Dina Boluarte y Henry Shimabukuro: las posibles implicancias del presunto financiamiento ilícito

Congresistas de cinco bancadas demandan que el Ministerio Público inicie pesquisas por este caso. En tanto, abogados penalistas consultados por El Comercio señalaron que hay elementos para que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abra una investigación preliminar contra la jefa de Estado.

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Este martes, Boluarte negó haber recibido dinero de Shimabukuro y afirmó que las acusaciones en su contra son “manotazos de ahogado” que vienen “desde la Diroes”, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo a raíz del golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre.

“Lo que la señora [Maritza Sánchez] dijo en un medio de televisión el domingo en la noche, de todo lo que dijo es que ella fue enviada, ella y Shimabukuro, por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso. Todas las personas que han estado en mi entorno, excepto estas dos personas, no hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie”, afirmó la mandataria.

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El lunes, el jefe del Gabinete Alberto Otárola y los ministros Paola Lazarte y José Tello -de las carteras de Transportes y Comunicaciones y Justicia y Derechos Humanos, respectivamente - se pronunciaron sobre el tema.

Otárola descartó que Boluarte haya tenido algún tipo de relación con Shimabukuro. “Lo que ha salido en los medios de comunicación ha sido el intento de Pedro Castillo por infiltrar a la entonces candidata a la vicepresidencia con gente que, como ya vemos todos, está filtrando información que es falsa”, afirmó.

“Si hay alguien que ha tenido la decencia y ha tomado acciones contra la corrupción, si hay alguien que ha salido limpia de un gobierno que estuvo marcado de corrupción, esa señora se llama Dina Boluarte. Esa fue una de las razones por las que el expresidente Castillo la apartó de su entorno”, argumentó también.

Finalmente, indicó que el tema deberá ser aclarado y que la “verdad debe primar sobre estas especulaciones”.

“Tengo entendido que es el cuaderno de una tercera persona, de la señora Maritza [Sánchez Perales]. Bueno, las investigaciones se darán, estoy segura de ello”, dijo Lazarte en diálogo con Canal N.

En tanto, Tello respondió a dicho medio: “La presidenta –en ese sentido- estoy seguro de que va a poder dejar esto bien en claro porque lo que nosotros tenemos desde el Ejecutivo es una posición de que estando en el Gobierno, tener que dar respuestas hacia la población como corresponde y también a las autoridades competentes”.

Además, fuentes de la Comisión de Fiscalización señalaron que este miércoles 22 de marzo se evaluarían una posible indagación y eventuales citaciones en torno a esta denuncia.

Según la maestra Maritza Sánchez, el vínculo entre la ahora jefa de Estado y Shimabukuro se habría iniciado a fines de abril del 2021, en la segunda vuelta electoral, con una visita del empresario al Club Apurímac. En ese entonces, Boluarte integraba la fórmula presidencial de Castillo Terrones como candidata a la Vicepresidencia de la República.

En la reunión, el hoy investigado exasesor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) le habría expresado a Boluarte su “deseo de apoyar” en la campaña presidencial. Tras el encuentro, Shimabukuro habría empezado a cubrir todos los gastos logísticos de la entonces postulante a la vicepresidencia por un valor aproximado de 800 mil soles, según Sánchez.

Los gastos no figuran en la rendición de cuentas de gastos de campaña que Perú Libre hizo ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sánchez aseguró a “Cuarto Poder” que toda la evidencia de este caso se encontraría en un cuaderno que utilizó para anotar las reuniones y citas que realizó Boluarte durante la campaña.

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En diálogo con El Comercio, los parlamentarios César Revilla (Fuerza Popular), José Arriola (Acción Popular), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y Edgar Reymundo (Cambio Democrático) pidieron que el Ministerio Público inicie una investigación contra la presidenta Dina Boluarte. También consideraron que la Comisión de Fiscalización del Congreso debería abordar el caso.

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Para Reymundo, tanto el Congreso como el Ministerio Público deben iniciar una “investigación de oficio” contra la presidenta Boluarte. “La Comisión de Fiscalización está en la obligación de iniciar una investigación y citar a Shimabukuro, así como lo hizo de manera célere en otros casos. Yo plantearé eso en la próxima sesión de la comisión”, agregó.

