de acusación de contenido penal, esta es atendida por la Fiscalía de la Nación para elevarla a la Corte Suprema.

Pérez Ochoa explicó que, en cualquier caso, el procedimiento para la evaluación de las denuncias es uno solo y toma, como mínimo, 45 días hasta que se sometan al pleno.

“Primero, debemos hacer un informe de calificación para determinar la admisibilidad y procedencia [de cada denuncia]. Luego, la Subcomisión vota por el informe. En caso de aprobarlo, se eleva a la Comisión Permanente para que esta vote y nos autorice un plazo de 15 días para investigar. Posteriormente, encargamos rol de delegado a uno de los congresistas de la Subcomisión. El delegado elabora y sustenta un informe para convocar a una audiencia, a la que deben asistir denunciantes y denunciados”, refirió.

“Tras la audiencia, el delegado tiene cinco días para hacer un informe final. El informe debe ser votado y, luego, subir a la Comisión Permanente. También ahí el denunciado tiene que ejercer su derecho de defensa. Recién después de aprobar, la Comisión Permanente eleva al pleno del Congreso, donde nuevamente se convoca al denunciado para que se defienda”, precisó.

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Los plazos vs. las elecciones

¿Siendo candidato al Congreso por el partido Somos Perú, el exmandatario Vizcarra puede evadir una eventual inhabilitación que le dicte el Congreso? Para el experto en derecho electoral, José Naupari Wong, si Vizcarra resultara elegido el 11 de abril y el Congreso lo inhabilitara aun después de esa fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estaría atado de manos para otorgarle la credencial de parlamentario.

“En caso de que Somos Perú pase la valla electoral, Vizcarra sea electo congresista y el Congreso lo inhabilitara, el JNE tendría que retener la credencial y otorgársela de manera provisional al candidato que quedó segundo en la votación. Me refiero a una credencial provisional porque una inhabilitación -por más que sea de diez años- abre la puerta a un amparo que puede revocarla. Entonces, el JNE tendría que evaluar si entregar una credencial en esos términos o simplemente dejar fuera de la posibilidad al candidato electo y dar una credencial definitiva al electo que viene después de él”, detalló.

Jorge Jáuregui Mendieta, también experto en temas electorales, coincide en la posibilidad de que, una vez inhabilitado Vizcarra por el Congreso, el JNE podría negarle la credencial.

Es una opción que el JNE puede tomar. Simplemente, deja fuera del contexto de otorgamiento de credencial al candidato electo y se la entrega al siguiente. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta que la persona procesada por el Congreso puede presentar una demanda de amparo o la petición de una medida cautelar por vía judicial. Por lo tanto, no todo el proceso se agota con la inhabilitación que dicte el Congreso”, expresó.

Naupari indica que, en el caso hipotético de que el Congreso se tome más días de los previstos, Vizcarra, ganara la elección del 11 de abril y el JNE le otorgara la credencial para julio, sería el Congreso el que decida por no tomar su juramento.

Ya pasaría todo a la cancha del Congreso. Formalmente hablando, el Congreso es el que tiene competencia para hacer juramentar a un nuevo congresista. Si la inhabilitación llega después de que el JNE le otorgue credencial, el Congreso puede acordar negarle la juramentación y, una vez resuelta la inhabilitación, informar al JNE”, refirió el especialista.

En ese mismo supuesto, Jáuregui señaló que el JNE podría optar por acreditar al candidato electo y dejar que el Congreso se encargue de desaforarlo, post-inhabilitación.

Bancadas van por las dos figuras

El 15 de febrero, la congresista María Teresa Cabrera (Podemos Perú) presentó una denuncia constitucional para un antejuicio contra Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Pérez Ochoa refirió que, sobre dicho documento, la Subcomisión proyecta votar por su admisibilidad y procedencia el viernes de esta semana. Asimismo, dijo que otras denuncias similares, por tratarse del mismo caso, pueden irse agrupando.

Otras bancadas que también han tramitado denuncias constitucionales son Nueva Constitución, Frente Amplio y Partido Morado. Estas tres señalan que se debe ir por el antejuicio y por la inhabilitación.

