Denuncia constitucional contra Giuffra será analizada el 7 de setiembre

La denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en contra del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra ante el Congreso por los audios y videos grabados por el congresista Moisés Mamani será analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el viernes 7 de setiembre.

Así lo afirmó el parlamentario César Segura (Fuerza Popular), presidente de este grupo de trabajo, quien, además, estimó que en 30 o 45 días se puede tener un informe final sobre la situación del ex alto funcionario.

En diálogo con El Comercio, Segura precisó que hasta el momento no ha recibido la denuncia constitucional.

“Esperamos que llegue [la denuncia] Esta semana que viene es semana de representación, nos estaremos reuniendo en setiembre, también tenemos cuatro casos pendientes que ya vencieron su plazo, estamos calificando”, refirió.

Segura también indicó que los cuestionamientos hechos por los integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio a la denuncia constitucional de Chávarry contra Giuffra “son irracionales”.

“Me parece que son respuestas irracionales dado los hechos evidentes a raíz de los audios que se escucharon que dio motivo a que se suspendiera a tres congresistas [Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez]. Es decir, ¿se suspende a tres congresistas que son parte de los audios y a este señor, más conocido como ‘Así es la nuez’, no hay que hacerle nada?”, cuestionó.

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales exhortó a los parlamentarios oficialistas a guardar silencio, “porque están dando muestras que quieren apañar actos de corrupción”.

“Chávarry es digitado por Fuerza Popular”
El portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, consideró que el fiscal de la Nación está “siendo digitado” por Fuerza Popular, porque presentó la denuncia constitucional contra Bruno Giuffra horas después de que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionara que los ex ministros mencionados en los videos y audios grabados por Mamani no sean investigados.

“Se ha hecho manifiesta la amenaza que hizo la señora Fujimori en las primeras horas de la mañana [de ayer], la señora Fujimori dijo que se tenía que proceder con las denuncias contra los ministros aludidos en los audios. Si teníamos alguna duda de que el fiscal de la Nación podía tener alguna independencia después de la tarde de ayer no nos queda la más mínima duda de que el señor Chávarry termina siendo digitado por Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori”, dijo en Radio Programas.

Una opinión similar tuvo la vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, quien dijo que Bruno Giuffra no ofreció nada para evitar que prospere el segundo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la Presidencia en marzo.

“Todos [los ministros] estábamos buscando votos [contra la vacancia] pero no estábamos ofreciendo nada por el estilo [prebendas], nada sucio”, subrayó en declaraciones a la prensa.

Araoz señaló que le “da la impresión” que Chávarry está siendo manejado por Fujimori Higuchi.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sostuvo esta mañana que le “sorprende” que hayan pasado tantos meses desde la difusión de las grabaciones hechas por Mamani y “recién el Ministerio Público esté atendiendo estos casos”. “Imagino que es por la sobre carga que tienen”, agregó.

Consideró “una coincidencia” que la denuncia constitucional sea presentada por Chávarry horas después del pronunciamiento de su lideresa.

Por medio un mensaje difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori afirmó ayer que “durante el proceso de vacancia, el señor Kuczynski, en complicidad con parte de su gabinete, se dedicaron a la compra de votos de congresistas, tal como se evidencio en los audios difundidos […] extrañamente los ministros mencionados en los audios siguen como si nada hubiera pasado”.

El dato
El Ministerio Público informó que la denuncia contra Bruno Giuffra es por los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.