Cuestionamientos al más alto nivel de la justicia [INFORME]

Nada menos que 12 de 31 altos funcionarios de las principales instituciones del sistema de justicia del país han sido señalados como integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según un informe de la fiscal del Callao Sandra Castro.

—Fiscales supremos—
Tres de cinco miembros de la Junta de Fiscales Supremos han sido vinculados a esa red. Esa mayoría, por ejemplo, votó a favor de que Pedro Chávarry jurara como fiscal de la Nación.

“Este órgano tiene más que nada atribuciones administrativas. Pero si tuvieran otras, no decidiría nada porque hoy sabemos que tienen mayoría”, comenta el ex fiscal supremo provisional Víctor Cubas.

Uno de los miembros de esa mayoría es Víctor Rodríguez Monteza, quien fue jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno hasta julio de este año. Durante casi tres años, tuvo en sus manos la decisión de elevar o no al fiscal de la Nación las denuncias por delitos de función que pesan sobre jueces y fiscales. “[El Control Interno] busca evitar que haya corrupción en el interior de la fiscalía”, indica el penalista Rafael Chanjan.

En opinión de Cubas, a pesar de que los audios se conocen desde julio, la actuación de este órgano ha sido poco diligente ante la gravedad de las denuncias.

—Jueces supremos—
En el Poder Judicial (PJ), la figura es similar, aunque los implicados no alcancen una mayoría. Cuatro de 18 jueces titulares de la Sala Plena de la Corte Suprema han sido señalados como miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. La Corte Suprema es la más alta jerarquía del PJ. Esta decide en última instancia sobre cualquier caso judicial.

A diferencia de instancias inferiores del PJ, la Corte Suprema puede crear jurisprudencia vinculante: lineamientos que obligan a todos los jueces a interpretar de una determinada manera las leyes; casi como un legislador. A esta instancia, además, llegan casos de extradición como el del hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo. Es ahí donde se juzgan los delitos atribuidos a altos funcionarios como el presidente de la República, ministros u otros.

Los recursos de casación, mediante los cuales se revisa de forma excepcional si se aplicó bien la ley en instancias previas y el respeto al debido proceso, también se resuelven en la Corte Suprema. Un ejemplo es la controversial casación sobre lavado de activos emitida por la Sala Penal Transitoria, que presidió el ahora suspendido juez supremo César Hinostroza. Esta casación fue posteriormente revocada al considerarse un mecanismo de impunidad para las investigaciones del delito.

—CNM—
El hoy descabezado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sería, en condiciones normales, el encargado de investigar y destituir a jueces y fiscales cuestionados por delitos de corrupción. Sin embargo, los nexos de Los Cuellos Blancos del Puerto alcanzaron a más de la mitad de sus miembros: cinco de siete ex consejeros están presuntamente involucrados en esta red.

Por ley, el CNM tiene la última palabra para decidir sobre la permanencia de un juez o fiscal, incluso puede rechazar una recomendación de destitución de los órganos de control interno del PJ o la fiscalía. “Ya lo ha hecho antes con la recomendación de la OCMA para destituir al juez supremo Ángel Romero, tachado por el BCR, e hizo lo mismo con el ex juez supremo Robinson Gonzales, investigado por el Caso Orellana; estamos frente a mecanismos soterrados de protección”, concluye Cubas.