Kenji, Ramírez y Bocángel: claves de una denuncia constitucional

Los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel fueron denunciados constitucionalmente en la víspera por estar implicados en audios y videos grabados por el legislador Moisés Mamani, de Fuerza Popular, que dan cuenta de una presunta negociación y compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Como se recuerda, la Junta de Portavoces acordó hace dos semanas iniciar un proceso constitucional para evaluar el desafuero de los mencionados. También se había contemplado a los oficialistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, pero finalmente no fueron considerados en la denuncia presentada, pues según fuentes de El Comercio contra ellos se podría iniciar otro proceso o, en todo caso, recomendar al Ministerio Público que los investigue.

Le denuncia de 67 páginas, a la que accedió este Diario, incluye como medios probatorios tres CD en total con material audiovisual, notas periodísticas, la carta de renuncia del bloque a Fuerza Popular y el “Acuerdo de Gobernabilidad” —de 10 puntos— que el 31 de enero también se presentó. Para los denunciantes Mauricio Mulder (Apra), Wilbert Rozas (Frente Amplio), Edwin Vergara (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada), este documento constituye un “compromiso” con el gobierno de PPK enmarcado en infracciones constitucionales y delitos penales. Además, agrega en sus páginas tuits y fotos que dan cuenta del apoyo del bloque kenjista al Ejecutivo y oposición a la vacancia presidencial, su presencia en actividades gubernamentales y mensajes de “rédito político” frente a proyectos de inversión.

A continuación las claves de la denuncia constitucional:

1. Hechos base: los videos y audios
El documento toma como referencia cinco elementos audiovisuales. Primero, el video grabado por Mamani el 20 de marzo en el que —señala la denuncia— Guillermo Bocángel, Kenji Fujimori y el asesor de este último, Alexei Toledo, invocaron influencias y ofrecieron al legislador puneño “ventajas y beneficios ilícitos que le proporcionaría el Poder Ejecutivo a cambio de que vote en contra de la vacancia” de PPK en la frustrada sesión del pleno del Congreso del 22 de marzo. Asimismo, se acusa a la gestión del economista de haber pretendido ampliar los plazos de transferencia de recursos a favor de gobiernos regionales y locales para permitir a los ministerios “incluir proyectos de inversión nuevos según se fueran negociando más votos pagados con obras amañadas”.

En segundo lugar, se incluye el video de la reunión entre Mamani y Fredy Aragón Valdez, ex gerente de Políticas de la Sucamec que plantea al congresista beneficiarse con el 5% de un proyecto en Puno o presentar otro para que le “caigan” S/ 5 millones “sin mover un dedo”. Según la denuncia, el ex funcionario “instigó” al parlamentario a que “obtenga beneficios ilegales […] coludiéndose con las autoridades locales y regionales para ejecutar obras públicas y obtener réditos provenientes de la corrupción”. Todo ello a cambio de votar contra la vacancia de PPK y acercarse al Ejecutivo.

Luego, se da cuenta del video del 19 de marzo entre Mamani y Alberto Borea, ex abogado de PPK que “buscaría intermediar” para que Bruno Giuffra, ex titular del MTC, converse con el congresista. Esto, según la denuncia, “podría guardar relación con la posible ejecución de obras”. En cuarto lugar, se incluye el video del encuentro entre el parlamentario de Fuerza Popular y el no agrupado Bienvenido Ramírez, en donde este habla “de los funcionarios que ha colocado en el Ejecutivo y de los que va a seguir colocando” y hace referencia a que PPK lo iba a recibir y atender “como lo hizo con otros congresistas que apoyaron la no vacancia en diciembre del 2017”.

Finalmente, el audio difundido el 21 de marzo entre Mamani y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, en el que este último le dice a su interlocutor: “Tú ya sabes cómo es la nuez”.

2. Infracciones constitucionales atribuidas
La denuncia señala que los congresistas denunciados renunciaron a su grupo parlamentario de origen y condicionaron sus votos “por prebendas” de parte del Poder Ejecutivo, lo que constituye infracciones a los artículos 35, 39 y 44 de la Constitución referidos a las violaciones a los principios de lucha contra la corrupción, democracia representativa y buena administración.

Además, el documento se justifica en el artículo 99 de la Carta Magna, que incluye a los congresistas dentro de los altos funcionarios que pueden ser procesados en un antejuicio (delito de función).

3. Supuesto transfuguismo
Como parte de la argumentación sobre la infracción al artículo 35 de la Constitución, un punto resaltante que considera la denuncia se refiere a la posible configuración de “un supuesto de transfuguismo”.

Esto porque se considera que Kenji Fujimori y los otros denunciados permitieron que se genere: el falseamiento de la representación política, al renunciar a su bancada por presuntas prebendas “variando el equilibrio de fuerzas políticas obtenidas en las urnas; el debilitamiento del sistema de partidos, pues su renuncia “debilita” al partido por el que fueron elegidos —en este caso Fuerza Popular— y promueve estructuras partidarias frágiles; favorecimiento a la corrupción, pues hubo “incentivos para la compra de votos y obtención ilegítima de poder en el Congreso; y finalmente el deterioro de la cultura política democrática, pues se desacredita al Parlamento y a la clase política ante la ciudadanía.

4. Delitos atribuidos y penas contempladas
Al presuntamente haber integrado un supuesto sistema de captación de congresistas y compra de votos a cambio de prebendas, a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel se les imputa tres presuntos delitos: tráfico de influencias en forma agravada por ser funcionarios públicos, cohecho pasivo impropio (corrupción de funcionarios) y cohecho activo genérico.

La pena para el tráfico de influencias en forma agravada varía entre 4 y 8 años de cárcel. Además, contempla la inhabilitación y hasta 730 días-multa. En cuanto al cohecho pasivo impropio, de 4 hasta 6 años en caso el funcionario acepte o reciba donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio indebido; y de 5 a 8 años si solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier ventaja indebida.

Finalmente, el Código Penal contempla penas de hasta 6 años de cárcel para los casos de cohecho activo genérico.

5. Presunto sistema de captación: esquema
El caso, según los denunciantes, configuraría un “presunto sistema de captación de congresistas y compra de sus votos a través de prebendas” con fondos públicos para el “financiamiento de proyectos, programas y obras con fondos públicos a ser ejecutados por los diferentes niveles de gobierno, regional y local; como también la asignación de puestos de trabajo en instituciones públicas”.

Incluso, la denuncia considera que dicho sistema operaría desde “el más alto nivel del gobierno, esto es desde la Presidencia de la República y tendría como operadores en el Congreso de la República a los congresistas denunciados”. El fin habría sido conseguir un “apoyo ilegal” del Ejecutivo y mermar al grupo parlamentario originario. Todo esto con la misión de impedir los dos intentos de vacancia contra PPK.