Martín Vizcarra afronta una acusación constitucional por el caso 'Vacunagate' . (Foto: Britanie Arroyo)
Martín Vizcarra afronta una acusación constitucional por el caso 'Vacunagate' . (Foto: Britanie Arroyo)
María Isabel Álvarez

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El expresidente y hoy candidato al Congreso, , decidió recurrir al Poder Judicial para frenar el proceso en su contra en el Legislativo y evitar una eventual inhabilitación. Este recurso se suma al que presentó hace unas semanas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitó que se archiven sus acusaciones constitucionales.

A través de sus redes sociales, Vizcarra Cornejo informó que su defensa interpuso una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima. El exmandatario alegó que el Congreso “vulnera el debido proceso”.

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Este jueves 8 la Comisión Permanente debatirá las denuncias constitucionales en contra de Vizcarra por el caso ‘Vacunagate’. La sesión iniciará a las 9 de la mañana y se le concederá el uso de la palabra a Vizcarra o su abogado por un espacio de 30 minutos.

“La democracia y el Estado de Derecho no pueden permitir estos atropellos. Confío que se atenderá nuestro pedido, el Congreso no está por encima de las leyes ni la Constitución. Los derechos de los ciudadanos deben respetarse”, sostuvo Vizcarra.

Mira: Vizcarra presenta acción de amparo ante PJ y dice que el Congreso “no está por encima de las leyes ni la Constitución”

“La inhabilitación express planteada por el Congreso vulnera el debido proceso, por eso he presentado una acción de amparo ante un Juzgado Constitucional”, añadió.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso envió el viernes 2 de abril a la Comisión Permanente el informe final de las denuncias constitucionales 423 y 427 contra Martín Vizcarra por el caso de las vacunas irregulares, denominado ‘Vacunagate’.

En el documento se recomienda la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años contra el ex jefe de Estado.

MIRA | Martín Vizcarra y el ‘Vacunagate’: Los argumentos del informe que busca inhabilitarlo por 10 años

“Están acreditadas las condiciones para que sea inhabilitado”

Víctor García Toma, abogado constitucionalista, consideró que en el caso de Vizcarra no habría una vulneración al debido proceso. “Se estarían cumpliendo con todos los requisitos”, indicó.

En declaraciones a este Diario, el especialista sostuvo que la admisión a trámite de la acción de amparo podría tomar de tres a cuatro semanas.

Admitida a trámite, el abogado del señor Vizcarra presentará una solicitud de medida cautelar, la cual tendrá que ser objeto de una segunda calificación, de obtenerse la medida cautelar, que sería la de suspender el trámite de inhabilitación, el Congreso estaría obligado a hacerlo”, señaló.

García Toma recordó que “no es la primera vez que se cuestiona el debido proceso en sede parlamentaria”, tras mencionar el caso del excongresista Javier Diez Canseco.

Si se llegase a votar y sancionar por parte del pleno del Congreso (contra Vizcarra) se habría producido según su posición una violación (al debido proceso), la acción de amparo que demoraría algunos meses, en el caso de ser estimada implicaría devolver las cosas al estado anterior de la violación, es decir declara nulo el procedimiento”, añadió.

El constitucionalista explicó que si se produce la inhabilitación antes del día de la proclamación de credenciales, no se entregaría esas credenciales y asumiría el que le sigue en la lista del voto preferencial.

En el campo de lo fáctico está acreditado las condiciones para que sea inhabilitado, ha habido un abuso de la confianza y se ha hecho un uso indebido de la autoridad para provecho propio usando un bien público, el tema está en el procedimiento, es decir si está cumpliendo o no los aspectos formales”, indicó.

“El Congreso tiene competencia, sí se le ha imputado la falta, aparentemente existe, se le ha citado, se entiende que su abogado debe haber accedido a todos los documentos que obran en la comisión, ahora lo que faltaría es que se otorgue el derecho a la defensa para sustentar oralmente o su abogado”, apuntó.

“Es complicado que el juez acoja la demanda”

En tanto, el abogado constitucionalista Luciano López consideró que existen pocas posibilidades de que el Poder Judicial le dé la razón a Vizcarra en este caso. Sostuvo que el proceso no ha culminado y aún quedan instancias en las que el candidato podrá hacer uso de su defensa ante el Parlamento.

El trámite que sigue tres instancias, primero en la Subcomisión, luego la Comisión Permanente y luego el Pleno y en esos tres espacios él tiene derecho a la defensa, él ha estado tratando de colocar una serie de quejas, lo cierto es que el procedimiento no ha agotado efectos, no ha concluido. Si él alega vulneración a la debida defensa o algo por el estilo como no ha culminado el proceso, lo veo complicado que el juez pueda acoger la demanda”, declaró.

El letrado recordó que Vizcarra también ha presentado un pedido de medida cautelar ante la CIDH y dijo que “está tratando de dejar una serie de hitos de que ha estado reclamando la defensa de sus derechos”.

López indicó que una vez que concluya el proceso en el Congreso, y en caso Vizcarra sea inhabilitado, su defensa puede presentar otro recurso de acción de amparo. Este tendría más posibilidades de ser admitido.

”La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sí permite el planteo de amparos contra decisiones del Parlamento en juicios políticos, pero lo considera una vez que el procedimiento ha culminado”, dijo.

“Lo que intenta es bloquear”

Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicó a El Comercio que, con el recurso de acción de amparo, Vizcarra buscaría dilatar el proceso en su contra.

El señor Vizcarra, bajo diferentes mecanismos, ha buscado dilatar el trabajo de la subcomisión, es un tema de argucia, no olvidemos que este recurso que ha presentado es el segundo, eso es algo que él no ha aclarado, el primero no se lo admiten y ha presentado un segundo recurso, a ver qué sucede”, indicó.

Pérez Ochoa agregó que “lo que intenta (Vizcarra) es bloquear la base que está teniendo el proceso constitucional, si se aprueba el informe (en Comisión Permanente), incluso existe la posibilidad que las sanciones puedan variar”.

Explicó que si se aprueba pasa al Pleno, “ahí estará en manos de la presidenta del Congreso la convocatoria a una audiencia donde podrá hacer su defensa, esas dos instancias siempre va a garantizar que se defienda, por eso el argumento de que el Congreso vulnera su derecho a defensa se cae”.

Estimó que, de ser aprobado el informe, la próxima semana podría ser visto en el Pleno del Congreso. “Creo que la siguiente semana, una vez que sea vea esto el día jueves, queda expedito para la siguiente semana”, dijo.

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