Villanueva rechazó acusación de Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público. Negó que el gobierno de Martín Vizcarra coordine “bajo la mesa” con el fiscal Pérez. (Foto: Renzo Salazar)
Villanueva rechazó acusación de Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público. Negó que el gobierno de Martín Vizcarra coordine “bajo la mesa” con el fiscal Pérez. (Foto: Renzo Salazar)
Juan Paredes Castro

En medio de la más tensa polarización política de los últimos tiempos y del más extendido reinado de intereses políticos propios, el llamado del presidente a poner el Perú primero es la mayor puesta a prueba de él mismo. Pasa lo mismo con su invitación a trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción.

Vizcarra, que accedió democráticamente a la presidencia jurando servir al país y prometiendo respeto a la Constitución y a la división de poderes, no tendría necesidad de volver sobre estos temas todo el tiempo. Pero si siente la necesidad de hacerlo es porque hasta hoy no ha logrado colocarse en un centro político estratégico que le permita gobernar por encima de las divisiones y confrontaciones subalternas de la coyuntura con la que se encontró al comienzo de su mandato.

Este viene a ser el mayor problema de Vizcarra y su gobierno, al punto que un llamado tan serio como el de poner el Perú primero se queda en el Twitter y no cobra el sentido que debiera tener en un momento crispado como el actual, en el que las voces del presidente y del primer ministro debieran constituir invitaciones al diálogo, no al monólogo. No como reacción al deseo tardío del fujimorismo de construir una agenda nacional después de haberse pasado dos años construyendo y destruyendo a la vez su propia agenda partidaria.

De lo que se trata es de que la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros sean instancias realmente elevadas, propiciadoras de diálogo, acuerdos y consensos.

Es muy difícil que el país pueda funcionar –en términos de Gobierno, Congreso y Poder Judicial– sin una buena dosis de apertura, tolerancia y negociación. Eso es lo que hubo, en buena cuenta, cuando las iniciativas de reformas políticas y judiciales del Gobierno fueron aprobadas por el Congreso.

¿Por qué ello no podría ser una práctica habitual en función de un país que vive sin planificación, sin prioridades de rumbo, sin acuerdos comunes mínimos, sin metas ni objetivos por alcanzar más allá del 2021?

Al presidente de transición Valentín Paniagüa le tocó lidiar el 2000 con la corrupción heredada de Alberto Fujimori. Lo hizo bien y severamente, y en corto tiempo le dio sentido de futuro a la democracia y al país, fortaleciéndolos en su funcionamiento. Pero sobre todo privilegió el diálogo sobre el monólogo. Estaba siempre dispuesto a entender y dejarse entender, no sintió la necesidad de romper lanzas contra nadie.

Martín Vizcarra y tienen que abandonar sus monólogos y abrirse más al diálogo con todas las fuerzas políticas para desbloquear y desentrampar lo que precisamente le afecta al país en su crecimiento económico y la distribución social de sus ingresos.

Con una Jefatura del Estado y una Presidencia de Consejo de Ministros encapsuladas en la politización de la justicia y en la judicialización de la política solo podremos esperar el agravamiento de la actual crisis, quizás sin más tiempo para volver a decir “pongamos al Perú primero".