Verdadero o falso: el ‘fact checking’ de las declaraciones políticas de la semana

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes de esta semana.

►Revisa aquí las ediciones anteriores de "La posverdad de la política"

Esta afirmación es falsa El congresista Carlos Bruce afirmó que existe un nivel de coordinación entre el gobierno y el equipo especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público, a raíz de la solicitud de prisión preventiva para el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), presentada por el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra; el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se pronunciaron en contra de esta medida.

Otro hecho de discrepancia entre el gobierno y el equipo especial del Caso Lava Jato de la fiscalía es el referido a la solicitud formulada por Odebrecht para que el Estado Peruano le reembolse S/524 millones de la venta de hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco). El grupo, liderado por el fiscal superior Rafael Vela, se ha pronunciado a favor de esta devolución, pero desde el Ejecutivo Vizcarra ha dicho que este dinero debe permanecer en las arcas públicas para garantizar el pago de futuras reparaciones civiles.

Además, recientemente se conoció que la fiscal Zoila Sueno, quien investiga a la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y a otras 12 personas por la adenda del contrato de Chinchero, ha encontrado elementos a partir de los cuales podría abrirse nuevamente una pesquisa al presidente Martín Vizcarra, quien fue ministro de Transportes y Comunicaciones cuando se firmó este instrumento.

Sueno le ha remitido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, un informe con esta información.

En comunicación con El Comercio, Bruce refirió que Vizcarra se pronunció en contra de la prisión preventiva de PPK después de 48 horas de la solicitud del Ministerio Público.

“Y en segundo lugar, en el tema de Chaglla lo que hubo fue un pronunciamiento populista del gobierno, que sabe que no es popular que le devuelva dinero a Odebrecht”, refirió.

Agregó que existen “coincidencias que dan a pensar que existe un nivel de coordinación” entre el Ejecutivo y el equipo especial Lava Jato.

Esta afirmación es verdadera En julio del 2018, el Congreso declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de la difusión de un conjunto de audios que reveló la existencia de una presunta organización criminal que operaba en el sistema de justicia. Esta ha sido denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Tras esta medida, el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional para crear la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano que tendrá la tarea de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. Esta propuesta fue aprobada en el Parlamento y respaldada en el referéndum de diciembre último.

No obstante, la institución no ha podido entrar en funciones, debido a que ninguno de los participantes del primer concurso para elegir a sus integrantes fue declarado apto.

Por ejemplo, de lo más de 100 postulantes al examen de conocimiento, que era la primera etapa, solo tres abogados aprobaron. Estos llegaron a la fase final, donde fueron descalificados.

Esta afirmación es falsa La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral de Estudiantes (EM), realizadas en octubre y noviembre del 2018, muestran retrocesos en los desempeños de los escolares. Por ejemplo, el segundo grado de primaria registró la mayor caída durante el año pasado. Los resultados revelaron que solo el 37,8% de alumnos entienden cabalmente lo que leen, mientras que el 14,7% de ellos resuelven con éxito operaciones matemáticas.

Ambas cifras representan los niveles más bajos observados en este nivel escolar de los últimos cuatro años, a lo que hace referencia Caccia en su tuit.

Sin embargo, la directora de FAM incurre en un error al afirmar que para el Ministerio de Educación “es prioritario” que los estudiantes aprendan sobre sexo anal, al recordar que en el texto escolar "Desarrollo personal, ciudadanía y cívica" (dirigido al tercer año de secundaria) tenía un link que dirigía a la página web “EcuRed: Enciclopedia cubana”, donde se abordaba ese tema.

En su momento, la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, dispuso que los profesores retiren la página o tachen con lapicero el referido link. Esta medida se hizo efectiva a través de un oficio que el Minedu envió a las unidades de gestión de educación local (UGEL).

El Minedu, además, no hace referencia al sexo anal en el Currículo Nacional de Educación Básica ni lo establece como parte del enfoque de género.

El Comercio se comunicó con Caccia, quien se excusó de dar declaraciones.

