Joaquín Rey postula al Congreso por Victoria Nacional con el número 9 por Lima (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)
Joaquín Rey postula al Congreso por Victoria Nacional con el número 9 por Lima (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)
Joaquín Rey

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Una circunstancia como la actual requiere de la participación de todos los actores: el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. El objetivo debe ser uno solo: garantizar el acceso universal, gratuito y oportuno a la vacuna contra la COVID-19.

Aunque la prioridad debe estar en la adquisición de las vacunas por parte del Estado, el sector privado puede contribuir de manera decisiva en la gestión logística posterior, que es tan relevante como la propia adquisición de la vacuna. Para este desafío, el gobierno podría establecer alianzas público-privadas con actores que puedan contribuir con la distribución, almacenamiento y aplicación de la vacuna. En estas tareas, las farmacias o establecimientos privados de salud podrían complementar el trabajo de establecimientos públicos, en virtud de acuerdos con el gobierno sin costo para el beneficiario.

Alianzas de este tipo resultarán fundamentales, sobre todo para la fase 3 de vacunación, que requiere una capacidad de respuesta mucho mayor que las fases iniciales dado el volumen de beneficiarios que deberán ser atendidos.

Hay que señalar que en Perú ya existen experiencias de colaboración de este tipo. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, EsSalud tiene un contrato con un gestor logístico privado que ha contribuido de manera significativa a mejorar la distribución y abastecimiento de medicamentos en sus establecimientos.

Más que una competencia, hay que ver esta coyuntura como una extraordinaria oportunidad de colaboración entre el Estado y los actores privados en beneficio de toda la población.