César Vásquez dijo que llamó varias veces a Edwin Donayre, pero este nunca le contestó el teléfono. (Foto: GEC / Video: Canal N)
Redacción EC

La bancada de (APP) apoyará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de , integrante de su grupo. Así lo anunció el congresista César Vásquez, vocero principal de APP.

"Es una decisión que se ha hecho respetar y se tiene que cumplir. Ya hay una sentencia firma y no hay nada que podamos hacer en el Congreso", dijo el legislador en diálogo con Canal N.

Donayre fue condenado en segunda instancia a cinco años de cárcel por el Caso Gasolinazo.

"Alianza para el Progreso esperaba el pronunciamiento en segunda instancia. Mañana vamos a apoyar el levantamiento de inmunidad para que se cumpla la sentencia", agregó.

Vásquez manifestó que llamó varias veces a Donayre para saber sobre su estado de salud, tras conocerse el pronunciamiento de la Corte Suprema, pero el ex general no le contestó el teléfono.

"Es un ser humano, un colega de bancada. Lo llamé para saber cómo está. No me ha contestado el teléfono, entiendo que debe estar pasando por momentos muy duros. Así es la política, así es el trabajo. Hay que cumplir las sentencias judiciales, a menos que una junta médica señale que no está en condiciones de ir a prisión", refirió.

"Él es un paciente diabético. Con la situación de estrés que debe estar viviendo, alguien con diabetes puede descompensarse en cualquier momento. Hay momentos donde él ha tenido crisis que lo han llevado a cuidados intensivos. Espero que no sea una de estas recaídas. Creo que debe estar afectado por las noticias. Espero que esté bien de salud", finalizó.

La Sala Suprema Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, dispuso reformar la condena de 5 años y 6 meses que le impuso la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte a Donayre en agosto del 2018, y lo fijó en 5 años de cárcel.

Según la sentencia del Poder Judicial, Donayre, ex comandante general de la Región Sur del Ejército Peruano en 2006, y otros miembros de su institución se apropiaron ilícitamente del combustible de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur para venderla a grifos de la zona y beneficiarse económicamente.