En diálogo con El Comercio, el vocero alterno de Nueva Constitución, Orlando Arapa, señaló que su agrupación ha incluido al expresidente Vizcarra en dos denuncias: “En una, referida solamente a Vizcarra, estamos pidiendo su levantamiento de la inmunidad para que se le acuse en antejuicio. En una segunda denuncia, donde nos referimos a Vizcarra y a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, estamos pidiendo que se disponga la inhabilitación por infracción constitucional”.

De acuerdo con la bancada de Arapa, los exfuncionarios faltaron a los artículos 38, 39 y 41 de la Carta Magna, además de al numeral 1 del artículo 118. Estos artículos se relacionan al deber de protección de los intereses nacionales y de servicio a la Nación, denuncia por posible enriquecimiento y de cumplimiento de la propia Constitución.

La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio, comentó a este Diario que su denuncia fue ingresada a trámite el último lunes y que se sostiene tanto la presunta configuración de delitos como la infracción constitucional del artículo 39. “Hemos denunciado por los delitos de cohecho pasivo propio y colusión simple, pero también por infracción al artículo 39. Creo que sí corresponde que procedan ambas figuras [antejuicio e impeachment para inhabilitación]”, dijo.

Daniel Olivares, congresista y vocero titular de la bancada del Partido Morado, señaló que, desde el punto de vista de la agrupación, corresponde que el expresidente pierda la inmunidad para ser procesado ante la Justicia y que también sea inhabilitado para cargo público. “En nuestra denuncia, se contempla que así sea”, dijo el legislador. La tarde de este martes, Allí, se argumenta que Vizcarra infringió los artículos 9 (sobre el resguardo al acceso equitativo a los servicios de salud por política nacional), 39 y 118 de la Carta Magna.

El vocero de la bancada de Acción Popular, Franco Salinas, refirió que su grupo también presentará una denuncia contra Vizcarra. Según dijo, se pedirá inhabilitarlo. Respecto de plazos, señaló que se deberá respetar el promedio mínimo de 45 días.

“Estamos terminando con nuestros asesores y algunos constitucionalistas una buena denuncia constitucional, que estaremos presentando en las próximas horas o en los próximos días. Sobre el plazo, si bien hay una prioridad, hay que cumplir con el debido proceso y no vulnerar el derecho de nadie. Pero sí hemos exigido que la Subcomisión entre en sesión permanente para tener la celeridad que el caso amerita”, aseveró Salinas.

Desde Alianza para el Progreso, el vocero indicó que el grupo no tiene previsto redactar una denuncia propia, pero sí respaldar las ya formuladas por otras bancadas.

No queremos duplicar o triplicar las denuncias. Queremos, más bien, que eso se vea en el más corto plazo y, de esta forma, decirle al Perú que la traición va a ser castigada. Consideramos que la mentira y el abuso de autoridad que se ha cometido, además del secretismo, tienen que ser sancionados categóricamente con la inhabilitación por diez años de la función pública para el señor Martín Vizcarra. En la Subcomisión, apoyaremos la denuncia constitucional directa también para la señora Pilar Mazzetti y el resto de personas involucradas, también como la excanciller Elizabeth Astete”, explicó Combina a El Comercio.

Por su lado, la vocera Descentralización Democrática, Felícita Tocto, expresó que su bancada aguardará el trámite de las denuncias ya presentadas. “Hemos tomado conocimiento que ya se presentaron por lo menos tres denuncias constitucionales. En nuestra bancada, consideramos que, habiendo ya algunos colegas que han presentado sus denuncias, vamos a esperar su trámite correspondiente. Son necesarias las investigaciones correspondientes y que se sancione de manera ejemplar tanto política y penal de corresponder. Si se determina que amerita una inhabilitación, tiene que hacerse efectiva”, declaró.

Somos Perú, el partido que lanza a Vizcarra al Congreso, se mantiene en defensa del exmandatario. El 15 de febrero, la organización emitió un en las explicaciones del candidato. En declaraciones a El Comercio, el también reafirmó el apoyo de la agrupación para con el expresidente.

Este Diario intentó contactarse con voceros de Fuerza Popular, Unión por el Perú y Frepap para conocer sus posiciones, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

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