Elecciones en el 2020: ¿llegamos?

El proyecto de ley de reforma constitucional que el presidente Martín Vizcarra anunció para acortar su mandato y el de los congresistas implica complicaciones legales y operativas. Partiendo de la premisa de que el Parlamento aprobará la propuesta con celeridad —digamos, hacia finales de agosto—, otros dispositivos legales tendrían que complementarlo y todo el aparato electoral tendría que ponerse en marcha acelerada para alcanzar el cambio de mando el 28 de julio del 2020.

“Sería titánico”, dice José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Los especialistas coinciden en que la meta es alcanzable, aunque con márgenes muy ajustados, si el Congreso actúa con rapidez.

Eso sí: algunos de los proyectos de reforma política, como el que dispone la realización de elecciones primarias abiertas y obligatorias, tendrían que dejarse de lado por razones prácticas. No habría tiempo para aplicarlas.

Un cronograma especial
El artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) estipula plazos mínimos que hoy son imposibles de cumplir. Estipula, por ejemplo, que la convocatoria a referéndum —el que se requiere para ratificar el adelanto de elecciones— debe hacerse con una anticipación no menor a 60 días. Esto llevaría el calendario a noviembre.

Luego, el artículo 82 indica que la convocatoria a elecciones generales debe hacerse, por lo menos, 270 días (9 meses) antes de la fecha de la votación. Este plazo antes era de 120 días, pero fue modificado en el 2017. Finalmente, el artículo 16 especifica que las elecciones deben realizarse siempre el segundo domingo de abril, mientras que la segunda vuelta tiene que hacerse 30 días después.

Hasta el segundo domingo de abril ya hay menos de 270 días, por lo que sería imposible cumplir esos plazos. “La LOE está pensada en procesos de calendario fijo. Es decir, si la elección se realiza el 2021. No está pensada para elecciones adelantadas. Pero podría aprobarse un cronograma especial que acorte los plazos solo para esta ocasión”, dice el especialista en derecho electoral José Naupari.

“Habría que tomar medidas ad hoc para acelerar los plazos, de forma coordinada con los organismos electorales”, coincide Gerardo Távara, secretario general de Transparencia. Los especialistas coinciden en que este nuevo cronograma ad hoc es el único camino para llegar al próximo 28 de julio. Podría aprobarse mediante la misma disposición transitoria que propone el Ejecutivo, y se incluiría en la Constitución, o mediante una norma separada elaborada por el Congreso.

Una tarea titánica
Pese a que el reto es enorme, los especialistas opinan que es realizable. “Recordemos que el año pasado la ONPE ya superó el desafío de convocar a un referéndum rápidamente”, dice Távara. El referéndum del 2018 fue convocado el 9 de octubre y realizado el 9 de diciembre. Es decir, fue organizado en el plazo mínimo que manda la ley: 60 días.

El problema, explica Fernando Tuesta, está en que la capacidad operativa que la ONPE utiliza para procesos electorales no es la misma que tiene a lo largo del año. “Para organizar elecciones, la ONPE y el JNE primero tienen que organizarse [entre] ellos. Son estructuras pequeñas que en elecciones crecen, realizan compras, contratan personal, habilitan locales, etc”, afirma.

Lo que ayudaría, según Villalobos, es que para los tres procesos —referéndum, primera y segunda vuelta— se utiliza una capacidad operativa similar. “Si ya hacen un referéndum, se estarán preparando para las generales”, comenta. Y agrega: “He trabajado en la ONPE y el JNE, y confío en su experiencia. Sería una tarea titánica, pero se podría llegar”.

Pero aunque la ONPE trabaje a toda máquina, sigue habiendo plazos cuyo recorte podría afectar la calidad del proceso electoral. “Tienen que ver con inscripción de partidos, de alianzas, de candidaturas, elecciones internas, etc.”, dice Tuesta. Esto podría desnaturalizar la elección. “Por hacer todo apurado, podría no hacerse bien, como en [la reforma del] CNM”, dice Villalobos.

¿Y la reforma?
Al utilizarla como justificación para acortar su mandato, el presidente ha puesto a la inmunidad parlamentaria en el centro de su reforma política, por delante del resto de proyectos que el Congreso aprobó esta semana. Esto porque, para adelantar las elecciones, tendrían que dejarse de lado elementos como las primarias abiertas y obligatorias. No alcanzaría el tiempo para realizarlas.

Aún más, el Congreso incluyó una disposición transitoria que dice que en el 2021 —y por única vez— los partidos existentes podrán hacer elecciones internas previas a las elecciones primarias para elegir a sus listas. Una fórmula imposible para el año que viene. “No habría tiempo para hacer las primarias esta vez”, dice Távara. Lo lógico sería que el gobierno no promulgue la ley.

“Quizás algunas reglas que no tienen que ver directamente con el cronograma sí se puedan aplicar, como la paridad y alternancia”, dice Tuesta. No obstante, en el 2017 se agregaron dos párrafos a la LOE que impiden emitir cualquier “norma con rango de ley” que cambie las reglas de las elecciones un año antes de que se realicen.

Estos párrafos bloquearían normas como la de la paridad, que además incluye una disposición transitoria que habla específicamente de las elecciones del 2021, 2026 y 2031. Otras, como el impedimento de postular a candidatos con sentencias por delitos dolosos, necesitan de segunda votación en la próxima legislatura y quedarían en el olvido ante la nueva coyuntura política.

“Lo más práctico que podría hacer el Ejecutivo es suspender la reforma política y decir ‘terminemos con este calvario en el 2020, cada uno a su casa’”, opina el especialista en derecho electoral José Tello.

Lo más probable es que, con su último y más duro golpe al Congreso, Martín Vizcarra haya decidido sacrificar la reforma política.