Ex ministro Paredes “insistía” en que el 'club' haga los pagos, según colaborador

El aspirante a colaborador eficaz 09-2018 afirmó que Carlos Paredes Rodríguez, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la presidencia de Ollanta Humala, “era muy exigente” con los pagos de dinero que las empresas del denominado 'club de la construcción” debían entregarle por presuntamente haberlas favorecido con la licitación de obras públicas.

Así lo afirmó el fiscal del Equipo Especial Germán Juárez Atoche, durante la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra José Guillermo Paredes Rodríguez (hermano del ex ministro Carlos Paredes) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).

El declarante secreto aseguró, ante el fiscal Juárez Atoche, que la primera vez que Carlos Paredes contactó con Carlos Eugenio García Alcázar, quien fue nombrado asesor del MTC a pedido del Club de la Construcción, fue octubre del 2011.

Según el fiscal, el aspirante a colaborador contó que aquella vez se reunieron en la oficina del ex ministro y este le dijo a García Alcázar que se encargara de la revisión de ejecución presupuestal, las mejoras de los aeropuertos y las cartas de reclamo de los postores.

Y, cuando García Alcázar salía de la oficina, Paredes Rodríguez le dijo, “no te olvides de lo otro"; obviamente se refería a la cobranza de los empresarios del 'club de la construcción', prosiguió el fiscal.

“El ministro, era muy insistente con los pagos. Hubo hasta en diez ocasiones que llamó a su despacho a García Alcázar y le solicitaba los pagos manifestando que ya había dispuesto los pagos adelantados a raíz de los contratos firmados con las empresas ganadoras de la buena pro e integrantes del club de la construcción; de manera tal que comprendió que los empresarios tenían disponibilidad de dinero por lo que este (García) le decía que espere pues las empresas tenían que justificar la salida del dinero”, sostuvo el aspirante a colaborador según el fiscal.

-Los tres componentes o estratos del club-

Según el fiscal, el ex ministro del gobierno humalista integraba uno de los tres componentes que integraban la presunta organización conocida como el 'club de la construcción'.

El primer componente, dijo el fiscal, estaría integrado por diversas empresas nacionales y extranjeras dedicadas al rubro de la construcción.

El segundo componente era Rodolfo Prialé de la Peña, quien fungía de representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión del 'club' al entonces funcionario del MTC, Carlos García Alcázar.

El tercer componente, que según la fiscalía estaba constituido por los funcionarios y/o servidores del MTC Carlos Paredes Rodríguez, Carlos García Alcázar, Marco Antonio Garnica Arenas (ex gerente de la Unidad Gerencial de Provías Nacional) y a los ex miembros del comité de contratación del MTC. Además, de José Guillermo Paredes Rodríguez, hermano del ex ministro.

Según el aspirante a colaborador eficaz 09-2018, el 'club de la construcción' y el 'club de conservación y mantenimiento' habrían realizado cerca de 20 entregas de dinero a toda la organización por un total aproximado de USD$ 17 millones. Siendo en junio del 2014 la última entrega de dinero en el departamento de Los Eucaliptos 415, San Isidro; donde se reunían los empresarios con los funcionarios del MTC.

El fiscal Juárez les imputa a José Guillermo Paredes Rodríguez y a Javier Lei Siucho los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico.

-Está corroborado-

El fiscal Juárez Atoche también citó la declaración de los aspirantes a colaboradores 04-2018, 14-2018 y 15-2018 quienes coincidieron con sus declaraciones sobre el funcionamiento del 'club de la construcción', sus integrantes y la participación de los entonces funcionarios del MTC.

El 4-2018 aseguró que José Guillermo Paredes, hermano del ministro, que en una reunión en el departamento de San Isidro, este les reclamó no haber estado cumpliendo con lo acordado.

El 14-2018 narró -según el fiscal- que José Guillermo Paredes, les dijo en la reunión que debían pagar el 5% de las obras, pero luego se quedó 3% . A cambio, los miembros del Club le exigían al ex ministro Paredes que no debía permitir que ninguna empresa que no fuera del Club se adjudique obras.

