El difícil camino del cobro de las reparaciones

Los embargos a todos los implicados en el caso de aportes ilícitos a la campaña contra la revocación de Susana Villarán alcanzan los S/5,3 millones hasta la fecha. De ese monto, S/2,2 millones corresponden a las tiendas embargadas en Miraflores a la exalcaldesa.

Pero Villarán habría recibido US$10 millones en aportes ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocación y de reelección. Según la hipótesis fiscal, estas empresas realizaron los abonos con el fin de obtener beneficios en sus proyectos. El monto de lo embargado aún está muy lejos de equipararse a lo que la exalcaldesa habría recibido en dinero sucio.

La Procuraduría del Caso Lava Jato ha inscrito en los Registros Públicos el embargo de bienes valorizados en más de S/388 millones a 178 personas naturales y empresas investigadas hasta la fecha. Estas medidas sirven para garantizar que los investigados en los 25 procesos paguen sus reparaciones civiles de forma solidaria. Este monto supera largamente los S/18 millones pagados por los principales procesados por corrupción en el régimen de Alberto Fujimori.

El exprocurador Antonio Maldonado recuerda que el problema principal en los grandes casos de corrupción es que las reparaciones civiles no se pagan, más aun en casos en los que los investigados no tienen propiedades a su nombre.

El trabajo pendiente de la justicia es titánico. Como explica la penalista Vanessa Valverde, el dinero que un funcionario recibe en coimas no es dinero privado, sino público, pues se paga con los sobrecostos del proyecto. Por ello, la justicia debe procurar que los procesados devuelvan el monto del pago ilícito y la reparación.

En el caso de los sobornos por la construcción de la Costa Verde Callao, los embargos alcanzan los S/13 millones. Apenas S/10 mil le corresponden al exgobernador regional del Callao Félix Moreno, pues no tiene propiedades a su nombre; el resto, al presunto operador en la recepción del soborno Gil Shavit. Ellos se habrían coludido con Odebrecht para recibir US$4 millones a cambio de la adjudicación de la obra.

En tanto, en el caso de la Vía Evitamiento Cusco, por la que se acordó el pago de US$3 millones en coimas, se han embargado bienes por S/3,4 millones, de los cuales S/1,8 millones le corresponden al exgobernador Jorge Acurio. En paralelo, al prófugo empresario Gustavo Salazar se le incautó US$1 millón.

—Casos presidenciales—

A la casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski solo se le ha trabado una medida de inhibición, por la cual no podrá transferirla. La segunda casa de Kuczynski en la calle Choquehuanca y la de Cieneguilla, a nombre de la ‘offshore’ Dorado Asset Management, aún no tienen ningún tipo de medida restrictiva. Las cuentas del exmandatario están congeladas.

Los casos del expresidente Ollanta Humala y de la excandidata Keiko Fujimori están en manos de la Procuraduría de Lavado de Activos. Fujimori no tiene viviendas que se le puedan embargar; mientras, la única casa que figuraba a nombre de Humala Tasso no tiene ninguna medida restrictiva, desde el 2016 cuando se levantó el embargo por el Caso Madre Mía. Meses después, Humala transfirió esta propiedad a una de sus hijas en adelanto de herencia.

Pero tres propiedades de la ex primera dama Nadine Heredia han sido embargadas por S/5,2 millones, por el presunto pago de sobornos para la adjudicación del hospital Lorena en Cusco.

Los inmuebles y la oficina del expresidente Alejandro Toledo han sido incautados, pues se presume que fueron pagados con dinero ilícito. Solo se le ha podido embargar autos y sueldos por un total de S/245 mil. A la reparación por los daños causados por Toledo debe sumarse los gastos por la contratación del estudio norteamericano Foley Hoag para lograr su extradición, así como las de Gustavo Salazar y Mariella Huerta, por US$1’082.070.

Las reparaciones de los particulares se pagan de forma solidaria. Los casos en los que hay mayores avances en medidas de embargo son los que han superado la etapa preliminar.

—Montos más altos—

De los 25 procesos que tiene la Procuraduría del Caso Lava Jato, el que acumula el monto más alto de embargos es el del ‘club de la construcción’: S/190 millones. El 80% de ese monto está concentrado en los empresarios Javier Lei Siucho, Ricardo Manrique Daemich y las empresas San Martín Contratistas Generales y Constructora Málaga Hermanos.

El segundo caso más importante es el de los sobornos por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, adjudicados en el gobierno de Alejandro Toledo. Allí se ha embargado S/64 millones, de los cuales S/31 millones le corresponden al empresario Fernando Camet Piccone. Este Diario pudo conocer que los embargos a José Graña y Hernando Graña son de S/1,4 millones y S/25,2 millones, respectivamente.

En tercer lugar se encuentra el caso de los sobornos por la adjudicación del tren eléctrico, por el que se ha embargado bienes por S/27 millones. De ellos, S/13,6 millones le corresponden a propiedades de la prófuga Mariella Huerta. A Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones acusado de recibir US$8,1 millones en sobornos, se le ha embargado bienes por S/5 millones.

-Más datos-

Cálculos

En el caso de las empresas investigadas, el monto por pagar se calcula con base en la Ley 30737. Para los particulares, se cuantifica el daño patrimonial y extrapatrimonial de forma solidaria.

Fideicomisos

Graña y Montero, GyM y JJC Contratistas han constituido un fideicomiso por S/98,9 millones.

Definiciones

La incautación se concreta cuando el bien tiene vínculo con el delito; el embargo se da a bienes adquiridos con dinero lícito para garantizar el pago de la reparación; y la inhibición para impedir su transferencia.