Morales fue designada secretaria general del Despacho Presidencial el 24 de marzo de 2018, un día después de que Vizcarra asuma la Presidencia. (Foto: Mario Zapata/GEC)
Morales fue designada secretaria general del Despacho Presidencial el 24 de marzo de 2018, un día después de que Vizcarra asuma la Presidencia. (Foto: Mario Zapata/GEC)
Sebastian Ortiz Martínez

Periodista

sortizm@comercio.com.pe

La Contraloría General de la República inició este martes una indagación sobre la contratación de Claudia Teresa Mere Vidal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el 2017, cuando la actual secretaria general de Palacio de Gobierno, , era funcionaria en dicha cartera.

Mere Vidal, según informó el programa Panorama el último domingo, es la tía de la hija de Morales.

De acuerdo a la denuncia periodística, la ingeniera industrial realizó encuestas por 45 días por días por S/4.500 para la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, que estaba a cargo de Morales. En aquel momento, la joven no contaba con título profesional y se había registrado como proveedora del Estado tres semanas antes.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

El órgano de control acreditó hoy una comisión de auditores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este equipo- pudo conocer El Comercio- tiene como objetivo recopilar información sobre las órdenes de servicio de Mere Vidal, que aumentaron después de que la abogada ingresará a la Casa de Pizarro.

Por ejemplo, en el 2018, recibió S/22.500 por tres meses de “servicios profesionales” y en el 2019, S/6.750 por brindar capacitaciones y charlas informativas en Piura por 27 días. La entidad que le paga es el mismo MTC.

En esa etapa, la contraloría definiría si hay irregularidades, observaciones y responsables.

MIRA: Morales bajo la lupa (Editorial)

El excontralor Fuad Khoury explicó a este Diario que la comisión de control, acreditada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberá verificar si en la contratación de Claudia Mere Vidal cumplió con la ley y con los requisitos establecidos en el concurso, en caso se haya convocado a una licitación pública.

“Lo que va a hacer la contraloría es determinar si hubo o no favoritismo. Lo más importante aquí es ver si la persona contratada cumplió con los requisitos de los puestos y eso es fácil. Y si hubo un concurso público, se tiene que determinar si fue transparente, si se llevó a cabo en el marco de las normas”, manifestó.

Khoury afirmó que si la contraloría prueba que Mere Vidal no cumplía con las condiciones para el puesto en que fue contratada en el MTC, esta podría ser suspendida para ser proveedora de servicios del Estado.

Y, por el lado, de Morales, si se determina un favorecimiento, podría llegar a ser inhabilitada como sanción administrativa.

Agregó que si la contraloría encuentra indicios de algún tipo de delito tendrá que presentar denuncia en el Ministerio Público.

MIRA: Mirian Morales, una mujer empoderada, un perfil de Fernando Vivas

El punto de vista legal

La penalista Romy Chang dijo a El Comercio que el Código Penal no sanciona el nepotismo, que es una falta administrativa, pero sí remarcó que castiga a los funcionarios públicos que favorezcan la contratación de un familiar o un tercero. Agregó que la conducta de la ahora secretaria general de la Casa de Pizarro podría enmarcarse en el artículo 399.

La negociación incompatible o el aprovechamiento indebido del cargo se da, refirió, cuando un servidor público indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, “en provecho propio o de un tercero”, de cualquier contrato u operación en el que interviene “en razón de su cargo”. Este delito tiene una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

“La situación de esta señora es complicada, se tiene que verificar si fue ella la que ordenó o la que recomendó a esta persona [Mere Vidal]. También si el trabajo de las encuestas se realizó y si era necesario en ese momento. Por ahí debe girar la investigación penal sin perjuicio a una sanción administrativa”, subrayó Chang.

El abogado penalista Enrique Ghersi coincidió con Chang, en el sentido, de que Morales habría incurrido en negociación incompatible. También afirmó que el Ministerio Público puede iniciar pesquisa contra la alta funcionaria del Ejecutivo por otros presuntos ilícitos, como nombramiento o aceptación ilegal de un cargo (artículo 381 CP) y colusión (artículo 384).

“Se debe determinar si la persona que contrató cumplía con los requisitos, aunque este delito se castiga con días multa, el más grave es el de colusión, que tiene una pena de hasta 15 años”, manifestó.

Morales se presentó el último viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por contratos del cantante Richard Cisneros. (Foto: Congreso)
Morales se presentó el último viernes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por contratos del cantante Richard Cisneros. (Foto: Congreso)

Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, discrepó con Chang y Ghersi al sostener que a Morales solo se le debe investigar por el artículo 381 del Código Penal.

“Hay una norma expresa para sancionar un nombramiento ilegal, cuando se designa a una persona que no tiene los méritos ni las condiciones para ejercer una función, lo otro, para mí no aplica”, expresó.

Te puede interesar