(Ilustración: Rolando Pinillos/El Comercio)
(Ilustración: Rolando Pinillos/El Comercio)

En el momento en que aparecían las denuncias contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros funcionarios de su gestión, se encarcelaba a altos directivos de las empresas consorciadas de Odebrecht y en CADE se discutía sobre la reforma política, sobre todo, la relación con el dinero, salió publicada la norma que modifica artículos de varias leyes que buscan enfrentar las próximas elecciones en este espinoso tema. Se ha afirmado que con dichas normas se ataca frontalmente la corrupción, tema de principal preocupación. Si bien hay un esfuerzo por lograr mejoras en la ley, parece que los efectos no serán relevantes.

Las corrupciones en las organizaciones políticas se construyen sobre la dinámica de dos direcciones. De un lado, personas, empresas y organizaciones delictivas que buscan financiar campañas para ganar una jugosa retribución posterior. De otro lado, una cantidad de y movimientos regionales carentes de recursos y de organización y funcionamiento informal, que buscan dinero para encarar campañas electorales cada vez más costosas. Incluso, si el dinero proviene de fuente lícita, eso no implica que el representante elegido no esté condicionado, una vez que ejerza el cargo. De esta manera el hambre y la necesidad se juntan.

Se ha demostrado hasta la saciedad que el financiamiento privado es muy difícil de supervisar, pues sus canales de ingreso a las campañas son múltiples y escurridizos. Y, por otro lado, la publicidad en televisión consume más de las tres cuartas partes de los gastos de campaña. Las modificaciones no se han dirigido a enfrentar estos dos temas, convertidos en problemas. Para empezar, las campañas seguirán siendo caras, pues no existen topes de gastos de los partidos para enfrentarlas. Esto se ha convertido en un espiral que no cesará. Las modificaciones se han dirigido a bancarizar aportes, incorporar nuevas prohibiciones, limitar candidaturas, elevar sanciones. Medidas necesarias pero insuficientes.

Si no se financian las campañas con dinero público, como en toda la región, se extiende la franja electoral en días y tiempo, el dinero de origen privado tendrá amplio juego para extender la mano supuestamente dadivosa. En otras palabras, se podrá prohibir, sancionar, transparentar, pero el dinero de origen privado verá la forma de ingresar si no se cierra ese incentivo con las medidas anotadas.

La empresa Odebrecht, por muchos años una empresa con alta reputación, solo pudo ingresar a romper la mano y la caja de los partidos porque estos no tenían cómo enfrentar campañas caras, con lo que políticos de todo signo doblegaron sus negativas y sus principios. Sin duda, hubo algunos que ya tenían cuestionables prácticas anteriores a la presencia de la empresa brasileña.

De lo que se trata, luego de los eventos de corrupción que no terminan, es entender que en la relación de la política con el dinero ha ganado el dinero. Si no se cambia el tipo de medidas de manera drástica, el deterioro de la política pasará, con más fuerza, de los partidos a las instituciones y de estas al propio sistema democrático. No es un llamado de atención, es un grito de emergencia.

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