Edwin Oviedo: los hechos que se le atribuyen al pedido de prisión preventiva

El juez Manuel Chuyo Zavaleta evaluará este lunes desde las 4 p.m. el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo, empresario y ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el marco de la investigación fiscal por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El pedido fue realizado por la Fiscalía provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. En parte del documento, según conoció El Comercio, se imputa de forma genérica a Oviedo el “formar parte del tercer nivel de corrupción de la organización criminal denominada ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ sosteniendo directa vinculación con el ex juez César José Hinostroza Pariachi, líder de la organización”.

Asimismo, se indica que dentro de la sindicada banda, el empresario azucarero tendría el rol de “solventar” a Hinostroza “con dádivas (entradas a las eliminatorias —setiembre-octubre 2016 hasta octubre 2017— y partidos amistosos —hasta mayo 2018—), favores (tratamientos en Videna) y dinero (trece mil dólares) haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad”.

El requerimiento fiscal también pide incluye el pedido de prisión preventiva para José Carlos Isla Montaño, abogado de Oviedo, y el empresario Alberto Carlo Chang Montaño. A ellos se les imputan los delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, cohecho activo específico y otros en agravio del Estado.

—Detalles—
En el caso del ex titular de la FPF, el requerimiento da cuenta de varios hechos atribuidos a Oviedo Pichotito.

Uno se refiere a los favores judiciales que habría recibido Edwin Oviedo en procesos judiciales en Lambayeque por parte del ex juez supremo César Hinostroza. Esto “a cambio de la entrega de beneficios (entradas para los partidos de la selección peruana e ingreso del juez a la Videna para recibir terapias de rehabilitación) y dinero en la cantidad aproximada de US$13.000)”.

Este aspecto se refiere a la investigación por el Caso Los Wachiturros, que estaría encabezado por Oviedo. En este marco, sobre el empresario ya pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses, pues se le vincula a los homicidios de dos dirigentes sindicales de la azucarera Tumán cuando estaba bajo el control del Grupo Oviedo.

Un segundo hecho da cuenta de la presunta entrega de entradas para las Eliminatorias desde el 2015 hasta mayo del 2018. Oviedo, según la fiscalía, habría dispuesto otorgarlas a César Hinostroza “como pago por las asesorías jurídicas recibidas”. Esto por intermedio del empresario Antonio Camayo, actualmente con prisión preventiva por el mismo caso. Un elemento de convicción en este punto fue la declaración del colaborador eficaz N° FPCC0108-2.

En tercer lugar, la fiscalía da cuenta de que Oviedo habría entregado entradas para los partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia “como pago por las asesorías jurídicas recibidas”. Serían seis entradas en promedio por cada justa.

Otro hecho se refiere a los US5.000 que Oviedo habría entregado, a través de Camayo, a la esposa de Hinostroza en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para “costear los vuelos internos en Rusia”.

Asimismo, se da cuenta de “beneficios obtenidos por el magistrado César Hinostroza Pariachi con relación a atenciones, tratamientos y terapias de rehabilitación efectuada por los médicos de la selección peruana en las instalaciones de la Videna”. Las atenciones se habrían producido en enero del 2018.

Un sexto hecho se da en base a las supuestas vinculaciones de Edwin Oviedo con los congresistas de Fuerza Popular, “a quienes habría facilitado entrega de entradas en palco VIP para los distintos partidos de eliminatorias, habiendo recibido a cambio protección política por parte de dicho partido para su continuidad como presidente de la Federación Peruana de Fútbol”.

En este punto, la fiscalía recuerda que el 12 de enero el pleno del Congreso aprobó la ley de fortalecimiento de la FPF, “la cual prorrogaba el período de mandato” de Oviedo al frente de la institución deportiva hasta el 2020, “cuando según el estatuto es de cuatro años, esto significa que terminaría en el mes de diciembre del 2018”.