Esta afirmación es imprecisa García Belaunde indica que el Parlamento se “ha allanado ampliamente” a lo que el presidente Vizcarra propuso con la reforma política. Sin embargo, el Congreso realizó cambios a los proyectos. Por ejemplo, en la iniciativa de elecciones internas, abiertas y obligatorias incluyó una disposición transitoria para que los partidos inscritos antes de la promulgación de la norma puedan ir, en la práctica, con listas cerradas a este proceso en el 2021.

También mantuvo excepcionalmente el voto preferencial para las próximas elecciones generales, cuando el Ejecutivo proponía que este instrumento solo se utilice en las internas.

Respecto al proyecto sobre la inmunidad parlamentaria, el dictamen aprobado en el pleno el 25 de julio, a consideración del gobierno, no respetó el eje central del texto que ellos propusieron (esta iniciativa aún no se ha promulgado y requiere una segunda votación en el pleno).

Por ejemplo, el Ejecutivo planteó que la Corte Suprema de Justicia tenga la prerrogativa de levantar la inmunidad de los congresistas dentro de un plazo “improrrogable” de 30 días hábiles tras haber recibido la solicitud. Pero el Legislativo rechazó esa medida y mantuvo esta decisión en sus fueros.

En comunicación con El Comercio, García Belaunde dijo que la única modificación “importante” que el Parlamento hizo a los proyectos de la reforma política fue en la inmunidad.

“En el primer caso, que la ley entre en vigencia para los partidos que ya existen a partir de la siguiente elección [tras el 2021], esto suele sucede siempre, es el período de gracia que siempre se da en muchas cosas, es una modificación muy pequeña. La otra sí es más importante, la de la inmunidad”, remarcó.

Esta afirmación es falsa El congresista Lescano elaboró un cuadro en el que afirma que en el 2017 el Estado retornó S/6.144 millones a las empresas mineras en el Perú.

Sin embargo, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, le explicó en Twitter al parlamentario acciopopulista que las devoluciones a las mineras “son básicamente IGV”.

“Sin eso, devoluciones, no cuestan más. Se devuelve porque ninguna exportación paga IGV. Impuestos no se exportan”, indicó.

El economista también precisó que el Impuesto a la Renta, las regalías y el impuesto especial a la minería (IEM) “no se devuelven”. “Y suman incluso más de lo que pone usted ahí [en el cuadro]”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Lescano reconoció que las exportaciones no pagan IGV, pero reiteró que no se les puede devolver a las mineras más de lo que pagan. “Eso es un despropósito, nos dejan sin nuestros recursos naturales, no creo que deba haber recaudación negativa, porque estaríamos subvencionando a las empresas mineras”, acotó.

Esta afirmación es imprecisa Si bien el Estado Peruano no transfirió recursos a Kuntur Wasi, como refiere el presidente Vizcarra, la firma y posterior nulidad de la adenda sí favoreció al consorcio en término económicos.

De acuerdo con la disposición N°62 dictada por la fiscal Sueno, mediante la cual formalizó investigación preparatoria a Fiorella Molinelli y otros, esta acción “ocasionó un obligación” por parte del Estado Peruano, en el sentido de que tendrá que pagar US$8.6 millones a favor del consorcio Kuntur Wasi.

Sueno explicó, en el documento al que El Comercio tuvo acceso, que el Estado, antes de firmar la adenda, “estuvo en la posibilidad de dejar sin efecto el contrato de concesión original por incumplimiento de la concesionaria de cumplir con el cierre financiero”. En ese escenario, el Estado hubiera podido cobrar US$8,6 millones a Kuntur Wasi como penalidad.

“Eso [la nulidad] es lo que termina por consolidar la presunción de un delito de colusión agravada, porque antes de la adenda quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el consorcio, por lo tanto el Estado tenía la posibilidad de demandar el incumplimiento de ese contrato. Cuando se saca adelante la adenda frente a los cuestionamientos severos, el Estado tuvo que anular la adenda y anular la adenda le generó derechos al consorcio Kuntur para demandar al Estado Peruano por US$8 millones”, refirió el procurador anticorrupción Amado Enco en el programa “2019” de Canal N.