Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

►Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es falsa
El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola afirmó que la llamada que le hizo el primer ministro, Salvador Del Solar a la congresista Janet Sánchez para sugerirle que aplace la votación de la situación del titular del Parlamento, Daniel Salaverry, “de ninguna manera” puede ser calificada como una infracción a la Carta Magna.

"En absoluto. El primer ministro está en un gobierno que tiene una bancada, de la que formaba parte Sánchez, y es razonable que existan coordinaciones para que -sin referirse al fondo- pueda haber una coordinación sobre la conveniencia o no de poner en agenda un tema que podría alterar la tranquilidad", explicó Urviola a El Comercio.

Agregó "que no hay ninguna violación constitucional" y que es exagerado afirmar lo contrario.

José Antonio Tirado, magíster en Derecho Constitucional por la PUCP, coincidió con Urviola en que era exagerado considerar una interferencia del primer ministro y comentó que hay una tendencia en los últimos tiempos de penalizar todo en las relaciones políticas.

Tirado detalló que Del Solar no le ha ofrecido a Sánchez dinero o un viaje para que cambie el sentido del informe sobre Salaverry, que recomienda la suspensión de este. Recordó que el jefe del Gabinete la exhortó a evaluar la situación. "Se enmarca en un espacio razonable", anotó.

En comunicación con El Comercio, Heresi evitó indicar a qué artículo de la Constitución se refirió.

“Nosotros ya hemos manifestado nuestra opinión al respecto, ahora estamos abocados al tema de la reforma política, más adelante cuando termine esto evaluaremos lo del primer ministro, no quisiera distraer el debate de la reforma política”, manifestó.

Esta afirmación es imprecisa
El congresista Marco Arana utilizó este argumento para oponerse al proyecto sobre las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin embargo, este no propone aumentar el número de parlamentarios, como él sugiere erróneamente. Incluso, ninguna de las iniciativas del Ejecutivo enmarcadas en la reforma política lo hace.

Y cuando el gobierno planteó el año pasado la reforma constitucional para que el Parlamento regrese a ser bicameral, esta propuesta tampoco aumentaba el número de legisladores (30 senadores y 100 diputados).

Sin embargo, el propio pleno del Congreso cambió a inicios de octubre último esta parte y estableció que el número de integrantes de la Cámara de Diputados sea de 130 y de la Cámara de Senadores de 50.

Esta reforma fue rechaza en el referéndum de diciembre pasado.Sí es correcto afirmar que la propuesta de elecciones internas del Ejecutivo plantea aumentar hasta a seis los procesos electorales en los que deben participar los ciudadanos: tres para elecciones generales (primarias, primera y segunda vuelta) y tres para elecciones municipales y regionales (primarias, primera y segunda vuelta regional).

El Comercio intentó comunicarse con Arana, pero el parlamentario no respondió a nuestras llamadas.

Esta afirmación es falsa
Los congresistas de Fuerza Popular promovieron en Twitter la tendencia #KeikoPresaPolítica y #KeikoLibertad el martes y miércoles de esta semana. Uno de tuiteros fue el parlamentario Sarmiento, quien consideró que la excandidata presidencial es “una presa política”, lo cual es falso.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que en el Perú no existe una persecución política.

En diálogo con la agencia Andina, Vivanco subrayó que nadie discute que en Perú hay un sistema democrático de gobierno que cuenta con "medios de comunicación independientes, una vibrante sociedad civil, un Poder Judicial independiente y un Ministerio Público capaz de realizar investigaciones como las que ha hecho que comprometen a poderosos políticos del pasado".

El presidente del poder Judicial, José Luis Lecaros, también rechazó que Fujimori Higuchi sea una “presa política”, como lo sostienen desde el partido naranja.

“[¿Keiko Fujimori es una presa política?] No, no es una presa política porque el Poder Judicial, cuando dictó su detención, no tuvo influencia política, fue en una resolución dictada de acuerdo con la ley en el expediente”, remarcó.

El gobierno de Uruguay, al negar la solicitud de asilo del fallecido expresidente Alan García, consideró que en Perú existe independencia de poderes.

La justicia española autorizó, en primera instancia, la extradición del exjuez supremo César Hinostroza por dos delitos, argumentando que este no era víctima de persecución.

Y Estados Unidos ha ordenado la detención del exmandatario Alejandro Toledo, quien dice ser un perseguido político, mientras dure el proceso de extradición en su contra.

En comunicación con El Comercio, el congresista Sarmiento insistió en afirmar que Keiko Fujimori es una presa política. Agregó que “es la única política” que está presa por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht. “Ella no ha sido gobierno”, dijo.

Esta afirmación es imprecisa
Si bien el Congreso de la República, como refiere Salgado, aprobó el último miércoles acusar al exfiscal de la Nación por el presunto delito de encubrimiento real, rechazó, con los votos de la bancada de Fuerza Popular, denunciarlo por organización criminal y encubrimiento personal.

El Parlamento ha enviado al archivo cuatro denuncias constitucionales contra Chávarry por los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la presunta relación con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la adulteración de notas y plagio de tesis y el deslacrado de oficinas (presentada por el Frente Amplio).

En conclusión, el Parlamento solamente ha aprobado que el fiscal supremo pueda ser investigado por un solo delito, el de menor sanción.

En diálogo con El Comercio, Salgado indicó que el pleno aprobó “la única acusación constitucional” que había sido autorizada por la Comisión Permanente.

“Si tú le pones otra cosa que no está sustentada y aprobada por la Comisión Permanente, lo que hace inmediatamente el señor Chávarry es pedir inmediatamente la anulación del proceso y acusación para los que hemos infringido la ley”, dijo.