La Comisión de Constitución tiene previsto debatir y aprobar los tres dictámenes pendientes de la reforma política el próximo viernes. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
La Comisión de Constitución tiene previsto debatir y aprobar los tres dictámenes pendientes de la reforma política el próximo viernes. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)

La del Parlamento recibió ayer al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, quien expuso los alcances del proyecto del Ejecutivo que propone que la Corte Suprema de Justicia tenga la prerrogativa de levantar la en un plazo improrrogable de 30 días hábiles.

Sin embargo, cuatro de las seis bancadas que actualmente integran el grupo dirigido por la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) están en contra de que la Corte Suprema tenga esta potestad. Por ejemplo, el congresista Javier Velásquez Quesquén adelantó que el Partido Aprista votará en contra de esta iniciativa si se mantiene como está.



Consideró que la inmunidad parlamentaria es una garantía de la “independencia y soberanía” del Parlamento “frente al poder, especialmente del Ejecutivo”. Agregó que esta prerrogativa no puede estar en manos de otra institución del Estado.

No obstante, Velásquez Quesquén reconoció que sí es necesario establecer plazos para resolver los pedidos que realiza el Poder Judicial sobre el levantamiento de la inmunidad.

A su turno, el parlamentario aprista Mauricio Mulder precisó que las objeciones que su agrupación pone al proyecto del Ejecutivo “para cercenar la inmunidad” no benefician a los actuales congresistas, porque esta reforma, si es aprobada, entrará en vigencia para el Parlamento que sea elegido en el 2021.

Una opinión similar tuvo la portavoz alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, quien refirió la inmunidad parlamentaria “protege a quienes hemos sido electos para denunciar y fiscalizar”.

Salgado dijo los actuales parlamentarios no pueden dejar para el 2021 un Congreso “disminuido, acobardado y miedoso”.

(Foto: Hugo Pérez/ GEC)
(Foto: Hugo Pérez/ GEC)

Cuestionó que bajo la iniciativa del Ejecutivo la Corte Suprema de Justicia sea “juez y parte”.

La ex presidenta del Legislativo solicitó que la Comisión de Constitución debate el proyecto de ley que presentó el portavoz de su bancada Carlos Tubino, quien plantea que se cree un Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria (formado por cuatro expresidentes del Congreso de los últimos dos quinquenios, cuatro ex magistrados del Tribunal Constitucional y un ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones).

“Hay que buscar alternativas para que no se piense que queremos proteger a quienes vienen con su mochila”, remarcó.

El antecedente de Orellana
El congresista Víctor Andrés García Belaunde recordó, durante la sesión de la Comisión de Constitución, que él ni Zeballos, quien también es parlamentario, hubieran podido investigar a fondo a la red de corrupción y estafa del abogado si no hubiese tenido la inmunidad como protección.

“Gracias a nuestra inmunidad, las denuncias contra usted [Zeballos] y yo no pasaron, gracias a la inmunidad pudimos trabajar [en la Comisión Orellana], eso se nos quiere quitar ahora, se le va a entregar [a los parlamentarios] en fuente de plata a la delincuencia, nuestra cabeza a la voracidad de los grandes grupos económicos o del propio gobierno de turno, eso no se puede hacer”, subrayó.

García Belaunde opinó que un juez “que no ha sido elegido por el pueblo” no debe levantar la inmunidad de los congresistas.

Advirtió que Orellana estuvo “infiltrado” en el Poder Judicial y se apropió de más de 80 inmuebles gracias a ese poder del Estado.

“[César] Hinostroza estuvo a punto de ser presidente del PJ, ¿no pudo él tomar decisiones sobre el levantamiento del fuero? Lo importante es acotar los procesos”, remarcó.

La fórmula mixta de Iberico
El congresista Luis Iberico (Alianza para el Progreso) también se pronunció en contra de que la Corte Suprema decida si se le levanta o no el fuero a un parlamentario. Sin embargo, a título personal, propuso una fórmula mixta para regular la inmunidad.

Detalló que cuando un congresista tiene un procedimiento abierto antes de haber sido elegido, su inmunidad de arresto debe ser evaluada por la Corte Suprema del Poder Judicial.

Y, agregó, que si el proceso penal se le inicia al parlamentario en funciones, ahí si el Congreso debe evaluar si existe o no una “intencionalidad política” en la acusación.

Iberico refirió que el análisis del Parlamento, en este segundo escenario, tiene que realizarse dentro de un plazo.

El ex presidente del Congreso también rechazó las críticas que hizo más temprano el presidente Martín Vizcarra respecto a que solo uno de los seis proyectos de la reforma ha sido aprobado en el pleno cuando quedan menos de 10 días hábiles para que concluya la presente legislatura.

“Tengo que señalar que se ha avanzado bastante, estamos llegando a un momento de definiciones. [Vamos a] cumplir con nuestro propio compromiso al dar la confianza. Pero es parádojico que el presidente [nos critique] cuando un gobernador regional le da plazo al gobierno” para resolver el conflicto de Tía María, remarcó.

Antes de que concluya la sesión de la Comisión de Constitución, que duró cuatro horas, el ministro Zeballos .

“Se ha indicado que el Poder Judicial no estaría habilitado para deslindar las motivaciones políticas que pudiera haber detrás de un requerimiento [de levantamiento de inmunidad], pero esto ya se viene dando en el caso de las extradiciones con mucha labor y acuciosidad deslinda si hay motivación política para dar pase”, concluyó.

Bartra convocó al grupo a sesionar este miércoles a las 09:30 de la mañana, a fin de debatir el proyecto sobre paridad de género y alternancia.