(Ilustración: GEC)
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Alicia Rojas Sánchez

El planteamiento hecho por la presidenta del (TC), Marianella Ledesma, sobre la reducción excepcional de sueldos de altos funcionarios del Estado debido a la emergencia nacional por la propagación del (), ha tenido respaldo en dos bancadas del .

y (UPP) presentaron dos iniciativas legislativas para reducir un porcentaje de estos salarios. La lista de funcionarios públicos en la escala de pagos estatal es encabezada por el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien percibe S/ 46.717,2 mensualmente. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tiene un ingreso de S/44.517,2; y el del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, es S/43.117,2.

Propuestas

El proyecto de ley 4991/2020, iniciativa de los parlamentarios Jim Ali Mamani y María Isabel Bartolo, de la bancada de UPP, sostiene que el reordenamiento de remuneraciones de los funcionarios públicos recae en una mayor necesidad debido a la emergencia sanitaria generada por la propagación del coronavirus (COVID-19).

Según consignan, hasta la fecha el Estado ha desembolsado S/2.700 millones en los decretos de urgencia emitidos para atender la emergencia. Mencionan que, debido a la coyuntura actual, los congresistas deben “asumir un mayor compromiso con el pueblo” y definir el reordenamiento de las remuneraciones “de forma definitiva y disponer la reducción temporal de las mismas ante la situación de emergencia sanitaria”.

Esta normativa impactaría la Ley N°28212, que regula los ingresos de autoridades del Estado. La propuesta está compuesta por dos partes: dispone el reordenamiento de las remuneraciones e altos funcionarios del Estado de forma definitiva (luego de la pandemia y que ningún funcionario perciba mayor sueldo al del presidente de la República); y dispone también la reducción temporal del 30% durante el período que dure la emergencia sanitaria, incluyendo al mandatario.

Se propone que los ahorros que esto genere serán transferidos al tesoro público y tengan como finalidad “la entrega de subsidios económicos a familias de pobreza y pobreza extrema del país”.

La iniciativa considera como altos funcionarios a congresistas, ministros, viceministros, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, jueces y fiscales supremos titulares, el presidente del Banco Central de Reserva y el gerente general. Además, magistrados del TC, el superintendente de Banca, Seguros y AFP –y adjuntos-, el defensor del pueblo, el contralor –y vicecontralores-, miembros de la Junta Nacional de Justicia, miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y los jefes de la ONPE y el RENIEC.

La magistrada Marianella Ledesma propuso la semana pasada que, debido a la emergencia nacional, los sueldos de altos funcionarios sean reducidos parcialmente. (Foto: GEC)
La magistrada Marianella Ledesma propuso la semana pasada que, debido a la emergencia nacional, los sueldos de altos funcionarios sean reducidos parcialmente. (Foto: GEC)

El mismo día que se presentó este proyecto de ley, el congresista Rolando Ruiz, de Acción Popular, presentó el PL 5002/2020 que propone la reducción de la remuneración de los altos funcionarios del Estado de manera temporal y excepcional, en solidaridad con los afectados por el COVID-19.

“La actual situación que atraviesa nuestro país, afectado por la pandemia COVID-19, podría determinarse como un caso fortuito o de fuerza mayor, que ha permitido la promulgación de diversas normas como las declaratoria de emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio de toda la población (...)”, señala la propuesta. Asimismo, consigna que funcionarios como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; así como el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, tuvieron comentarios positivos a la propuesta de la magistrada Ledesma.

La iniciativa de Acción Popular propone la reducción temporal del 10% de la remuneración de altos funcionarios mientras dure la emergencia sanitaria. Además, dispone excepcionalmente que ningún servidor público perciba una remuneración mayor a la del presidente de la República mientras se extienda la contingencia por el COVID-19.

A diferencia de la propuesta de UPP, en la lista de altos funcionarios a quienes se aplicaría esta reducción se incluye al gerente general de Petro Perú, los superintendentes de la Sunat, de Aduanas y otros funcionarios contratados bajo el régimen de personal altamente calificado (PAC) u otra modalidad, y cuya remuneración actual sea superior a la del mandatario.