Mientras que el 15-2018, sostuvo que el ex funcionario Marco Garnica Arenas “se alineó con García Alcázar” cuando este llegó al MTC.

Dijo, según narró el fiscal, que los funcionarios participantes del 'club' fueron el ex minsitro Carlos Paredes y García Alcázar.

Además, aseguró que Garnica Arenas tenía prueba documental de los presuntos actos ilícitos pues agendó los proyectos y teléfonos con los empresarios con los que mantenía comunicación.

Junto a ello, presentó también la declaración testimonial del empresario Eduardo Sobenes, ex gerente de Apoyo Total, quien reconoció la existencia del 'club de la construcción' y la participación del ex ministro humalista, Carlos Paredes.

Es más, Juárez Atoche presentó como elemento de convicción la declaración de Sobenes del año 2015, cuando era aspirante a colaborador eficaz; y en la que ya informaba sobre la existencia del mencionado 'club de la construcción', pese a que entonces no se sabía nada de la presunta organización criminal

El fiscal también entregó las facturas que expidió las empresas Lual Contratistas Generales SAC y a Corporaciones Diluvio de parte de las empresas que integrarían el Club de la Construcción, por “arrendamientos ficticios”. Y que, dijo el fiscal, eran usados para justificar los pagos. Es decir, que dichos contratos eran el dinero del porcentaje que le correspondía a los funcionarios del MTC y otros integrantes de la presunta organización como presunta coima por haber favorecido al Club con las obras pública.

“Era una manera encubierta de que las empresas pudieran pagar las coimas una vez gana la licitación”, afirmó el fiscal Juárez.

Entre los contratos ficticios, dijo el fiscal Juárez, se realizaron entre Lual con Conalvías Sucursal Perú, Mota Engil, CyM, Cosapi S.A, OAS y otras.

“Es decir, se realizaba el depósito previamente se giraba la factura, ingresaba el dinero a Lual y una vez que ingresaba, (el dinero) se retiraba y se retiraba apara efectos de hacer el pago a García Alcázar y este a José Guillermo Paredes Rodríguez”, sostuvo el fiscal.

El fiscal sostuvo que en su declaración como testigo en la investigación seguida contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, José Guillermo Paredes, aseguró que “no conocía” a Carlos García Alcázar.

“Pero eso era mentira pues ha sido desmentida por el tráfico de llamadas. En total 47 llamadas entre ambos”, dijo el fiscal.

-Defensa hizo alegatos-

Miguel Choquehuanca Zapata, abogado de José Paredes, sostuvo que la fiscalía solo corroboró declaraciones de colaboradores eficaces entre sí y o hay más elementos que sustentes sus declaraciones.

Aseveró que la fiscalía, calificó los hechos de un "modus operadis", imputando 33 licitaciones tomadas por el 'club', pero solo se le hace referencia a tres.

Agregó que la información que presentó la fiscalía sobre los hospedajes de su patrocinado en los hoteles Blue Star y Prado, es “incompleta y sesgada” pues este ha sido huésped de ambos desde el 2009 hasta el 2016.

“Es una verdad a medias, acomodadas a un sentido de la realidad” , dijo.

Finalmente, la defensa legal de Paredes sostuvo que si bien los elementos presentados por la fiscalía, "justificarían sí una investigación (...) esto no puede llegar a los estándares para dictar la prisión preventiva".

César Nakazaki, abogado de Javier Lei Siucho, dijo a su turno que los elementos presentados por la fiscalía, son sospecha reveladora para iniciar una investigación preparatoria, pero no tienen “sospecha grave” para prisión preventiva.

Aseguró que hace un año y dos meses se acreditaron ante la fiscalía; sin embargo no se les incluyó en la investigación preliminar; sino directamente en la investigación preparatoria, afectado su derecho a la defensa.

Nakazaki insistió en que el pedido de prisión preventiva no puede proceder "por los problemas de legalidad" pues no había ningún acto en la que su patrocinado pudo haber hecho uso de su derecho a la defensa.