El parlamentario de Cambio Democrático dijo, además, que su bancada se reunirá este miércoles para evaluar posibles iniciativas contra la jefa de Estado.

“Henry Shimabukuro era un hombre que tenía mucho acceso a Palacio [en la gestión de Pedro Castillo] y ahora nos damos con la sorpresa de que trabajaba desde antes de la campaña con la presidenta Boluarte. Es una denuncia muy seria la de los aportes”, expresó.

Por su parte, Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, indicó que “toda denuncia vinculada a personajes que tienen alguna ligación con actos delictivos deben ser investigados [por el Congreso y la Fiscalía de la Nación”.

En el caso del Poder Legislativo, Salhuana calculó “que la Comisión de Fiscalización podrá encargarse de esta investigación contra la presidenta”.

“Justamente, la norma que se emite para rendir cuentas a la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] es para evitar este tipo de financiamientos de fuentes ilegales y personajes con actos que se atribuye al señor Shimabukuro”, añadió.

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Carlos Zeballos, legislador de Podemos Perú, tuvo una opinión similar. “Yo creo que el caso debe investigarse en ambos lados [Congreso y Fiscalía] porque se trata de un tema político y judicial. De hallarse indicios de responsabilidad, la sanción tiene que venir tanto de la parte política, como judicial”, aseveró.

El congresista de Podemos Perú dijo que, al guardar silencio sobre el tema, Dina Boluarte “se está comportando igual que Castillo”. Zeballos no descartó que en los próximos días se evalúen en el Parlamento iniciativas como una moción de vacancia o denuncias constitucionales contra la mandataria.

A su turno, José Arriola, vocero de AP, afirmó que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio contra Boluarte, así como lo hizo con el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, por el caso ‘El Español’.

“De confirmarse estos hechos la presidenta lo tendrá bastante difícil y se encenderá la llama de la renuncia o de la vacancia. No es nada grato y la fiscalía, dentro de su rol, debería actuar”, manifestó.

“La Comisión de Fiscalización debe investigar el caso como un gesto político”, dijo también.

En tanto, César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular, apuntó: “[La denuncia contra Boluarte] se debe de investigar a fondo por la fiscalía”.

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El exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado y el penalista Giuseppe Marzullo opinaron que el Ministerio Público cuenta con los elementos para iniciar una pesquisa preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de financiamiento prohibido de los partidos políticos.

Gilmar Andía indicó que, además, de referido delito también podría investigarse a la mandataria y “a los que resulten responsables” por el presunto lavado de activos. “Existe sospecha simple para abrir investigación preliminar porque se trata de una noticia criminal de la más alta autoridad [Dina Boluarte] con una persona que ya tiene una serie de investigaciones por casos relacionados con la gestión de Pedro Castillo”, subrayó.

Andía consideró que es posible que la investigación la abra una fiscalía anticorrupción simple porque el supuesto delito se habría cometido cuando ella no tenía cargo público con prerrogativa constitucional. Además, deberá averiguarse si el dinero “iba solo” a Dina Boluarte o para todo Perú Libre.

Para Maldonado, además de la presidenta, la fiscalía podría abrir investigación contra Shimabukuro y todos los que dentro de Perú Libre tenían responsabilidad directa en los fondos. “Corresponde a fiscal de la Nación investigar a Boluarte. A los que no tengan prerrogativas constitucionales, una fiscalía anticorrupción”, dijo también.

“Hay marco legal [para la investigación] en el cual se podría subsumir la conducta de la señora [Boluarte] y el señor Shimabukuro”, opinó Maldonado.

El exprocurador tampoco descartó que Boluarte también pueda ser investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Marzullo tuvo una postura similar. Añadió que, además de la noticia criminal, la fiscalía tiene como elementos los chats y los cuadernos que mostró la profesora al programa dominical. “Ahí hay una hoja de ruta. En base a la información que aparece ahí, se debe a empezar a construir el caso. Hay que validar transferencias. Se tendrá que levantar secreto bancario y de las comunicaciones”, remarcó.