El monto ahorrado, proponen, debería ser empleado en apoyar a los afectados por el COVID-19 que residan en zonas vulnerables del país.

¿Qué opinan las demás bancadas?

Rocío Silva Santisteban, vocera alterna y congresista del Frente Amplio, señaló que esta bancada está trabajando en una propuesta legislativa en el mismo tenor, y será iniciativa del congresista José Luis Ancalle. “Lo estamos discutiendo a nivel interno porque plantea algo que iría más allá de la emergencia del COVID-19 y es por eso que estamos debatiéndolo”, dijo a El Comercio. Asimismo, el congresista Lenin Moreno, vocero de la misma bancada, mencionó que “se deberían bajar (sueldos de altos funcionarios del Estado) a 3 UIT en una primera acción (S/12.900). Es un planteamiento que hemos propuesto".

Quien también se mostró a favor de la idea de una reducción temporal de las remuneraciones es la congresista Cecilia García, de Podemos Perú. “No hemos discutido ese tema a nivel de bancada. Mi opinión es que se tiene que hacer una reestructuración de todos los sueldos. No es posible que una persona gane de una manera abismal en diferencia a otras. Aún no lo hemos discutido (tener una propuesta al respecto). Pero, cuando hubo el pronunciamiento de la magistrada Ledesma, personalmente estuve muy de acuerdo y que no sea una medida excepcional, sino permanente”, refirió a este Diario.

Por otro lado, el congresista Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, dijo que en lugar de ser una normativa, la reducción salarial en este tiempo de emergencia nacional debería ser un gesto solidario y no una imposición. “Estoy seguro que esto debería emanar de la propia voluntad de los funcionarios. No se puede pretender ser solidario por obligación”, dijo. Además, respecto al reordenamiento de la escala salarial, propuesto por UPP, mencionó que al ser una tema más complejo merece otro tipo de evaluación. “Como es más profundo, es algo que amerita una evaluación mayor. Se tocará seguro después de que pase esta crisis”, declaró.

Sin embargo, sí consideró oportuno que se revisen los sueldos de altos funcionarios del país y que su ordenamiento no caigan en “subjetividades”. “Sé que el desarrollo y la experiencia personal no hay manera de ser calculados, pero sí podrían establecerse ciertos techos porque sino cada quien va a sentir que puede ganar cien mil soles mensuales porque es lo que vale y no se puede quedar en la subjetividad. Pero tampoco somos de la idea que deban ganar poco, sino lo justo, prudente y atractivo. Sí vemos que el Estado es un mal comprador y empleador”, finalizó.

A su vez, Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, estimó que el tratamiento de los proyectos excedería el tiempo de emergencia por la propagación del COVID-19. “Lo que va a pasar con estos dos proyectos es que serían derivados a la Comisión de Constitución, quizás Justicia y Economía, y si es que los dos proyectos están enfocados a una reducción en lo que dure la crisis sanitaria, la norma quedaría en el aire porque en tanto se discute en comisiones, mientras pasa al Pleno, más los 15 días para observarla, ya estamos en junio o julio. Ya no habría ya razón de ser de las normas”, mencionó.

De acuerdo con su posición, la posibilidad de reducción debería recaer en una decisión política e individual. “Si estamos hablando de un tema por la emergencia, creo que eso va a ser una decisión política de cada parlamentario. Creo que cada uno tiene que decidir cuál va a ser su contribución y no publicitarlo. Las acciones de apoyo social no deberían estar siendo publicitadas”, dijo.

¿Solo un gesto político?

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, opina que estas medidas propuestas no tendrían un considerable impacto económico para el país durante esta emergencia por la propagación del COVID-19; más bien, sería solo un gesto político.

“Algunos lo han catalogado como una medida populista, pero es un gesto político. Es decir, que la gente sienta que todos ‘se están mojando’ de alguna manera. No son muchos funcionarios y no es tampoco dinero significativo que vaya a ayudar a que se financien los problemas”, explicó a El Comercio.

Al igual que él, el analista político Luis Nunes opinó que “todo es factible” debido a la coyuntura actual, pero una propuesta así “sería más bien un gesto simbólico” porque no son muchos los altos funcionarios del Estado en quienes impactaría la reducción excepcional.

