Declaran en emergencia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

La Sala Plena del Poder Judicial dispuso declarar en emergencia funcional durante 10 días al Consejo Ejecutivo, organismo de gestión de ese poder del Estado.

Esta propuesta fue presentada por el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y evaluada por los 18 miembros de la sala.

“Hemos visto que hay varias cosas que no están bien reguladas y, por ello, es importante que haya una reformulación”, dijo Prado –quien encabeza el Consejo Ejecutivo– en diálogo con El Comercio.

El consejo del Poder Judicial también lo integran los jueces supremos Janet Tello Gilardi y Héctor Lama More; el juez superior Augusto Ruidías Farfán, la jueza de primera instancia Rosa Amelia Vera Meléndez y Pedro Angulo Arana, representante del Colegio de Abogados de Lima.

Después de un análisis, la sala plena ratificó en sus cargos a los magistrados Tello Gilardi y Lama More. Sin embargo, se decidió consultar sobre la permanencia de Ruidías Farfán y Vera Meléndez ante la junta de jueces y presidentes de las cortes superiores, a fin de resolver si son revocados de sus funciones.

Estos últimos están involucrados en audios con el suspendido juez supremo César Hinostroza. De las conversaciones se desprende que el juez supremo intercedió ante ellos para que la magistrada María Luisa Apaza Panuera, quien era titular de la Corte de Justicia del Santa, lograra su traslado a Lima.

“Se acordó adoptar medidas contra la magistrada Apaza, actualmente en la Sala Penal Nacional”, dijo Prado.

También se ha solicitado a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú pronunciarse sobre la permanencia de Pedro Angulo en un plazo máximo de cinco días calendarios.

A petición de Prado, el consejo pidió a la Comisión de Ética del Poder Judicial investigar el caso del juez supremo Ángel Romero, quien también tiene un audio con Hinostroza.

En la grabación, Romero le pregunta cómo ayudar a un amigo que está siendo procesado por el delito de lavado de activos en un caso que involucra a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).