Expertos evalúan propuestas del presidente Vizcarra en materia de justicia

Un ex presidente del Tribunal Constitucional y dos ex procuradores anticorrupción saludan las iniciativas para el sistema de justicia anunciadas por el mandatario Martín Vizcarra tales como la elección de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso y la ley para incentivar la probidad de los abogados.

“Una reforma constitucional del CNM [...] con concurso público de méritos. Iniciaremos el procedimiento para convocar a referéndum”.

Óscar Urviola
Ex presidente del TC
Con relación a la reforma constitucional del CNM y la eliminación del sistema de elección por un concurso de méritos, a mí me parece que es correcto. Yo creo que es bueno que los consejeros se elijan por concurso público, pero además me parece que los candidatos que postulen deberían ser propuestos por instituciones como el mismo Poder Judicial, el Ministerio Público, las universidades públicas y privadas debidamente certificadas. Y la otra medida, de una disposición transitoria que autorice la revisión de los nombramientos y ratificaciones realizadas por el CNM, cuyos integrantes fueron removidos, también me parece oportuna. Esa revisión la tendría que hacer el CNM debidamente constituido luego de la reforma constitucional. Eso todavía no se ha explicado.

Luis Vargas Valdivia
Ex procurador anticorrupción
Es un proyecto adecuado. Yo sí creo que el CNM es un órgano importante, porque permite despolitizar el nombramiento de jueces y fiscales. Yo he sido juez y padecí el sistema de designación por parte del presidente de la República. Sí creo que el sistema de representación no funcionó por intereses. Los representantes de los colegios profesionales y de abogados, de las universidades, debieron ser lo mejor de estas instituciones. Sobre la revisión de los nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales, creo que debe abarcar los últimos 10 años y no solo lo que hizo el último CNM. El juez Hinostroza obtenía siempre 100 puntos en exámenes y no reunía las condiciones. Hacerlo vía referéndum no solo es expeditivo, sino que le da más legitimidad por el respaldo popular, es el pueblo que se expresa.

Iván Montoya
Ex procurador anticorrupción
La convocatoria a un referéndum [para la reforma constitucional del CNM] condiciona al Parlamento, lo pone entre la espada y la pared. Si solo fuera un proyecto de ley para la reforma constitucional, puede tomar todo el tiempo. La diferencia es que el Congreso sepa que eso va a pasar a una consulta popular. Ha estado bien pensada la medida. El esquema de consejeros del CNM elegidos por concurso implica el adiós a un esquema de representación que venía desde la Constitución de 1979 y profundizado por la de 1993. El reto será precisar los nuevos perfiles, con requisitos más altos y qué entidad va a convocarlo. La revisión de los últimos nombramientos y ratificaciones redondea la figura, porque la idea es que tampoco tengamos la herencia dejada por un CNM totalmente cuestionado.

“Proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Ahora un abogado corrupto será sancionado penalmente con agravantes”.

Óscar Urviola
Ex presidente del TC
Me parece una buena propuesta. Existen códigos de ética en los respectivos colegios de abogados, así como tribunales de honor, pero estos no funcionan. Parece que allí sí se aplica el principio de otorongo no come otorongo. No conozco de sanciones que se hayan dado en colegios de abogados, no lo he escuchado hace muchos años. Incluso a veces los abogados son los operadores de una coima. Por lo tanto, es importante que se agraven las penas. Las figuras existen en el derecho penal, ya sea como autores, coautores, cómplices o autores mediatos de la corrupción de funcionarios. Me parece que la novedad es la forma en que se va a actuar para detectar esto, que puede ser a través de la autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Luis Vargas Valdivia
Ex procurador anticorrupción
Me parece que está bien, comprende la probidad en el ejercicio. En este caso, los colegios profesionales tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Hemos visto que muchos ex magistrados condenados siguen ejerciendo la profesión. El proyecto introduce agravantes para la sanción penal por la condición de abogado y me parece bien. También plantea garantizar sanciones de índole administrativa, desde la suspensión temporal hasta el impedimento definitivo del ejercicio profesional. No hay que olvidar que los títulos profesionales se entregan a nombre de la nación, entonces el Estado está facultado para regular esa actividad profesional. Es una buena medida que debe ir engarzada con una reforma de la educación superior. Las universidades van a proveer los futuros jueces y fiscales.

Iván Montoya
Ex procurador anticorrupción
Entre los grandes intermediarios entre corruptores y corruptos están los abogados y los grandes estudios de abogados. Casi la mayoría de los estudios son piezas fundamentales en esa intermediación de la corrupción. Está bien que el derecho penal fije especiales formas agravadas para sancionar, pero creo que no nos debemos quedar allí. Habría que introducir algún mecanismo que permita detectar los casos más fácilmente. Promover, por ejemplo, espacios de denuncias de los usuarios, a quienes los abogados sugieren pagar una coima. Facilitemos canales de denuncia, con avisos hasta anónimos, en los colegios de abogados para que se pueda abrir un proceso de indagación en los casos en los que haya un grado de verosimilitud. Que los abogados sepan que los colegios tienen canales abiertos.

“Crear la autoridad nacional de integridad y control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. La OCMA no ha cumplido su rol”.

Óscar Urviola
Ex presidente del TC
Es una buena iniciativa. Yo justo estaba pensando en la creación de una superintendencia nacional de servicio a la justicia, pero aquí al hablar de una autoridad de integridad estamos prácticamente hablando de un organismo supervisor, como existe en otros sectores como el financiero o de salud. [La justicia] es un servicio público que ha tenido órganos de control interno que no han funcionado y no sirven para nada. El presidente [Martín Vizcarra] ha atribuido con claridad y mucha valentía la responsabilidad al mismo Poder Judicial, al Ministerio Público, al CNM, cuando ha dicho que no han actuado para detectar las irregularidades. Tiene que ser un organismo externo que supervise todos los servicios de justicia, que no dependan de órganos que van a supervisar.

Luis Vargas Valdivia
Ex procurador anticorrupción
Es un clamor. Si bien en un momento las oficinas de control destacaron, sobre todo cuando estuvo Carlos Ernesto Giusti, en los últimos años han demostrado inactividad, complacencia y hasta encubrimiento de actos de corrupción. Es lamentable que las oficinas de Control Interno del Poder Judicial y el Ministerio Público hayan sido incapaces de evitar estos hechos, a pesar de que han tenido elementos que les han permitido conocer estas actitudes. En mérito de este famoso término del otoronguismo, que sean los propios jueces y fiscales los que se controlen a sí mismos no funciona. Esto no afecta la independencia en el ejercicio de la función de jueces y fiscales, lo que hay es un control externo de su actividad y evaluación de su ejercicio. Y el presidente ha dicho que los titulares de esta autoridad serán elegidos por concurso.

Iván Montoya
Ex procurador anticorrupción
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fracasó. Hace como 15 años mencionamos, quienes hemos trabajado el tema, que su diseño tenía límites para hacer control disciplinario de magistrados. Los mismos magistrados ejercen de jueces controladores y luego regresan al cargo. Luego su compañero y amigo va a la función; es decir, se forma un círculo vicioso que impide que se controlen mutuamente. Eso en los distritos judiciales es más clamoroso, porque son hasta compadres y compañeros de promoción. Hay que tener cuidado de qué entidad convocará al concurso público para elegir a los titulares [de la autoridad de integridad], qué pasos tendrá el concurso. La sociedad civil puede estar observándolo. Si es un comité de selección intachable, se asegura una buena selección.