Empezó la campaña, por Diana Seminario

Ha pasado una semana desde que el presidente Martín Vizcarra terminó su mensaje ante el Congreso anunciando un proyecto de reforma constitucional para acortar el período presidencial y qué duda cabe que ya se inició la campaña con argumentos a favor y en contra de la “audaz” propuesta. Desde los que inciden en lo legal hasta los que se basan en lo económico.

Según el ministro de Economía, Carlos Oliva, adelantar las elecciones es lo mejor para el país: “Estamos ante el riesgo de tener dos años de una confrontación que no es buena para la economía, ni para el crecimiento ni para el desarrollo”. Cambiar las reglas de juego en pleno partido, iniciar una campaña electoral para la que no estamos preparados porque ni siquiera sabemos qué normas la van a regir, es lo mejor para la reactivación económica, según el titular del MEF.

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“Ante una situación de inestabilidad como la actual, las inversiones se retraen y las inversionistas entran a un estado [de] enfriamiento, que me preocupa”. Esta fue la reacción de la presidenta de Confiep, María Isabel León, tras el anuncio del 28 de julio. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, fue en la misma línea: “Este adelanto de elecciones marcará un ánimo negativo en el empresariado”.

Quienes aplauden la decisión presidencial afirman que la parálisis económica ya se registraba desde antes del mensaje, por lo que es mejor cambiar el escenario y así se adelanta la recuperación económica. La verdad es que nadie puede asegurar la recuperación, pues no tenemos ni idea quién asumirá las riendas del país. No se descarta, incluso, un candidato antisistema.

En la discusión legal, de un lado están quienes no le ponen ningún pero a la propuesta porque hay que “vencer la mafia fujiaprista enquistada en el Parlamento” y, por otro, quienes analizan fríamente la situación.

Según el proyecto del Ejecutivo: “El adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el consiguiente perjuicio de la ciudadanía”.

De acuerdo con la doctora Delia Muñoz; las reformas constitucionales al igual que las leyes son de alcance general o abstractas. No puede haber una ley con nombre propio o para solucionar un tema de crisis política como el actual. Es decir, no se puede plantear una reforma para responder a una coyuntura política, por lo que propone que en estos casos la vía es el cambio de gobierno, sin tocar el modelo constitucional.

Mención aparte merece el tema de la aprobación del mensaje por parte del Consejo de Ministros. Según el acta de la reunión del Gabinete del 24 de julio, ese día se aprobó la propuesta, pero el proyecto de reforma recién el 31.

Más allá de la comparsa de quienes aplauden el supuesto “desprendimiento presidencial”, está en juego la institucionalidad de nuestro precario sistema. Fácil es invocar al “pueblo”.

No está demás mirarse en el espejo de aquellos a los que “el pueblo” aclamó y ahora deben asumir sus errores, delitos e incluso el abandono de quienes lo adularon.