“Como gesto, bien, me parece que la magistrada Ledesma quiso eso, pero en el fondo no impacta demasiado en las cuentas generales de la República”, comentó a este Diario.

Asimismo, Casas mencionó que esta decisión podría recaer en el mismo funcionario, y que voluntariamente realice esta reducción. “Podría ser una alternativa que haría que la carga recaiga en cada funcionario”, agregó.

Casas explicó también cuál podría ser el impacto económico de la reducción de remuneraciones: “En promedio, pongamos que son 30 mil soles por cada funcionario. Si es 10%, son 3 mil soles. Supongamos que hay unos 100 funcionarios en este rango, serían 300 mil soles. Y eso puede ayudar en algo, pero no será un cambio dramático. Si fuera el 30%, serían 900 mil soles. Es un monto de dinero significativo, todo contribuye, pero el aporte marginal es casi nada”.

Agregó que la propuesta de UPP respecto al reordenamiento salarial, en estas circunstancias, no tendría ningún sentido. " En esta coyuntura tenemos que sumar esfuerzos para atacar el problema y reordenar todo no es un buen momento para hacerlo", dijo. “Siempre hay espacios para hacer mejoras y discutir, pero ya existen las leyes y escalas remunerativas. No solo son remuneraciones, sino incentivos para mejorar el desempeño de los funcionarios públicos. Creo que abarca más que eso. Existe el marco legal, sino que hay que ponerlo a operar en el sentido de que funcione bien para los funcionarios”, añadió Casas.

Por su parte, Nunes sostuvo también que no sería el momento para atender un reordenamiento salarial. “Estamos en un momento de emergencia. Eso quedaría para después. Igual que el presidente ha señalado que hay que hacer un reordenamiento pensionario en el Perú. Pero, hacer las cosas por la emergencia no nos deja pensar con la cabeza fría. Creo que son medidas que hay que tomar en el mediano plazo”, opinó.

Casas añadió que “no solo [se debe] hablar de escala remunerativa. El Estado tiene demasiados regímenes salariales como para modificarlo. Tenemos el marco legal con la Ley Servir y todo lo que ha salido alrededor de eso. Sería cuestión de darle más impulso político. Sacar una ley puede ser efectista, pero el Perú estamos llenos de leyes que no se aplican. No sería muy beneficioso”.

Mención previa

Hace una semana, la magistrada Ledesma sugirió en una entrevista con ATV que el Gobierno emita un decreto de urgencia para descontar sueldos de altos funcionarios públicos en aras de la “solidaridad” para afrontar la pandemia del COVID-19. Ella, al igual que los otros seis miembros del Tribunal Constitucional, perciben un ingreso mensual de S/35.017.

“El vicepresidente del Tribunal, Augusto Ferrero, también está de acuerdo con que se dé esta medida. Esto no es algo novedoso, el TC tiene jurisprudencia al respecto y ha determinado que sí se pueden reducir los sueldos de manera unilateral temporalmente ante una situación excepcional”, dijo la magistrada Ledesma.

Uno de los primeros en cuestionar esta propuesta fue el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Sostuvo que esta sería una medida “populista” porque no contribuiría a atender la emergencia sanitaria. Él percibe un ingreso de S/41.600.

“Me parece una tontería, no por mi sueldo, que me importa un pepino, sino que me parece una tontería. Estamos tratando que los sectores privados mantengan su sueldo y ahora usted quiere que la demanda se hunda porque se reduzca la mitad de los sueldos públicos, es una tontería. Ahora quiere que un millón y medio de trabajadores del sector público le paguen la mitad no tiene ningún sentido”, manifestó Velarde en diálogo con RPP.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje del mediodía del pasado viernes también se refirió sobre esta propuesta.

“Si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede, adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como Ejecutivo para atender y mejorar la situación de millones de familia de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno, del Estado peruano, quiere dar parte de su sueldo, bienvenido sea, todo suma. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad, de una vez, que procedan", dijo el mandatario.

Una vez se puedan retomar las actividades en el Congreso, suspendidas debido a la contingencia por la propagación del nuevo virus y la afectación de uno de los trabajadores del Congreso.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

  • Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.
  • Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.
  • Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.
  • Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.
  • Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

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