El desmonte de la red de Rodolfo Orellana: detalles de la pesquisa fiscal

Tres años antes de que el Caso Lava Jato explotara en el Perú, la red Orellana ya mostraba los niveles con los que el crimen organizado había penetrado las instituciones más importantes del país. Semana a semana, funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, entre otros, aparecían vinculados a esta presunta organización criminal, considerada por la fiscalía incluso más grande –por el número de personas comprometidas– que la que Vladimiro Montesinos montó en su momento. “Y aún falta mucho por investigar”, señala una fuente vinculada al caso.

La investigación al clan Orellana comenzó en julio del 2014, con apenas 20 nombres en el expediente. Entre ellos, su cabecilla Rodolfo Orellana, su hermana Ludith y el coronel PNP en retiro Benedicto Jiménez. En ese entonces, la fiscal Marita Barreto solicitó prisión preventiva para ellos y otras 17 personas. Era la primera ofensiva real contra esa organización que había gozado de impunidad desde sus inicios, en el 2002.

Antes de que Barreto asumiera el caso, la red Orellana había logrado que 580 investigaciones fueran archivadas en la sede fiscal. Actualmente, en el expediente hay más de 400 personas investigadas, entre abogados, notarios, contadores y ex funcionarios.

Aunque hay más de dos años de plazo legal para continuar la investigación, desde el despacho de Barreto sostienen que ya cuentan con suficientes elementos para llevar a juicio al menos a los presuntos cabecillas. Esperarán hasta fines de este año para presentar la acusación fiscal (aún no definen las penas que solicitarán, pero en los casos de lavado de activos las condenas llegan a los 15 años de prisión).

En el despacho de Barreto también esperan que el proceso sea desacumulado. Con esta medida se busca que un juez disponga la separación a los altos mandos de los operadores y testaferros del expediente para no llevar a juicio a centenares de personas.
En julio pasado, el juez Ricardo Manrique rechazó un primer pedido de la fiscal Barreto, pero la misma solicitud sería nuevamente presentada en las próximas semanas.

—Avances y medidas—
En los últimos tres años, la investigación del Caso Orellana derivó en las órdenes de prisión para ex altos funcionarios, como el ex juez supremo Robinson Gonzales y tres jueces superiores en Ucayali. Carlos Ramos Heredia, quien en el 2015 fue destituido como fiscal de la Nación, también fue relacionado a Orellana.

En agosto pasado, la fiscalía anticorrupción además abrió una investigación al ex presidente Alejandro Toledo por supuestas donaciones que habría recibido de Orellana para sus campañas electorales. La indagación se basa en los testimonios de colaboradores eficaces.

Las personas mencionadas solo son una muestra de los nexos que tuvo la red. Entre los vinculados también aparecen Hugo Suero Ludeña, ex gerente general del Poder Judicial; Fernando Lazo Manrique, ex gerente general del Ministerio Público; Álvaro Delgado Scheelje, ex superintendente de Registros Públicos; y Guillermo Alarcón (hoy preso), ex presidente del club Alianza Lima. Actualmente, hay 11 magistrados, entre jueces y fiscales, investigados por la Fiscalía de Control Interno, ya que han sido acusados de haber beneficiado a la organización.

En la fiscalía consideran que si la red Orellana no hubiera contado con el respaldo de políticos o de altos funcionarios, no hubiera podido operar durante tres gobiernos consecutivos (del 2002 al 2014).

La investigación fiscal cuenta con 23 colaboradores eficaces: arrepentidos que contaron y entregaron documentos de cómo operaba Orellana, quiénes eran sus aliados y cuál era la estructura de la presunta organización criminal que encabezó. Este Diario recopiló información y expone la estructura del clan –según las investigaciones de la fiscalía–, que se estima obtuvo S/300 millones en ganancias ilícitas.

El principal negocio de la organización era la apropiación ilegal de inmuebles –a través de documentación fraguada preparada por abogados, notarios y contadores– para después revenderlos a terceros de buena fe. Esas operaciones no hubieran sido posible sin un área dedicada a protegerlas. Este grupo contaba con sus propios operadores, además de un equipo de blanqueamiento de inmuebles, que asimismo amedrentaba, sobornaba y disuadía a quienes creían sus enemigos o potenciales rivales.

“Es la primera vez en la historia del país en que se ha descubierto y desarticulado una organización criminal integrada por profesionales. No se trataba de delincuentes comunes”, afirmó la fiscal Barreto en agosto pasado.

Actualmente, hay 25 personas con prisión preventiva y se han incautado 106 inmuebles valorizados en más de US$300 millones. Además, se han realizado 2.807 diligencias (entre allanamientos e interrogatorios). El llamado búnker de Orellana, su centro de operaciones en San Isidro, hoy es usado por el área de Medicina Legal del Ministerio Público.

El más reciente golpe al clan se dio a inicios de este mes. El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para el empresario y pastor Vicente Díaz Arce, quien, según el organigrama, está entre los socios financistas de la red. La medida también alcanzó a su esposa, Amanda Palomino Córdova.

Díaz y su cónyuge están prófugos de la justicia.

Por ahora son más de 400 personas investigadas, pero podrían ser más.

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