¿Elecciones en el 2020?: llegamos, pero retrocedemos

Finalmente, el gobierno ha presentado el proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones generales al primer semestre del 2020. Entre las disposiciones transitorias especiales que propone, indica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec deberán elaborar un calendario especial para adecuar los plazos electorales con el objetivo de realizar la primera vuelta el tercer domingo de abril.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo recomienda un calendario tentativo. Este presupone la aprobación del adelanto de elecciones y la convocatoria a referéndum en septiembre de este año, la realización de la consulta popular en noviembre y la convocatoria a elecciones generales en diciembre.

Especialistas coinciden en que cumplir con estos plazos es factible —como adelantó este Diario, mediante un cronograma electoral especial—, pero que mermaría considerablemente la calidad de la elección. En misma esa línea, varios proyectos de reforma política, los cuales estaban planeados para mejorar el proceso de cara a ciertos objetivos, no podrían incluirse en el calendario y no cumplirían esa función.

Un paso para adelante, dos para atrás
Convocar a elecciones generales en diciembre y realizar la primera vuelta en abril significaría regresar al cronograma que venía rigiendo hasta el 2016. Este estipulaba que la convocatoria debía hacerse entre 120 y 150 antes de la votación. En el 2017, sin embargo, el plazo fue ampliado a 270 días y los especialistas coinciden en que el objetivo era resolver algunos problemas que se presentaban por la escasez de tiempo.

Uno de ellos era el de las tachas. “Muchas veces los organismos electorales terminaban de resolverlas sobre la misma elección”, dice el especialista en derecho electoral José Naupari. Y tener a candidatos cuya tacha se resuelve muy cerca de la votación genera distorsiones, según José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. “Julio Guzmán, por ejemplo, estuvo hasta el final con apelaciones”, dice como ejemplo.

Otro problema era la información sobre los candidatos al Congreso. Estos, con el regreso a los 120 días, tendrían que poder inscribirse —como era antes— hasta 60 días antes de los comicios. “En el Perú 60 días es muy poco para conocer a los candidatos, que son un montón: sus antecedentes, si mienten en qué han estudiado, etc.”, explica Villalobos.

La idea de ampliarlo a 270 días, coinciden, era que la elección de congresistas sea mucho más informada. Ahora ello no podrá ocurrir. “La idea era organizarse bien, estamos regresando a lo que siempre se ha hecho. No mejora, ni empeora lo del 2016”, dice Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

De referéndum y coordinaciones
Pero para Tuesta, el principal problema con el calendario no son necesariamente las elecciones generales, sino el referéndum.

“En 60 días no haces un referéndum. En el que se realizó el 2018 [que fue convocado con 60 días de anticipación] ya tenías el aparato electoral montado de las elecciones municipales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el JNE tienen que crecer y contratar mucho”, dice.

Este problema se agrava si se toma en cuenta que la disposición transitoria especial que propone el Ejecutivo indica que el nuevo calendario lo deberán armar los tres organismos involucrados —JNE, ONPE y Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) —, entre los que suelen haber discusiones y desavenencias.

“Que se pongan de acuerdo los tres es complicado. Debieron darle la potestad a uno, porque sino cada quien va a armar su propio cronograma”, dice Villalobos.

Tuesta opina que el JNE y el Reniec deberían adecuarse al calendario que proponga la ONPE, por tratarse de la entidad directamente involucrada en el manejo operativo de la votación.

Reformas golpeadas
Además de retroceder en cuanto al ‘aire’ que permitían los plazos más largos, también se vuelve muy difícil aplicar algunas de las reformas políticas que ya habían sido aprobadas en el Congreso. Más allá de la discusión legal, los especialistas coinciden en que la aplicación de las primarias es imposible.

Incluso, para Villalobos, por lo apretado de los plazos ya es complicada la elección de las listas mediante el sistema vigente, en el que el 20% puede estar conformada por designados y el 80% se elige mediante votación interna (la mayoría de partidos lo hace mediante votación de delegados, porque es más fácil).

Algo similar ocurre con la reforma sobre inscripción de partidos, que exige a las organizaciones tener presencia en —por lo menos— cuatro quintos de los departamentos del país y un tercio de las provincias, además de 24,000 afiliados.

“No creo que ningún nuevo partido pueda cumplir con ese requisito en tan poco tiempo”, dice Naupari. El problema es que, de mantenerse el sistema actual que exige recolección de firmas, el tiempo para que los partidos nuevos la realicen se acorta también significativamente.

Finalmente, la reforma sobre paridad y alternancia, que por ahora está ‘amarrada’ a la realización de primarias —y, además, habla específicamente sobre los años 2021, 2026 y 2031— tendría dos caminos para poder salir adelante. Que el presidente la observe y se le hagan modificaciones en el Congreso o que se proponga una ley electoral especial ad hoc que la haga funcionar sin primarias (y en el 2020). 

“Particularmente creo que sí [el balance sería negativo]. El caballo de batalla [del gobierno] era renovar la política. ¿Si ya no voy a tener primarias, cómo voy a filtrar y transparentar a los candidatos que llegan a la elección?", dice Naupari. 

Con todo, el gobierno ha decidido sacar adelante el adelanto de elecciones. Toca ver —advierte Tuesta— si el Congreso la aprueba y, sobre todo, si la aprueba con celeridad. De eso dependerá todo lo escrito.