Edgar Alarcón: Todas las denuncias contra el presidente de la Comisión de Fiscalización

Durante la sesión virtual, se opuso abiertamente a la elección el congresista Wilmer Bajonero Olivas de Acción Popular. Dijo que una comisión como Fiscalización tenía que estar presidida por una persona sin ningún tipo de cuestionamientos y advirtió que Alarcón tenía algunas investigaciones. Incluso, le pidió a Alarcón que abstuviera participar. Pero no prosperó. Al final, fue elegido por 13 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Poco después, el congresista Gino Costa (Partido Morado) cuestionó la elección en sus redes sociales. “El excontralor Alarcón, removido por Congreso por falta grave, preside Fiscalización. ¿Así buscamos recuperar confianza? Urge debate del proyecto que impide a congresistas investigados por corrupción, integrar comisiones que protegen la integridad pública”, escribió.

Su colega Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, también criticó que Alarcón presida Fiscalización.

“Edgar Alarcón fue elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización ¿Cómo recuperamos la confianza de la población si permitimos que congresistas con procesos penales presidan una comisión que debe vigilar a las entidades del Estado y luchar contra la corrupción?”, sentenció.

¿Cuáles son las denuncias e investigaciones que pesan sobre Edgar Alarcón?

Edgar Alarcón Tejada postuló por la región Arequipa y llegó al Congreso de la mano de UPP, que se alió con el llamado Frente Patriótico de Antauro Humala, condenado por el ‘andahuaylazo’.

Desempeñó el cargo de Contralor General de la República entre el 9 de junio de 2016 hasta el 4 de julio de 2017. Justamente, en julio del 2017, la Comisión Permanente del Congreso aprobó su destitución luego de concluirse que los cuestionamientos que pesaban sobre él lo descalifican para continuar al frente del órgano de control. Según el ahora parlamentario lo sacaron de la institución por enfrentar la corrupción.

Entre las faltas que graves que se le imputaron en aquel momento se incluyó la supuesta “coacción” al auditor Walter Grados para que retire la denuncia en su contra presentada al Parlamento por la compraventa de 92 autos que realizó entre el 2002 y el 2015, mientras trabajaba en la contraloría; y la adquisición de dos vehículos por US$80 mil a Juan Carlos Capcha Velásquez, proveedor de servicios del órgano de control.

Tras su salida de la institución, un sinfín de hechos se fueron conociendo luego que el Ministerio Público le abriera hasta siete investigaciones en su contra.

Entre las que más resaltan son las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, uso de dinero del Estado para beneficio personal y lavado de activos.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos tiene en sus manos la mayoría de investigaciones contra el excontralor. En 2019 formalizó la investigación preparatoria contra Alarcón por presunto desbalance patrimonial ascendente a S/2’871,186.

El caso se vincula a la compra y venta de vehículos que realizó el actual congresista y sus familiares entre 2002 y 2016. Se presume que en total fueron 93 autos de marcas como Audi, BMW, Jeep, y otras.

Por ese caso también tiene una investigación por el presunto delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas para este tipo de casos.

En las fiscalías para casos de corrupción, Alarcón es investigado por los pagos y reembolsos en la liquidación de una extrabajadora de la Contraloría General de la República.

En noviembre del 2019, la Fiscalía de la Nación formalizó una denuncia constitucional contra Alarcón y varios excongresistas por el Caso Los Temerarios del Crimen.

En este proceso, se les acusa por presuntamente, haber usado sus influencias para ayudar al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para obtener beneficios económicos ilícitos.

También se la vincula con el cobro de coimas para la obtención de licencias municipales, actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, malversación de fondos, entre otros.

Sobre el excontralor, la Fiscalía señala que habría recibido S/30.000 de parte de Cornejo para levantar el bloqueo temporal de las cuentas corrientes de la municipalidad.

El caso más reciente se registró nuevamente en la Fiscalía de la Nación donde se le investiga por presuntamente haber gastado cerca de S/9 mil de la caja chica de la Contraloría, cuando se desempeñaba como gerente central de operaciones, entre los años 2012 y 2013.

Las compras iban desde flores, medicamentos, gastos en supermercados, detergentes, chocolates, entre otros. “Dentro del despacho de contralor, como existe en la actualidad, hay una cocina donde normalmente se preparaban alimentos, ¿no?. Se compran temas para hacer un break, una atención. Pero habría que ver cuál es el monto, ¿no?, 12 soles, 15 soles”, exclamó en su momento a Punto Final.

El 28 de febrero, cuando su nombre ya era voceado para presidir Fiscalización, Edgar Alarcón dijo que las investigaciones en su contra no lo invalidaban para ejercer ese cargo.

"Me gustaría presidir la comisión de Fiscalización si me dan la oportunidad. De ninguna manera [las investigaciones en mi contra me impiden presidir una comisión]. La ley me faculta, si tuviera una sentencia sí estaría invalidado”, puntualizó.

“Congreso se dispara a los pies”

Cuando se conoció que Alarcón había sido designado por su bancada para dirigir Fiscalización, el analista y especialista en Ciencia Política, Arturo Maldonado, dijo a El Comercio que “el Congreso se está disparando a los pies”.

Advirtió que si bien, el excontralor tiene trayectoria en el rubro de fiscalización y que lo ha logrado posicionar en la bancada; los cuestionamientos en su contra lo desacreditan.

“En el caso de Alarcón, los cuestionamientos en su contra están relacionados con temas de fiscalización y cuando estuvo en la Contraloría. Hay una contradicción entre la trayectoria de este personaje que está llena de dudas por estas acusaciones (en su contra) y el puesto accedido en el Congreso. Puede que si hubiera sido designado a otro puesto igual hubiera sido cuestionado, pero que sea la Comisión de Fiscalización, hace de esto un tema más discutible”, dijo.