Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

►Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es imprecisa
El politólogo Martín Tanaka, exintegrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, explicó que si las elecciones generales se adelantan para el 2020 será muy difícil que se aplique el proyecto sobre las elecciones internas y primarias, porque “ya no habría tiempo para ellas” ni la iniciativa referida a la de inscripción de partidos políticos (que eliminaba las firmas).

“Los partidos inscritos elegirían sus candidatos como antes, aunque podríamos tener paridad y alternancia en las listas y voto preferencial, lo que sería un avance parcial, pero habría que aclarar que donde la ley habla de 2021 debe entenderse 2020”, refirió en su cuenta de Twitter, luego de que el Ejecutivo presentará el proyecto para recortar su mandato y el del Parlamento.

Tanaka dijo que se puede incluir en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de la política, pero precisó que se deben normar asuntos pendientes como el financiamiento privado, el financiamiento público, rendición de cuentas y sanciones administrativas y políticas.

Respecto a las reformas de carácter constitucional, el profesor de la PUCP dijo que la referida a la que impide la postulación de los sentenciados en primera instancia, puede regir en las eventuales elecciones del 2020. Sin embargo, esto depende de la segunda votación del pleno del Congreso.

El Comercio se comunicó con la Secretaría de Comunicación Social de la PCM. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Esta afirmación es falsa
El Congreso aprobó modificar el artículo 34 de la Constitución para que los ciudadanos que tengan una sentencia en primera instancia por delito doloso no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni tampoco funcionarios públicos. Sin embargo, esta iniciativa, que está pendiente de una nueva votación en la presente legislatura, no tiene una relación directa a situaciones como la del exparlamentario Edwin Donayre.

La Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de Lima abrió en octubre de 2015, seis meses antes de su elección, el juicio oral contra el excongresista de Alianza para el Progreso por el robo de combustible en el Ejército.

Si la reforma del artículo 34 de la Constitución hubiera estado vigente en el 2016, Donayre igual hubiese podido postular. Él, en ese momento, no tenía una sentencia en primera instancia. El fallo condenatorio fue emitido en agosto de 2018.

Entonces, situaciones como la de Donayre en el presente Congreso se pueden repetir en el siguiente Parlamento, a pesar de la referida prohibición, si es que no se cambia la modalidad de levantamiento de inmunidad parlamentaria.

En comunicación con este Diario, Bruce indicó que él pensó que el general EP en retiro tenía sentencia en primera instancia cuando postuló al Legislativo en el 2016.

“Estoy equivocado, yo pensé que tenía sentencia en primera instancia, en este caso no se hubiera detectado el caso de Donayre”, acotó.

Esta afirmación es falsa
El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó a El Comercio que si el Congreso aprueba en un solo proyecto un eventual adelanto de elecciones y la prohibición a una postulación de Vizcarra Cornejo, el Ejecutivo no puede dividir en dos preguntas la consulta de referéndum.

“Aquí hay una proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 112 de la Constitución [referido a la reelección presidencial] y que establece una disposición transitoria especial [para adelantar al 2020 las elecciones generales]. Si va a referéndum la pregunta debe ser la siguiente: ¿Aprueba usted o no la reforma constitucional…?”, precisó.

Urviola recordó que la Constitución de 1993, que fue sometida a consulta popular durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, fue de una sola pregunta. “No fue por cada uno de los artículos, imagínese que se hubiese tenido que hacer más de 200 preguntas”, subrayó.
Una opinión similar tuvo Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, quien afirmó que es el Congreso el que tiene “el poder de la gradualidad del texto”.

“El congresista Sheput se está adelantado cuando dice que el Ejecutivo puede cambiar la pregunta, no estamos en el Ecuador de Rafael Correa, estamos en el Perú y aquí es diferente”, dijo.

Rospigliosi también indicó que en el último referéndum el Parlamento incorporó al proyecto de reforma constitucional para el retorno a la bicameralidad cambios en la cuestión de confianza. Añadió que en ese momento, pese a estar en contra de esta parte de la iniciativa, el gobierno no dividió en dos preguntas su consulta.

En diálogo con El Comercio, Sheput dijo que todavía no sabemos cómo terminará el debate. Agregó que ello implica que su declaración y la de los expertos consultados sean válidas hasta que no se sepa cómo quedará el proyecto definitivo.

Esta afirmación es falsa
El gobernador regional de Junín al igual que su partido Perú Libre deslizan que la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva que dictó el Poder Judicial en su contra se debe a una persecución política. Sin embargo, el Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín halló culpable al Cerrón por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso del saneamiento de La Oroya.

Cerrón también indica que la decisión judicial conspira contra la unidad de la izquierda en el Perú. No obstante, los partidos de esta tendencia aún no han formado una coalición. Esta se iba a someter análisis a fines de este año.

Incluso, la congresista Indira Huilca, quien es la nueva portavoz de Nuevo Perú (uno de los movimientos que está en conversaciones con Perú Libre), dijo que el gobernador regional de Junín “no puede alegar persecución política” frente a una sentencia. “No puedes decir ‘a mí evalúame con un criterio diferente al que se viene evaluando a otros que pueden ser mis adversarios’”, agregó RPP.

El gobierno de Uruguay, en diciembre del año pasado cuando le negó el asilo diplomático al expresidente Alan García, sostuvo que en el Perú los poderes del Estado funcionan de manera independiente.

Y, además, la justicia de España estableció que el exjuez supremo César Hinostroza no acreditó ser víctima de persecución en el Perú. Por ello, aprobó su extradición por dos delitos, aunque no por el de organización criminal.

Este Diario intentó comunicarse con Cerrón, pero este se encuentra en la clandestinidad desde el último lunes.

Esta afirmación es imprecisa
El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma indicó que la inmunidad es una prerrogativa que la Constitución le concede al Parlamento, no al congresista en términos personales.

“Él [César Villanueva] no puede despojarse de algo que no le pertenece, él no puede tomar una decisión a discrecionalidad, la inmunidad solo puede ser levantada por el Congreso a petición de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso penal”, manifestó en diálogo con El Comercio.

García Toma también refirió que la carta enviada por Villanueva al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, en la que informa que se allana a cualquier investigación “no tiene ningún valor”, porque aún no hay ninguna imputación en su contra.

El inciso 3 del artículo 16 del reglamento del Congreso establece que un congresista puede allanarse por escrito “con firma legalizada o fedateada” al pedido de levantamiento de inmunidad, pero es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria la que define si acepta o no el requerimiento.

El Comercio intentó comunicarse con el exprimer ministro Villanueva, pero este no respondió a nuestras llamadas.